Se trata de uno de los servicios con mayor cantidad de quejas por parte de los usuarios, por lo que no resulta ilógico que aparezcan inquietudes para regular su accionar. Las empresas de telefonía celular están siempre en la mira y ahora podrían tener que modificar algunos aspectos de su relación con el cliente si prospera una idea planteada en la Cámara de Diputados.
La legisladora nacional Blanca Osuna presentó un proyecto de ley para establecer una normativa que proteja al consumidor de telefonía móvil, que impedirá a las operadoras establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato, entre otras cuestiones.
Otra de las limitaciones que impondrá a las empresas es el redondeo de segundos a minutos exactos para el cobro de las llamadas.
"El crecimiento del mercado de la telefonía celular ha sido, sin duda, significativo en los últimos tiempos, pero a la vez ha provocado una total desproporción en relación a la garantía de cumplimiento de los derechos de los usuarios", expresó en un comunicado la legisladora del Frente para la Victoria por Entre Ríos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".
El proyecto propone "incorporar la atención en la calidad del servicio de los usuarios en general y considerando a su vez a aquellos que requieren el uso de este servicio por residir en zonas donde la telefonía fija no desarrolló radio de servicios y en consecuencia la móvil se constituye en la única alternativa de comunicación directa".
Según la legisladora, el 70 por ciento de los usuarios de telefonía móvil por diferentes razones no tienen telefonía fija, pero las operadoras "están orientando actualmente la mejora de su facturación a la oferta de servicios para el rango de usuarios de mayor poder adquisitivo y promoviendo la renovación de equipos con más de tecnología incorporada".
El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el pasado 29 de marzo, fue girado a las comisiones de Comunicaciones y Defensa del Consumidor.
La legisladora nacional Blanca Osuna presentó un proyecto de ley para establecer una normativa que proteja al consumidor de telefonía móvil, que impedirá a las operadoras establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato, entre otras cuestiones.
Otra de las limitaciones que impondrá a las empresas es el redondeo de segundos a minutos exactos para el cobro de las llamadas.
"El crecimiento del mercado de la telefonía celular ha sido, sin duda, significativo en los últimos tiempos, pero a la vez ha provocado una total desproporción en relación a la garantía de cumplimiento de los derechos de los usuarios", expresó en un comunicado la legisladora del Frente para la Victoria por Entre Ríos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".
El proyecto propone "incorporar la atención en la calidad del servicio de los usuarios en general y considerando a su vez a aquellos que requieren el uso de este servicio por residir en zonas donde la telefonía fija no desarrolló radio de servicios y en consecuencia la móvil se constituye en la única alternativa de comunicación directa".
Según la legisladora, el 70 por ciento de los usuarios de telefonía móvil por diferentes razones no tienen telefonía fija, pero las operadoras "están orientando actualmente la mejora de su facturación a la oferta de servicios para el rango de usuarios de mayor poder adquisitivo y promoviendo la renovación de equipos con más de tecnología incorporada".
El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el pasado 29 de marzo, fue girado a las comisiones de Comunicaciones y Defensa del Consumidor.
