La Cámara de Droguerías e Insumos Medicinales (Cadim) denunció que el Ministerio de Salud de la provincia no paga. No es la primera vez que la entidad realiza un reclamo de este tenor, pero esta vez sostiene que –pese a insistentes comunicaciones y quejas– no han recibido respuesta por lo que evalúan medidas a tomar.

"Cadim ha denunciado previamente en varias ocasiones que ciertos efectores provinciales dependientes de Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe acarreaban serios problemas de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus proveedores", planteó la entidad en un comunicado distribuido a la prensa. Según las autoridades de la cámara, pese a "haber cursado innumerables comunicaciones y solicitudes tanto a los consejos de administración de dichos hospitales como a las autoridades provinciales responsables del area", no obtuvieron respuesta.

"Nada ha cambiado al día de la fecha, persistiendo los mismos problemas de insuficiencia de las partidas presupuestarias asignadas para el funcionamiento de los hospitales públicos, deficiente gestión de los efectores de salud, y falta de control respecto de la gestión de éstos por parte del Ministerio de Salud", enumeraron.

"Tampoco se han arbitrado las medidas necesarias a los fines de otorgar igual tratamiento a efectos de su cancelación a las deudas de los efectores provenientes de licitaciones públicas, concursos de precios y ventas directas de insumos, con el agravante de que estas últimas no se encuentran incluidas en la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso", detallaron.

Cadim desconfía del argumento que esgrimen desde el Ministerio de Salud, que derivan el problema a cada hospital. "Se intenta deslindar su responsabilidad aduciendo que las instituciones citadas se encuentran bajo la descentralización administrativa (leyes provinciales 6.312 y 10.608), y por ello deben éstas en forma exclusiva responder por las obligaciones que contraigan", sostienen. Pero desde la cámara entienden que esto "de ninguna manera significa que el ministerio se puede desentender de una de sus obligaciones fundamentales como lo es velar por el normal funcionamiento del sistema sanitario provincial y garantizar la eficaz prestación de la atención medico–asistencial total y gratuita".