La Oficina Anticorrupción pedirá este lunes a la Justicia que la productora Pensado para Televisión (PPT) devuelva 88 millones de pesos a la Televisión Pública. Desde el organismo oficial indicaron que se trató del "desvío ilegal de fondos" hacia la productora por publicidad oficial de la Ansés en el programa 6,7,8.

De acuerdo a la información publicada por el diario Clarín, cuando la Ansés estaba a cargo de Diego Bossio, actualmente diputado nacional, pagó 176 millones de pesos en Publicidad No Tradicional (PNT) al programa de la TV Pública entre los años 2010 y 2015. De ese monto, 88 millones fueron desviados irregularmente a la productora PPT.

La denuncia plantea que la Ansés pagó a la TV Pública 176.502.339 pesos en Publicidad No Tradicional, entre marzo de 2010 y diciembre de 2015. La OA constató que la productora cobró la mitad de ese dinero, en forma irregular, es decir, 88.251.170 pesos. Ese dinero se giró de "manera indebida, por fuera del contrato, sin ninguna justificación y en detrimento de RTA (Radio y Televisión Argentina) y, como contrapartida, le generó un lucro ilegítimo a PPT", señala el texto.

La Oficina Anticorrupción, que está a cargo de Laura Alonso, reclamó una medida cautelar que inmovilice los bienes de la productora que pasó a manos de Cristóbal López, ya que antes estaba dirigida por Diego Gvirtz. También pidió embargos sobre las empresas de los anteriores propietarios de PPT.

La primera denuncia la hizo Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien presentó un informe el año pasado ante la Oficina Anticorrupción (OA). El funcionario detectó la irregular transferencia de 15 millones de pesos de la Ansés a la productora de 6,7,8, durante 2015, según contó Alonso este domingo en el programa La Cornisa. La OA hizo la investigación, consiguió la normativa vigente para la contratación de publicidad oficial y todos los contratos de la productora, Télam, Ansés y la TV Pública. 

El delito que se habría cometido desde la Televisión Pública es el de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. En tanto, desde la Ansés la acción podría encuadrarse “en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.