El juez federal Norberto Oyarbide citaría a declarar en las próximas semanas a Isabel Perón en la causa que investiga los crímenes cometidos por la Triple A.
En diálogo con Clarín, el juez prefirió no adelantar su decisión, pero reconoció que existen indicios de la elaboración, en la Casa de Gobierno y en reuniones de Gabinete, de las listas de personas a ser asesinadas por la organización liderada por José López Rega.
Consultado sobre la posibilidad de que las futuras víctimas de la Triple A se elaboraban en reuniones de gabinete que contaban con su presencia, su declaración fue: “hay alguna declaración testimonial que estaría mencionando esa posibilidad”.
Oyarbide dijo además, que estudia una enorme cantidad de documentos, decretos y resoluciones, firmadas por la ex presidenta entre julio de 1974 y marzo de 1976 que revelarían que la viuda de Perón sabía del accionar de la banda terrorista y su dependencia de José López Rega, a quien conocía desde 1966.
Oyarbide también admitió que en la causa existen indicios de la elaboración, en la Casa de Gobierno y en reuniones de gabinete, de las listas de personas a ser asesinadas por la Triple A.
La voluminosa causa de la Triple A atravesó ya treinta y un años de vida social y política, también judicial, de la Argentina. "Lo que encontramos —dijo Oyarbide— es el accionar delictivo de un grupo considerable de personas, de distintas procedencias, con López Rega a la cabeza y con conexión directa con el Ministerio del Interior, por la participación de policías que hubo en ese grupo. También brindaron su aporte distintas personas de la SIDE y hasta delincuentes comunes, que también los hubo."
Hasta ahora están detenidos tres de los jefes de la Triple A: Rodolfo Eduardo Almirón, en Madrid; Juan Ramón Morales, en su casa porque tiene 88 años, y Miguel Angel Rovira, también en su casa porque cumplió 70 años ocho días antes de entregarse. Todos ex policías. "Todos ellos tuvieron destacada actuación en la Triple A y destacada proximidad con López Rega. Tenemos claramente definidos a los organizadores, los roles precisos; por ejemplo, quiénes compraban las armas. Dar nombres ahora es prematuro."
Oyarbide firmó un fallo que, por primera vez, califica como crímenes de lesa humanidad a los cometidos antes de la dictadura militar por personas vinculadas a un gobierno constitucional. "Se trató de homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, desaparición forzada de personas cometidos por quienes pretendieron hacerlo con la impunidad que les daba pertenecer al Estado: eran funcionarios, usaban el dinero del Estado argentino para sus objetivos e incluso usaban las reparticiones del Estado para cobijarse."
En diálogo con Clarín, el juez prefirió no adelantar su decisión, pero reconoció que existen indicios de la elaboración, en la Casa de Gobierno y en reuniones de Gabinete, de las listas de personas a ser asesinadas por la organización liderada por José López Rega.
Consultado sobre la posibilidad de que las futuras víctimas de la Triple A se elaboraban en reuniones de gabinete que contaban con su presencia, su declaración fue: “hay alguna declaración testimonial que estaría mencionando esa posibilidad”.
Oyarbide dijo además, que estudia una enorme cantidad de documentos, decretos y resoluciones, firmadas por la ex presidenta entre julio de 1974 y marzo de 1976 que revelarían que la viuda de Perón sabía del accionar de la banda terrorista y su dependencia de José López Rega, a quien conocía desde 1966.
Oyarbide también admitió que en la causa existen indicios de la elaboración, en la Casa de Gobierno y en reuniones de gabinete, de las listas de personas a ser asesinadas por la Triple A.
La voluminosa causa de la Triple A atravesó ya treinta y un años de vida social y política, también judicial, de la Argentina. "Lo que encontramos —dijo Oyarbide— es el accionar delictivo de un grupo considerable de personas, de distintas procedencias, con López Rega a la cabeza y con conexión directa con el Ministerio del Interior, por la participación de policías que hubo en ese grupo. También brindaron su aporte distintas personas de la SIDE y hasta delincuentes comunes, que también los hubo."
Hasta ahora están detenidos tres de los jefes de la Triple A: Rodolfo Eduardo Almirón, en Madrid; Juan Ramón Morales, en su casa porque tiene 88 años, y Miguel Angel Rovira, también en su casa porque cumplió 70 años ocho días antes de entregarse. Todos ex policías. "Todos ellos tuvieron destacada actuación en la Triple A y destacada proximidad con López Rega. Tenemos claramente definidos a los organizadores, los roles precisos; por ejemplo, quiénes compraban las armas. Dar nombres ahora es prematuro."
Oyarbide firmó un fallo que, por primera vez, califica como crímenes de lesa humanidad a los cometidos antes de la dictadura militar por personas vinculadas a un gobierno constitucional. "Se trató de homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, desaparición forzada de personas cometidos por quienes pretendieron hacerlo con la impunidad que les daba pertenecer al Estado: eran funcionarios, usaban el dinero del Estado argentino para sus objetivos e incluso usaban las reparticiones del Estado para cobijarse."
