El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó a trece represores por crímenes de lesa humanidad cometidos contra alrededor de 300 víctimas en tres centros clandestinos de detención que operaron durante la última dictadura en la ciudad. Once de los acusados recibieron prisión perpetua, uno fue sentenciado a 25 años y otro a 18.
El veredicto fue leído en una sala colmada de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. El juicio, conocido como “1 y 60” por la ubicación de uno de sus centros clandestinos, tuvo una particularidad que lo distingue de los anteriores: por primera vez el foco estuvo puesto en el rol que jugó en los secuestros, las torturas y los asesinatos el Regimiento de Infantería 7, que estuvo a cargo de Roque Presti, padre del actual ministro de Defensa, Carlos Presti, durante los primeros meses de la última dictadura.
Roque Carlos Alberto Presti fue imputado por delitos de lesa humanidad por ser el responsable de ese regimiento entre 1975 y 1977, que tenía a cargo los centros clandestinos de detención La Cacha, Arana y la Comisaría 5ta.
Fue procesado hacia fines de los años ’80, pero no llegó a juicio oral porque quedó amparado por la Ley de Obediencia Debida y falleció en los ’90, antes de la reapertura de las causas. Nunca fue condenado.
La sentencia muestra la estructura represiva que operó en el Área 113, que abarcaba La Plata y partidos aledaños. El tribunal declaró en el primer punto del veredicto que los hechos juzgados resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre 1976 y 1983.
Villarruel, el libro y el represor
Entre los condenados a prisión perpetua figura Jorge Alberto Crinigan, exoficial de inteligencia del Regimiento 7. Crinigan es el compilador de un libro llamado «La nación dividida: Argentina después de la violencia de los ’70», en cuyas páginas Victoria Villarruel publicó un artículo. La obra apela al negacionismo y arremete contra las Abuelas de Plaza de Mayo.
Entre los condenados a perpetua figura también Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. El exministro representa el brazo civil del terrorismo de Estado, un aspecto que la justicia fue incorporando de manera creciente en los últimos años.
Sin embargo, el fallo tiene una sombra que las organizaciones querellantes no tardaron en señalar. De los 13 condenados, 11 se encuentran gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. Solo Castillo y Di Pascuale permanecen en cárcel común. Desde la querella de Justicia Ya! La Plata denunciaron ese privilegio en reiteradas instancias, sin respuesta favorable.
La condena se suma a las 357 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios en 2006 y eleva a más de 1.200 el número de condenados por crímenes de lesa humanidad. La 27° sentencia en la jurisdicción platense llega en un contexto político en el que el gobierno nacional relativiza el pasado reciente.
