Un abogado, dos falsos corredores inmobiliarios, tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otra persona fueron imputados por conformar una asociación ilícita que se dedica a estafas, extorsiones y usurpaciones. Uno de los jefes de la organización se encuentra prófugo.
La acusación contra los integrantes de la banda estuvo a cargo de los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébola. La audiencia comenzó el lunes pasado y finalizó este miércoles con la resolución del juez Florentino Malaponte, que dictó cuatro prisiones preventivas y tres libertades bajo cauciones y reglas de conducta.
Los fiscales detallaron que la banda estaba organizada de la siguiente manera: Miguel Ángel H. organizador (está prófugo); Pedro Juan C. organizador; Maximiliano Oscar G. organizador; Manuel José L. miembro; Carlos Luis T. miembro; Sergio Ramón B., Alberto Orlando R. y Víctor Alejandro M. (todos policías de la brigada de Investigaciones Especiales de la Agencia de Investigación Criminal Región II) miembros.
De acuerdo a la acusación, la investigación se inició tras una balacera ocurrida el 9 de septiembre del año pasado en Fraga al 700, donde una nena de doce años resultó herida. En esa oportunidad, la familia indicó que sospechaban de la persona que les vendió la propiedad a través de la página de Facebook "Cirujeando", ya que podría ser usurpada.
Al día siguiente de la balacera, los policías Sergio B., Alberto R. y Víctor M. entrevistaron a las víctimas y ocultaron la actuación a la Fiscalía. Posteriormente y con el objetivo de justificar la clandestinidad de la intervención, el agente Alberto R. invocó una falsa orden judicial de la unidad fiscal de Investigación y Juicio.
Los fiscales señalaron que los policías Sergio B., Alberto R. y Víctor M. revelaron información reservada y protegida a dos de los organizadores de la banda (el abogado Pedro C. y el prófugo Miguel H.) a cambio de una suma de dinero. Luego, los uniformados exigieron en pago de unos 200 mil pesos a cambio de continuar enviando datos.
A uno de los policías, identificado como Sergio B., también se le atribuyó haber tenido ilegalmente un arma de fuego calibre 22 secuestrada en el allanamiento ocurrido en su casa el 30 de diciembre pasado.
A los otros miembros de la organización se los imputó por amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privadas, y estafas referidas a inmuebles de la provincia. Se presume que la organización funcionaba desde diciembre de 2018.
Según la investigación, la asociación ilícita se dedicaba a detectar inmuebles usurpados o usurpables para luego ocuparlos con personas de su estructura. Después falsificaban instrumentos públicos o privados para simular la legitimidad de la posesión de la propiedad para posteriormente comerciarlas, cuestión que generalmente hacían a través de las redes sociales.
El juez Florentino Malaponte dictó prisión preventiva por 45 días para Maximiliano Oscar G.; el abogado Pedro C.; y los policías Víctor M. y Alberto R.
En tanto, Malaponte dictó la alternativa a la prisión preventiva para Manuel L., Carlos T. bajo el pago de cauciones de 10 mil y 40 mil pesos respectivamente. La misma medida tomó para el policía Sergio B., quien deberá cumplir una serie de reglas de conducta.
