Los caminos de la Justicia y la política se entrelazan por estos días como pocas veces. Tal vez –o no–, un paso más allá del ideal de la independencia real de poderes. El proceso de destitución del defensor provincial Gabriel Ganon y sus entredichos con el senador Lisandro Enrico, la megacausa por lavado y fraude de Rosario, el cortocircuito alrededor del Ministrio Público de la Acusación de Rufino (MPA) y la apertura de concursos para puestos claves como los de jefes de fiscales mantienen en alza la atención de funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial.

El cimbronazo que produjo en el oficialismo santafesino la representación de los ex ministros Héctor Superti y Juan Lewis a tres imputados en la megacausa alrededor de operaciones de fraude inmobiliario implicó en ambos su salida como asesores en la Cámara de Diputados. Superti fue más allá y renunció a la defensa del contador Jorge Oneto después de apelar la prisión preventiva dictada por la jueza Mónica Lamperti, por lo que no estará este viernes en la audiencia en la que los fiscales del MPA pedirán la prórroga de la medida cautelar. Antes, se tratará ni más ni menos que la constitución del Estado provincial como querellante, algo que anunció el propio gobernador Miguel Lifschitz.

Con menor perfil y notoriedad, pero no por ello menos alejada de la agenda oficial, está la denuncia de parte del Fiscal Regional de la 3era Circunscripción, Alejandro Sinópoli, sobre el titular de la Fiscalía de Rufino, Mauricio Clavero. Clavero hizo lo que pocos se animan (o no es habitual entre colegas): llamó a conferencia de prensa para decir que un juez federal de Rosario –Marcelo Bailaque– no avanzó en actuaciones que le envió sobre narcotráfico. 

Casualidad o no, Clavero apuntó contra el mismo juez que el discurso oficial del Ministerio de Seguridad en "Periodismo Para Todos", el programa de Jorge Lanata. Y, casualidad o no, contra él contraatacó con una investigación penal preparatoria un superior como Sinópoli, de extracción peronista, ex funcionario de Carlos Reutemann. 

El primero, también vinculado en otros tiempos a la política partidaria, buscó apoyo en el Frente y lo encontró en el legislador Lisandro Enrico. 

"A fiscales como él hay que cuidarlos y protegerlos ya que hacen lo que la sociedad le está reclamando", dijo el senador. ¿Habrá ido Sinópoli al rescate de un magistrado de estrecha relación con el kircherismo? En los Tribunales federales cuentan que ese vínculo con los K fue forjado en los años de Bailaque como juez en Caleta Olivia, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Quizás, a esa conjetura periodística, haya que desestimarla con una versión menos taquillera: Sinópoli actuó convencido, ajustado a herramientas legales y punto. "Que yo sepa, ni se conocen", respondió un funcionario que frecuenta a los dos.

En pocas palabras, no menos de Frente Progresista vs. kirchnerismo tiene el proceso de destitución que afronta el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganon. Éste último la personalizó en una disputa con el senador Enrico, convertido en el último tiempo en impulsor de los intereses oficiales en la Legislatura. Fue por los "superpoderes" de los fiscales, y el jueves, en plena sesión, pidió saber "si el fiscal regional Sinópoli cajoneó denuncias sobre narcotráfico".

Por su parte, al respaldo de Ganon fue el concejal del Movimiento Evita Eduardo Toniolli. "Acompañamos a @GabiGanon a la Legislatura. La audiencia no fue pública. Pará la mano @MiguelLifschitz, frená esta payasada", se explayó en Twitter. A Ganon le quedan pocos meses de mandato, pero parece que la ofensiva oficialista para removerlo pretende su cometido aunque sea a horas de su salida formal. Y allí viene la madre de todas las batallas: los altos cargos en pugna por los que se abrieron los concursos.

Los jefes de los fiscales

Ni el de fiscal general ni el de los fiscales regionales del Ministerio Público Público de la Acusación son cargos estrictamente políticos. Más bien, remiten a la carrera judicial o a la formación académica. Pero sería poco menos que ingenuo creer que para ocupar aquéllos espacios no hay que sortear intereses de por medio. Y cuanta más relación con el oficialismo, mejor. Un fiscal en funciones con aspiraciones para ascender hizo una definición más simple: "Hay que tener cintura".

El concurso para fiscal general, el de jefe de todos los funcionarios del MPA en la provincia, abrió el 2 de noviembre y cierra el próximo 16. El titular de la segunda Circunscripción (Rosario), Jorge Baclini, será sin dudas uno de los postulantes para suceder a Julio de Olazábal. Tendrá, como competidor seguro, al jefe del nodo Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli. Y por estas horas evalúa su postulación ni más ni menos que Gabriel Ganon. "Es posible", respondió a la consulta periodística. En una y otra cuestión, los nombres se repiten.

Aunque el "run run" de Tribunales lo ubicaba como candidato, el que descartó presentarse es el actual procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre.

El cuerpo evaluador estará integrado por Miguel Molinari y Gustavo Salvador (titular y suplente, respectivamente) por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; Gabriel Anitua por los Estamentos Académicos; y Oscar Romera y Araceli Díaz por los Colegios de Abogados. De color: Romera sucedió a Superti en la representación de un implicado en la megacausa de Rosario.

