Siempre están erguidos, estén sentados o parados, suelen escuchar radio, se pasean a paso lento por los pocos metros cuadrados que limitan el palier, a veces salen y conversan con algún vecino. Los vigiladores o empleados de seguridad que velan por el bienestar de los habitantes de edificios, locales o empresas duplican en número al personal de la policía de Rosario. Y también un poco más.
Según la Cámara Santafesina de Empresas de Seguridad Privada, en la ciudad existen unas 5.700 personas que se dedican a este trabajo, mientras que la fuerza policial está integrada por unos 3.200 uniformados en planta. Jorge Paleari, al frente de la entidad, interpretó que entre las causas de la desproporción está el hecho de que la gente se siente insegura y busca reforzar la custodia en las calles.
Los vigiladores privados trabajan en el marco de un convenio por el cual trabajan 200 horas mensuales y reciben un salario de 1240 pesos, que será de 1335 a partir de octubre próximo. “Lo que estamos pidiendo es una ley de seguridad privada que nos de un marco regulatorio para nuestra actividad”, destacó Paleari.
De acuerdo a la experiencia de las empresas de vigilancia que integran la cámara, existe "una rotación de los empleados que nunca se vio. Es que para ejercer esta profesión se necesita de una verdadera capacidad de servicio y no todos la tienen”, explicó.
Pero además de vocación de servicio, existen otros requisitos que son evaluados por la agencia de seguridad, cuestiones relacionadas a la salud mental y también el desempeño de quien esté interesado en dedicarse a esta ocupación. En tanto, “sólo el 20 por ciento de nosotros puede portar armas y eso lo decide el Renar”, precisó.
La proporción entre policías y agentes de seguridad privada se mantiene en el resto del país ya que se contabilizan dos vigiladores por cada policía y suman un total de 200 mil, de los cuales 50 mil trabajan en negro, consignó en un informe el diario La Nación de este viernes.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi), Aquiles Gorini, manifestó que desde la crisis de 2001 la actividad creció a un ritmo del 5 por ciento anual, de la mano de la expansión de empresas locales y multinacionales europeas, que ven en la inseguridad en el país una buena oportunidad para brindar sus servicios.
Gorini declaró que “hay una ausencia de políticas de Estado para la seguridad privada”, y lanzó un desafío: “Queremos colaborar con la seguridad pública, pero nuestra propuesta de hacer corredores de seguridad con nuestros hombres no tiene respuesta”.
La cámara que preside reúne al 90 por ciento de las 1000 empresas de seguridad habilitadas en todo el país. "Hay que desideologizar esta actividad. Es injusto que se piense en seguridad privada y se hable de mano de obra desocupada. Un negocio en expansión, donde vienen empresas europeas a trabajar aquí en este rubro no va a quedar en manos de ningún retirado de ninguna fuerza", expresó.
La queja lleva además implícito el reclamo de la sanción de una ley nacional que regule la actividad. Hasta ahora, los intentos en el Congreso naufragaron. En la actualidad, para trabajar en todo el país hay que registrarse ante cada provincia y tributar allí por cada vigilador que se incorpora y por cada nuevo blanco que se vigila.
En la Argentina se calcula que 80.000 policías integran las fuerzas bonaerense y Federal y que alrededor de 40.000 uniformados más aporta el interior del país.
"Algunas empresas crecieron a la par de la sensación de inseguridad, porque hay gente que tiene mayores ingresos, compra bienes y tiene miedo de perderlos; también por la explosión inmobiliaria, que multiplica los barrios cerrados ", explicó, pero aclaró que el resto del crecimiento es "por ausencia o ineficacia de los recursos policiales. Si hay diez agentes disponibles, pero sacan cinco para custodiar un objetivo de seguridad nacional, entonces me quedo con la mitad de los policías".
