Después de reiteradas presentaciones, la diputada provincial Alicia Gutiérrez obtuvo el tratamiento y media sanción en la cámara alta de su proyecto para ordenar el funcionamiento de agencias de seguridad privada así como también de las personas que se desempeñan en sus órbitas. Según trascendió, existen en Santa Fe unas 200 que reunen unos 8 mil trabajadores, muchos de ellos, manipulan armas de fuego.

Ayer la cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la iniciativa de la legisladora del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) que apunta a cubrir el vacío legal que existe respecto a las empresas y personas que brindan este servicio. Según explicó en un comunicado “la normativa determina las condiciones y requerimientos que deben cumplir dichas agencias para que puedan ser habilitadas y registradas, como así también el modo en que deben ser fiscalizadas y, eventualmente, sancionadas por la autoridad competente”.

Diariamente miles trabajadores de agencias de seguridad resguardan bancos, clubes, edificios públicos y privados y cumplen funciones en espectáculos públicos masivos.

Entre las reglamentaciones que establece, se encuentra “que ninguna agencia de seguridad puede contratar a policías en actividad, por ejemplo, ni a miembros de las fuerzas armadas. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. Como así también dispone una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal”, indicó la legisladora.

El proyecto estipula, además, que estas actividades deberán ser “complementarias a las que realiza el Estado Provincial y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública”.

En julio del 2015, el gobierno de Santa Fe reglamentó la ley provincial que adhiere a la ley nacional 26.370 que regula el trabajo del personal de seguridad de locales nocturnos, eventos y espectáculos públicos, conocido vulgarmente como “patovica”. La misma contempla, entre otras cosas, la creación de un registro único público donde figuren todas las personas habilitadas para llevar adelante esta actividad como así también las que han sido sancionadas. “Es muy importante trabajar en forma coordinada con Nación en el sentido de compartir información al respecto”, expresó la diputada Gutiérrez.

Pero a pesar de esta normativa y de algunas resoluciones ministeriales, es necesario contar con una legislación específica que regule la prestación privada de servicios de vigilancia, investigación, custodia y seguridad de personas y bienes dentro del territorio santafesino.

“Es urgente contar con una herramienta legal permita controlar y, si es necesario, implementar sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos trabajadores y empresas deben controlar a los santafesinos y colaborar en el mantenimiento del orden y la paz social”, reclamó Gutiérrez. De esta manera, se apunta a garantizar la integridad, eficiencia y capacidad de los trabajadores que se desempeñan en estas tareas a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios, como así también a “prevenir que las empresas sean integradas por personas inescrupulosas o exoneradas de las distintas fuerzas de seguridad”, concluyó.