Este jueves a la mañana comenzaron las audiencias públicas en el marco de la causa denominada “Guerrieri III” en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, ubicado en bulevar Oroño 940. La “Causa Guerrieri III” investiga delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención “La Calamita”, “Quinta de Funes”, “La Intermedia” y “Escuela Osvaldo Magnasco” de Rosario.
La causa incluye diez acusados, entre militares retirados y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI).
El expediente, que ahora llega a juicio oral, investigó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos contra 47 víctimas del terrorismo de Estado.
“La Calamita”, “Quinta de Funes”, “La Intermedia” y “Escuela Osvaldo Magnasco” son cuatro de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo que estuvo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado en aquellos años por el coronel Pascual Oscar Guerrieri, y que también incluyó la Fábrica Militar “Domingo Matheu”.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia destacaron la importancia de que “se siga haciendo justicia ante atrocidades cometidas en la última dictadura y la apertura de este juicio es un paso más en ese camino”.
Entre los testigos, se encuentra el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ramón Verón, quien brinda por tercera vez su testimonio como víctima del terrorismo de Estado en el marco de esta causa que comenzó, en su primera etapa, en agosto de 2009.
Además de Guerrieri, se cuenta entre los acusados a Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Walter Salvador Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
El tribunal está integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Guadalupe Vella y Luciano Lauría. Actúa como secretario Osvaldo Alberto Facciano.
El gobierno provincial destacó que en la provincia de Santa Fe se pusieron en marcha causas emblemáticas y se implementaron “políticas públicas destinadas a tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia”.
“A través del área Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno provincial asume un firme compromiso con la implementación de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática, sin exclusiones y con lugar para todos y todas”, indicó el comunicado.
Por otra parte, se mencionó que el área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad “colabora con las víctimas, familiares, testigos, abogados querellantes, fiscales y jueces. Además, trabaja en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y en la localización de Centros Clandestinos de Detención”.
Finalmente, se detalló que con la implementación del programa de Protección de Testigos y Querellantes, “el Estado asume el compromiso de proteger a sus ciudadanos y particularmente a aquellos cuyos aportes revisten fundamental importancia para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos”.
