Desde la cárcel federal de Marcos Paz, Ariel Máximo “Guille” Cantero, cabecilla de la narcobanda Los Monos, aceptó este lunes un acuerdo de partes por el que sumó siete años de prisión en dos causas del fuero provincial vinculadas a extorsiones.
Una de ellas refiere a los aprietes sufridos por el dueño de las agencias de quiniela El Califa, entre 2021 y 2023, que incluyeron atentados incendiarios y un asedio para exigirle el pago de un millón y medio de dólares en concepto de “protección”. En ese expediente también quedaron implicados la corredora inmobiliaria Mariana Ortigala –otro personaje prominente del universo Monos de los últimos años– y su pareja, Rodolfo Sebastián Felipe, quien también fue condenado.
La otra causa es por haber desapoderado de distintos bienes al condenado por narcotráfico Matías Herrera, quien además fue víctima de una serie de intimidaciones tras incumplir su promesa de gestionar beneficios judiciales para Vanesa Barrios, esposa de Cantero. Por esas gestiones fallidas, el jefe criminal había pagado nada menos que 160 mil dólares.
De esta forma, se cerró una de las últimas causas penales que sumó Guille Cantero, que en bruto acumula casi 140 años en prisión, monto que debe ser objeto de una unificación global (en ambos fueros penales) una vez que todas las sentencias se encuentren firmes.
Entrada la tarde del lunes, el juez Nicolás Vico Gimena homologó el acuerdo de los fiscales Federico Rébola y Juliana González y la defensa de Guille, quien aceptó siete años como coautor de dos hechos de extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, por los aprietes a las sucursales de El Califa, y coautor de extorsión y extorsión de documentos, ambas agravadas por el uso de arma de fuego, en grado consumado, por apropiarse de los bienes de Herrera.
A grandes rasgos, Cantero fue acusado de digitar extorsiones al dueño de El Califa con el fin de lograr que entregara un millón y medio de dólares en concepto de “protección”. Para ello, se dijo, utilizó un teléfono fijo de la cárcel de Marcos Paz. Las extorsiones comenzaron en marzo de 2021, cuando Mariana Ortigala y su pareja, Sebastián Felipe –sospechados de ser testaferros del jefe narco–, “apretaron” al hombre en el gimnasio La Estación de Fisherton.
En la primera secuencia de embates extorsivos, en 2021 y 2022, la Fiscalía ubicó a la corredora inmobiliaria Ortigala, a su esposo Rodolfo Felipe y a Lorena Córdoba –viuda del jugador de póker y “zar” del juego clandestino de Rafaela, David Perona–.
En la segunda secuencia, que data de junio de 2023, entró en juego Brian Díaz, hermano de Maximiliano “Cachete” Díaz, un hombre de Los Monos que purga 29 años de prisión por el crimen de un apostador en el Casino City Center.
Brian Díaz actuó desde la cárcel de Piñero, donde le atribuyeron digitar, en nombre de “la mafia” y de parte del “de lentes” (referencia a Cantero), dos incendios a locales de El Califa (en Pichincha y Echesortu) y aprietes a un bar ubicado en Pellegrini y Avellaneda, donde, según los investigadores, se desarrollaban “apuestas clandestinas”.
Tanto Díaz como Micaela “La Diabla” Leguizamón –acusada de facilitar las comunicaciones de Cantero– fueron condenados en mayo pasado por este mismo legajo penal, a tres y cuatro años de prisión, respectivamente.
Kevin Moreno, un joven de 23 años con antecedentes por robo, también fue condenado este lunes por una participación menor en esta saga. Por extorsión agravada por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en carácter de coautor: “Prestó su colaboración al poner en circulación una línea telefónica utilizada para ejecutar amenazas con exigencias económicas”, dijeron los fiscales. Fue condenado a tres años y ocho meses.
Balazos al mini
La otra causa penal está vinculada a tres atentados a balazos, ocurridos el 18 de julio de 2021 en Mendoza y Matienzo; el 13 de enero de 2022 contra el gimnasio del club Unión Americana de Fisherton; y el 18 de enero de 2022 nuevamente contra un inmueble de Mendoza y Matienzo.
De acuerdo con los fiscales, mediante esos ataques Los Monos buscaron recuperar 160 mil dólares con el dueño del inmueble de Mendoza y Matienzo, quien además, en aquel entonces, tenía la concesión del gimnasio del club de Fisherton. El motivo era claro: querían que respondiera material y económicamente por un engaño que había sufrido Vanesa Barrios, esposa de “Guille” Cantero.
El engaño, de acuerdo con el relato ventilado, fue el siguiente: Matías Herrera, la víctima –que nunca denunció las intimidaciones–, presentó a un abogado bonaerense y a un servicio inorgánico de inteligencia ante Barrios y Ortigala, quienes públicamente mantenían una relación de amistad. El abogado y el otro hombre prometieron que, con 160 mil dólares, podían gestionar mediante coimas a contactos nacionales que le sacaran la tobillera electrónica a la esposa de Cantero, quien cumplía arresto domiciliario por estar condenada a 12 años de prisión por narcotráfico en la causa “Los Patrones”.
El abogado y el servicio inorgánico de inteligencia se hicieron de la plata y se esfumaron. No consiguieron beneficio judicial alguno. Y Los Monos, según la imputación, quisieron recuperar la suma de dinero invertida. Y fue Herrera quien pagó el pato.
Luego de los mencionados atentados, que tuvieron lugar entre julio de 2021 y enero de 2022, Herrera entregó y firmó junto a familiares boletos que asentaban como nuevos titulares de sus inmuebles a Los Monos.
El local de Mendoza y Matienzo pasó a nombre de Mariana Ortigala, quien aún tiene la causa abierta. Una Ranger de la víctima pasó a ser titularidad de Sebastián Felipe. Pero los inmuebles, de acuerdo con tareas investigativas, fueron utilizados y explotados comercialmente por el entorno de Vanesa Barrios, su hija Paula Bay y su media hermana Julieta Martir.
Por este desaguisado, Vanesa Barrios acordó cinco años y tres meses de prisión, que se unificaron en 17 años y tres meses, por el expediente federal de drogas. El delito: coautora de extorsión y extorsión de documentos agravadas por el uso de arma de fuego.
Tanto por la causa de El Califa, los aprietes a Herrera (en los que tuvo una participación secundaria), una causa de tenencia de armas de uso civil que sumó al momento de ser allanado y otro legajo por amenazas coactivas vinculado a una vivienda de Funes, Rodolfo Sebastián Felipe acordó cuatro años y seis meses de prisión.
