La investigación del cuerpo de cinco fiscales –Patricio Saldutti, Franco Carbone, Luis Schiappa Pietra, Marisol Fabbro y Fernando Dalmau– sobre la seguidilla de atentados y crímenes que comenzaron a tener lugar en Rosario desde el pasado 2 de marzo tiene este viernes una audiencia de relevancia. A través de videoconferencia, 16 sospechosos son acusados –no todos– por su presunta participación en el homicidio del taxista Diego Alejandro Celentano (38 años) y del colectivero Marcos Iván Daloia (39), la balacera a un colectivo de la línea 122 roja y posiblemente también por el ataque a tiros contra la comisaría 15ª.
Lo llamativo de la audiencia en el Centro de Justicia Penal es que los imputados no están sindicados por integrar una sola estructura criminal. Por ejemplo, en el banquillo virtual está Tobías Barrios, que en abril de 2021 fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por haber participado en los atentados que perpetraron Los Monos contra edificios judiciales, sedes policiales y domicilios de jueces.
Los otros sospechosos son Raúl Justino Pereyra, David Joel Pereyra, Eduardo Alvarado, Micaela Barrios, Natalí Belén Barrios, Alejandro Sebastián Caro, José Luis Caro, Marcelo Fabián Caro, María del Luján Caro, Jesús Darío Chaves, Lucía Jimena Orue, Romina Belén Quiroga, Walter Quiroga, Lucía Celeste Rodríguez y Ezequiel Agustín Rodríguez.
Entre los imputados se encuentra Raúl Pereyra, el hombre que llamó a Su Radio Taxi (4555555) para pedir una unidad, hecho por el que después arribó al lugar Diego Alejandro Celentano, quien posteriormente fue asesinado de cinco tiros –con balas policiales– a quemarropa por los dos gatilleros que iban como pasajeros en la parte trasera. Por ese motivo, se considera que tuvo una coautoría.
Además, a once sospechosos se les atribuye el delito de encubrimiento porque la Policía de Investigaciones secuestró en sus domicilios prendas y una moto que se utilizaron para el crimen del colectivero de la línea K en Mendoza y México, ataque que tuvo lugar el 7 de marzo, y por haber guardado el vehículo usado el 6 de marzo para darle cuatro tiros a un colectivo de la línea 122 roja, hecho en el que no hubo personas heridas.
Dentro de los acusados hay personas que no están sindicadas por atentados y crímenes. Por caso, hay dos imputados por tenencia ilegítima de arma de fuego cuyo cotejo balístico dio negativo con los hechos investigados. Una mujer también llegó a la audiencia porque le ofreció dinero a la Policía para que no secuestrara el teléfono de un familiar que sí podría estar involucrado en la violenta seguidilla.
Con respecto a la instigación, si bien los fiscales no vuelcan quiénes serían los presos que podrían haber estado detrás, se supone que son reclusos de cárceles federales y provinciales, aunque no está claro si actuaron de manera coordinada o si uno ordenó un atentado y otros se sumaron a hacer lo mismo con la finalidad de sembrar terror, o “narcoterrorismo”, tal como lo definió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