Para Rosario

No menos "cintura" con el poder político necesita el jefe de los fiscales de la segunda Circunscripción. Ello no quiere decir que los postulantes sean militantes, pero sí que su función requerirá de diálogo. O no: Ganon en su cargo no lo tuvo y rompió con el oficialismo antes de asumir. Quizás, lo más preciso es comprender que ni el procurador del sistema conclusional ni el fiscal regional podrían estar aislados de la politica de persecucion penal oficial. Participan de las etapas de diseño y de la rendición de cuentas.

A no equivocarse: es un cargo de prestigio. Y quienes ya confirmaron que concursarán son los jefes de las distintas unidades, como el de Delitos Sexuales, Matías Ocariz; el de Investigación y Juicio N°1, Fernando Dalmau; el de Flagrancia, Patricio Serjal; y el de Homicidios, Adrián Spelta; lo mismo que su segundo, Miguel Moreno. Lo propio sucederá con el de la UFE en Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja, cuyo bajo perfil habitual se vio alterado por la puja judicial, política y de poder que desató la llamada "megacausa".

Por su parte, Carlos Covani, quien pasó este año del viejo Ministerio Público Fiscal a Investigación y Juicio del MPA, también indicó que concursará. Sabe lo que es ir contra la corriente: investiga a policías por enriquecimiento ilícito, denunció penalmente a una jueza de Instrucción y envió a juicio a más una decena de ex dirigentes de Newell's por administración fraudulenta, entre ellos al ex presidente Eduardo López.

Entre versiones, no son pocos los que aseguran que un grupo ve con buenos ojos la postulación del fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra, pero él lo desestimó. En tanto, uno que se inclinó por "otro momento" a pesar de las voces que cosecha a favor es el jefe Unidad de Investigación y Juicio N°2, Nicolás Foppiani.

Javier Beltramone, que este lunes juró como juez de la Cámara Penal, adjudicó sólo a "rumores" la versión anterior a su asunción de que podría presentarse. Eso sí: no sería difícil creer en que podría respaldar la postulación de su ex secretario Miguel Moreno. Juntos, instruyeron la causa que llevará a juicio oral a un jefe de barra (Diego Ochoa) como autor intelectual del crimen de su antecesor (Pimpi Caminos). 

Lo que es una incógnita es si concursará o no la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas. La magistrada no confirmó ni desestimó esa posibilidad. Lo cierto es que dentro del sistema conclusional tomó recientes decisiones de trascendencia en investigaciones a grupos organizados y hasta en casos de violencia de género, tan en boga en estos tiempos. Y es un nombre que siempre surge, inclusive para la Justicia federal.

Ministerio Público de la Defensa

El Ministerio Público de la Defensa también renueva autoridades. A punto de cumplirse el mandato de Gabriel Ganon y Gustavo Franceschetti, el segundo se postulará para renovar su cargo a nivel regional en Rosario.

En ese sentido, quien por estas horas evaluaba si formalizar o no su postulación es el abogado penalista Paul Krupnik. 

En tanto, y a pesar de que en los pasillos de Balcarce y Pellegrini surgieron sus nombres, los defensores públicos Andrea Corvalán y Mariano Bufarini descartaron la opción de presentarse. 

Poco trascendió respecto de los probables candidatos para el cargo a nivel provincial, aunque varios mencionan para ello a la jueza santafesina Jaquelina Balangione. Esa versión no pudo ser confirmada. Es más, un alto funcionario consideró hoy "poco probable" que ello suceda.

Para auditor fiscal

El concurso cuyo tiempo para postularse ya expiró es el de auditor general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, un cargo que aún nadie ejerció (por cuestiones ajenas a los postulantes). Ni la jueza Raquel Cosgaya ni el fallecido fiscal del MPF Esteban Franicevich, a pesar de haber ganado, fueron nombrados por el Ejecutivo.

Ahora se inscribieron María Cecilia Vranicich, una abogada que trabajó varios años en el estudio del ex ministro Héctor Superti y que ocupó los cargos de secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales.

También funcionarios de estricta carrera judicial como Carlos Covani (Investigación y Juicio) y Nora Marull (Delitos Sexuales), la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren y el juez de primera instancia Juan Carlos Vienna.

Lo mismo para el ex secretario de Seguridad Pública de Raúl Lamberto, Matías Drivet; y el fiscal de Venado Tuerto Eduardo Hugo Lago, funcionario durante el segundo mandato Carlos Reutemann en la provincia. Integran también la nómina los abogados Néstor Baldacci, Marcelo Martorano, Silvia Martinet y Pedro Sánchez Izquierdo, secrretario general de la Universidad Nacional del Litoral y afín al sector del radicalismo más apegado a José Corral. 

Para 2017

A todos los nombres podrían sumarse, lógicamente, distintos abogados que actualmente se desempeñan de manera particular. Mientras tanto, los concursantes pasarán por las distintas etapas: Comité Evaluador, Asamblea legislativa y, por último, nombramiento del Poder Ejecutivo. Los ganadores asumirán en abril 2017 y ejercerán por un lapso de seis años.