La causa por la muerte de la policía federal Rosalía Yamila La Roza, de un tiro en la cabeza el mes pasado en un presunto forcejeo con su hijo de 15 años en Villa Gobernador Gálvez, dio un drástico giro. Según información recolectada por la familia de la agente, el adolescente premeditó el homicidio y lo comunicó a personas de su confianza antes y después de hacerlo. Como no es punible, fue llevado a una audiencia informativa y permanece alojado fuera del departamento Rosario.

Las primeras versiones sobre la muerte de La Roza, empleada de la Policía Federal baleada el 21 de marzo en su casa de Villa Gobernador Gálvez, mencionaron una “discusión y un forcejeo” con su hijo, L. A. Así, el episodio, de escasa repercusión, quedó enmarcado en las páginas policiales como el desenlace trágico de un arrebato adolescente signado por la presencia de un arma: un caso doméstico irreparable, pero accidental. La realidad, sin embargo, parece ser mucho más oscura y no solo involucraría al menor.

De acuerdo a datos recolectados por Rosario3, días antes del ataque L.A. anticipó en varios chats con personas de su entorno que deseaba matar a su madre. Y después de balearla dio aviso a través de conversaciones por redes sociales de que finalmente lo había hecho. A esta evidencia se agregó que el tiro ingresó por la nuca de Rosalía, por lo que quedó prácticamente descartado que se haya tratado de un disparo en medio de un forcejeo. 

     

En un contexto en el que la violencia extrema adolescente y juvenil está sobre el tapete por hechos recientes como el tiroteo escolar y la agresión a una chica llamada Delfina en San Cristóbal, y el caso Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, el crimen de La Roza a manos de su hijo no suscitó mayor atención por parte de las agencias penales ni de las autoridades.

En el entorno de la mujer, de 44 años, aguardaban novedades de la investigación, que está a cargo de la fiscal Virginia Gabenara, de la flamante Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Por el momento, no se conocen avances.

En un comunicado publicado en redes sociales, familiares de la víctima señalaron: “Respetamos el carácter reservado de la IPP (Investigación Penal Preparatoria). Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo, detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendarios. El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica. Mientras los operadores judiciales –magistrados, fiscales y peritos– avanzan bajo las competencias de la Ley 27.801, nosotros transitamos un duelo que se siente como una tortura silenciosa”.

Por su parte, L. A. tiene prohibición de ingreso al departamento Rosario y tiene medidas de restricción cuya vigencia se sostendrá hasta el 27 de abril próximo, fecha en la que volverá a llevarse a cabo una nueva audiencia. 

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