La Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva del ex dictador
Jorge Rafael Videla en la causa en la que se investiga el denominado Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas para la persecución de políticos opositores.
Mediante una resolución conocida esta mañana, los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani –Eduardo Freiler está excusado por haber intervenido como fiscal– afirmaron que, en caso de ser liberado, Videla podría entorpecer la investigación mediante la destrucción de pruebas.
Los magistrados coincidieron con el juez Guillermo Montenegro en cuanto a que Videla, "al haber resultado máxima autoridad de la dictadura militar", tendría que saber "el destino de los desaparecidos, si existen documentos o registros y el lugar donde se encuentran".
Por ese motivo, afirman, "en caso de recuperar su libertad tales documentos podrían ser destruidos", al igual que los que estén "en nuestro país o en el extranjero" ya que, por su función, el ex dictador "debería conocer otros integrantes de la asociación ilícita que se investiga" y que podrían encargarse de hacer desaparecer esas pruebas.
En una medida tomada el 24 de agosto último y plasmada en tres carillas –a las que Télam tuvo acceso– los magistrados recordaron que una resolución anterior en el mismo sentido (prorrogando la preventiva) fue anulada por la Sala IV de la Cámara de Casación que pidió que "se señalen las pruebas en peligro y la manera en que el imputado podría afectarlas".
"A la luz del estándar determinado en la resolución anulatoria, consideramos que la prórroga de la prisión preventiva de Videla satisface las exigencias impuestas en la instancia casatoria", dijeron Cavallo y Vigliani.
También recordaron que, "a la luz de la estructura criminal mediante la cual se perpetraron los acontecimientos que centran la instrucción", la complejidad y cantidad de delitos investigados "permiten dar por acreditadas las condiciones objetivas" para la prórroga del encierro cautelar.
El 21 de julio último el mismo tribunal confirmó los procesamientos de los máximos responsables del Plan Cóndor en la Argentina, encabezados por Videla, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada.
Así lo informaron en esa oportunidad fuentes tribunalicias, quienes señalaron que la medida alcanzó, también, a Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón Genaro Díaz Bessone, entre otros.
El mismo temperamento siguió la Sala I del Tribunal respecto de Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant, Eugenio Guañabes Perelló y Ernesto Alais.
En aquella resolución los magistrados realizaron un análisis histórico de lo que se bautizó como Plan Cóndor y sostuvieron que así se conoció "a la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de inteligencia" de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Fuente: Télam
Jorge Rafael Videla en la causa en la que se investiga el denominado Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas para la persecución de políticos opositores.
Mediante una resolución conocida esta mañana, los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani –Eduardo Freiler está excusado por haber intervenido como fiscal– afirmaron que, en caso de ser liberado, Videla podría entorpecer la investigación mediante la destrucción de pruebas.
Los magistrados coincidieron con el juez Guillermo Montenegro en cuanto a que Videla, "al haber resultado máxima autoridad de la dictadura militar", tendría que saber "el destino de los desaparecidos, si existen documentos o registros y el lugar donde se encuentran".
Por ese motivo, afirman, "en caso de recuperar su libertad tales documentos podrían ser destruidos", al igual que los que estén "en nuestro país o en el extranjero" ya que, por su función, el ex dictador "debería conocer otros integrantes de la asociación ilícita que se investiga" y que podrían encargarse de hacer desaparecer esas pruebas.
En una medida tomada el 24 de agosto último y plasmada en tres carillas –a las que Télam tuvo acceso– los magistrados recordaron que una resolución anterior en el mismo sentido (prorrogando la preventiva) fue anulada por la Sala IV de la Cámara de Casación que pidió que "se señalen las pruebas en peligro y la manera en que el imputado podría afectarlas".
"A la luz del estándar determinado en la resolución anulatoria, consideramos que la prórroga de la prisión preventiva de Videla satisface las exigencias impuestas en la instancia casatoria", dijeron Cavallo y Vigliani.
También recordaron que, "a la luz de la estructura criminal mediante la cual se perpetraron los acontecimientos que centran la instrucción", la complejidad y cantidad de delitos investigados "permiten dar por acreditadas las condiciones objetivas" para la prórroga del encierro cautelar.
El 21 de julio último el mismo tribunal confirmó los procesamientos de los máximos responsables del Plan Cóndor en la Argentina, encabezados por Videla, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada.
Así lo informaron en esa oportunidad fuentes tribunalicias, quienes señalaron que la medida alcanzó, también, a Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón Genaro Díaz Bessone, entre otros.
El mismo temperamento siguió la Sala I del Tribunal respecto de Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant, Eugenio Guañabes Perelló y Ernesto Alais.
En aquella resolución los magistrados realizaron un análisis histórico de lo que se bautizó como Plan Cóndor y sostuvieron que así se conoció "a la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de inteligencia" de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Fuente: Télam
