En una curiosa resolución, el camarista Tomás Orso dispuso el pasado martes que Lorena Córdoba (38), una mujer imputada por haber cometido extorsiones para Los Monos al dueño de la agencia de quinielas El Califa –quien sufrió ataques a tiros e incendiarios en sus locales de Rosario–, salga de la cárcel. Sin mencionar la palabra “domiciliaria”, el juez indicó que la acusada tendrá que permanecer en su casa, con tobillera electrónica. Sin embargo, no explicó cuál fue el causal de la morigeración en las condiciones de arresto y pidió que la decisión se termine de analizar en una audiencia de primera instancia.
El fallo de Orso es de carácter complejo. Por un lado, rechazó el planteo del cese de la prisión preventiva. Por el otro, dispuso que Córdoba tenga una medida cautelar “menos gravosa” que el encierro en una unidad penitenciaria –donde se encuentra hace tres años–, como es permanecer en su domicilio con tobillera electrónica. No obstante, no argumentó cuál fue el motivo para otorgarle esas condiciones de detención, siendo que no cumpliría con los parámetros establecidos para ello, como un problema de salud o el cuidado de un menor de cinco años, por ejemplo.
Lorena Córdoba, mediáticamente conocida como la viuda del “Rey del juego clandestino” de Rafaela David Perona –que murió en noviembre de 2020–, afronta una pena en expectativa de 11 años de prisión por las extorsiones en las que participó en 2021 a pedido de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, y su supuesto prestanombre Mariana Ortigala, ambos alcanzados en este mismo legajo.
A la medida, el camarista le añadió una cuestión más: que la decisión previamente a efectivizarse sea analizada en una audiencia en primera instancia. Esa nueva revisión se dará este jueves en el Centro de Justicia Penal.
Existe, previo a esta resolución, una situación llamativa, que es el antecedente del narco Emanuel Sandoval, alias “Ema Pimpi”, quien fue asesinado a tiros en 2019 en La Florida mientras cumplía arresto domiciliario. Esa medida cautelar posteriormente fue cuestionada por haber sido otorgada por un juez tras un acuerdo entre el fiscal de la causa y el defensor. De hecho, hasta hubo una instrucción del por entonces fiscal general Jorge Baclini de prohibir a los fiscales firmar acuerdos de arrestos domiciliarios por fuera de las causales establecidas por ley.
