La localidad santafesina de Pueblo Irigoyen se encuentra convulsionada por la llegada de un hombre de 39 años que trabajaba como portero en la escuela República de Colombia de Fray Luis Beltrán. Fue excarcelado recientemente bajo medidas alternativas en el marco de una causa penal que lo investiga por corrupción de menores agravada. Ante el repudio generalizado de los vecinos, que empapelaron las calles con su fotografía y le niegan el ingreso a los comercios, la presidenta comunal Natalia Samaniego aclaró este lunes en diálogo con Radiópolis (Radio 2) que desde el Ejecutivo local no tienen jurisdicción para echarlo.
El imputado había sido detenido en noviembre del año pasado tras ser denunciado por realizar comentarios fuera de lugar y exhibir material de contenido íntimo a alumnos de sexto y séptimo grado del establecimiento educativo donde se desempeñaba. Luego de vencer su período de prisión preventiva, la Justicia dictó una serie de normas de conducta, entre las que se destaca la prohibición absoluta de acercarse o residir en Fray Luis Beltrán.
Según precisó Samaniego, el hombre fijó domicilio en Irigoyen debido a lazos familiares. “Está en pareja con una chica cuya familia tiene vivienda acá en la localidad desde hace muchos años”, explicó la funcionaria, y agregó que durante el proceso de investigación se enteraron de que el acusado también compró un inmueble propio en la comuna durante 2015.
El repudio vecinal y los límites legales
La presencia del ex portero alteró por completo la tranquilidad del pueblo, que cuenta con apenas mil habitantes. “Es un caos, porque bueno, la realidad que nos alarma a todos”, confesó la funcionaria. Sin embargo, enfatizó que no cuenta con herramientas jurídicas para intervenir en una decisión judicial frente a los grupos de WhatsApp que organizan marchas para exigir su partida: “Yo como presidenta comunal soy poder Ejecutivo, no tengo la potestad en decir saco a esta persona de la localidad por la causa que tiene”.
En ese sentido, detalló que los propios habitantes tomaron medidas de rechazo por su cuenta tras enterarse de la noticia por conocidos de Fray Luis Beltrán. “Algunos negocios no le tienen permitida la entrada a este hombre a comprar, han empapelado el pueblo con su cara”, relató. Incluso, Samaniego contó que se cruzó con él en la sede de la administración local cuando el sujeto asistió a realizar un trámite impositivo: “Le dije que me había traído un problema grave a la localidad, y él me dice «sí». No tuve más respuesta, pagó la tasa comunal y se fue”.
Cuestionamientos sociales
La jefa comunal lamentó profundamente que muchos pobladores la responsabilicen de manera directa por el arribo del imputado. “Me hacen responsable de que esta persona haya venido a la localidad y yo no soy responsable ni de los actos de esta persona ni de que viva en la localidad”, sostuvo con evidente malestar. Además, recordó casos pasados que ocurrieron dentro de la propia jurisdicción donde los condenados hoy transitan libremente y forman parte de las instituciones. Ante esa doble vara, cuestionó duramente a la comunidad: “¿Y qué pasó antes con los vecinos? Nadie se preocupó por esas menores de edad”.
Para intentar llevar tranquilidad y aplacar los ánimos sociales, la funcionaria señaló que realizan controles periódicos junto a la jefa de la comisaría local para verificar los movimientos del hombre, quien reside en una vivienda alejada, al límite con la zona rural. Aunque reconoció que esta tarea excede sus competencias naturales, admitió que a veces debe salir con la camioneta comunal para constatar su presencia.
“Lamentablemente nos toca la situación en que termina una siendo de policía, de enfermera, de arquitecta y cumpliendo funciones que no deberían cumplir, como en este caso, que no soy ni juez ni fiscal para determinar si esta persona puede o no vivir en la localidad”, concluyó.
