Unos mil integrantes de la asamblea de Gualeguaychú marchaban en una columna junto a asambleas de todo el país para pedir políticas que "frenen el impacto ambiental" y reiterar su rechazo a la presencia de la planta de Botnia sobre el Río Uruguay.

El asambleísta Juan Veronessi precisó a la agencia Télam que "una columna de más que ocupa más de dos cuadras partió 13.30 desde la Plaza de los Congresos hacia la Plaza de Mayo", donde se realiza el acto central de la marcha "contra el impacto ambiental y el saqueo de los bienes comunes".

La llamada "Marcha del 12 del 12 a las 12" excede a la Asamblea de Gualeguaychú y su resistencia antipastera e involucra a la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país en el pedido concreto de políticas y leyes de protección ambiental.

La marcha de hoy recibió la adhesión de más de 100 organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (Apevu), la Red Nacional de Acción Ecologista (ReNaCe), la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de las Universidades de San Juan, Jujuy y de la Patagonia Austral, de Santa Cruz; y las asambleas de La Boca y Montserrat, entre otras.

También participan de la convocatoria representantes de la asamblea binacional integrada por argentinos y uruguayos y, sumado a esto, habrá otra marcha en Montevideo, que se realizará en forma simultánea con la de la Capital Federal.

"Se trata de la segunda marcha contra la contaminación, ya que el año pasado se realizó por primera vez en la misma fecha y a la misma hora", explicó  el asambleísta de Gualeguaychú José Pouler.

La Asamblea de Gualeguaychú tendrá un lugar privilegiado ya que, en el texto de la proclama, se expresa la solidaridad de todas las agrupaciones con su lucha contra la presencia de la pastera finlandesa Botnia frente a sus costas. Esta planta es considerada contaminante por los vecinos entrerrianos que piden su relocalización "fuera del Río Uruguay".

Como resultado de la lucha se exhibirán las leyes que fueron sancionadas recientemente en seis provincias (Chubut, Río Negro, La Rioja, Tucumán, La Pampa y Mendoza), que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas.

También se pedirá la aplicación del principio de "licencia social o consulta popular previa", antes de autorizar un emprendimiento que ponga en riesgo el medio ambiente en una región, y se pedirá la "declaración urgente de emergencia ambiental nacional y regional".