Levantan el secreto fiscal y bancario de Moyano

La medida judicial alcanza al líder de Camioneros y su hijo Pablo, entre otros familiares directos. Son investigados por presunto lavado de dinero

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El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, entre otros familiares directos.

La medida se da en el marco de una causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero, según dejaron trascender este miércoles fuentes judiciales.

Dicha disposición había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo confirmaron a Télam fuentes del caso.

El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

"La investigación se encuentra en un estado incipiente. El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia", explicaron fuentes judiciales.

El expediente se originó en una denuncia en la que se señaló que Moyano habría adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.

La denuncia la formuló un funcionario del municipio de Vicente López a partir de la recepción de un mensaje anónimo en el que se daba cuenta del supuesto delito, informaron fuentes con acceso al expediente.

En la investigación se buscará determinar si el presidente del club Independiente adquirió las dos propiedades a través de dos empresas, a nombre de sus hijastros, que habrían sobrefacturado servicios al gremio de Camioneros.

Las empresas investigadas son Ancora Construcciones; Iarai, que le presta servicios vinculados con la salud a la obra social de Camioneros, y Dixey, que fabrica ropa de trabajo y brinda servicios de consultoría.

Además, esta disposición judicial contra Moyano llega en medio de la organización de una marcha contra el gobierno nacional encabezada por el líder de Camioneros, organizaciones amigas y aliados circunstanciales -ambas CTA, movimientos piqueteros y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT)- para el próximo 21 de febrero.

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