La activista Norma Acosta, detenida y conocida por su cercanía con familiares de presos y con integrantes del clan Cantero, quedó al borde del juicio oral acusada de haber instigado un autoatentado en su propia casa para culpar a sectores policiales a los que denunciaba por corrupción.
Acosta, de 49 años, está presa desde hace más de un año y el proceso judicial avanzó este miércoles, cuando el juez Hernán Postma aceptó la acusación presentada por el fiscal Fernando Dalmau para llevarla a un futuro debate oral. A la par, Dalmau adelantó un pedido de pena de 9 años de prisión por varios delitos, entre ellos, intimidación pública.
Según la causa, Acosta instigó el atentado a tiros que tuvo como blanco su propia casa, ubicada en Larguía al 3400, durante la mañana del 7 de mayo de 2025.
Tras la conmoción que provocó el ataque, las declaraciones contradictorias de la presunta víctima –dijo que los autores se movían en auto, pero las cámaras mostraron a dos pibes en bicicleta– y otros elementos condujeron a la hipótesis de un ataque de falsa bandera.
El objetivo de la farsa, según la investigación, era “instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por la Policía de Santa Fe” por las denuncias de corrupción policial que Acosta venía realizando en redes sociales y por su acompañamiento a familiares de presos que conformaron un grupo conocido como La Ranchada.
Además de la imputación por intimidación pública y abuso de armas, la mujer también fue imputada por falso testimonio, por pretender desviar la investigación con datos falsos.
Varios protagonistas
Los tiratiros fueron detenidos esa misma mañana. Ignacio N. (17), señalado como el gatillero, fue aprehendido en Biedma y Alem. Nicolás Robles (18), quien conducía la bicicleta playera, fue detenido por la tarde.
Los soldaditos, según la causa, actuaron por pedido directo de Nahuel “Monta” Depetris, un integrante de la barra brava de Newell’s que ofició de intermediario.
Pero el avance de la investigación expuso a otro actor más encumbrado: el exbarra de Central Juancito, o Jota Jota Gómez, ligado a Los Monos y que pasó brevemente por el paravalanchas de Newell’s tras su expulsión del Gigante. Gómez fue condenado y, tras recuperar la libertad, murió acribillado el pasado 26 de agosto.
En la causa también fue condenada como partícipe primaria Mayra Gómez, una mujer ligada sentimentalmente al exbarra brava de Newell’s Emiliano “Jija” Avejera.
La investigación también arrastró a Sergio, hijo de Norma Acosta, quien, según la Fiscalía, colaboró con el borrado remoto de datos del celular de su madre, que estaba incautado en el depósito de la Policía Federal. Por esta maniobra, Norma sumó una imputación por violación de sellos y documentos, en la modalidad de sustracción e inutilización de objetos bajo custodia, como coautora.
Acosta también deberá responder por presuntas amenazas al personal de Asuntos Internos que la detuvo en su casa el 4 de septiembre de 2025.
La mujer ha sido protagonista de múltiples denuncias en la última década: desde la muerte de su pareja, Miguel “Japo” Saboldi, en el penal de Francia al 5200, pasando por su detención y condena por comercialización de drogas –hecho que ella atribuye a una causa armada–, hasta los asesinatos de su padre y su hermano. En esa época, Acosta denunció públicamente a Luis “Pollo” Bassi, al tiempo que se mostró cercana a un sector del clan Cantero.
En febrero de 2025, durante uno de sus habituales vivos de Facebook, Acosta ventiló con nombres y apellidos detalles de una denuncia sobre una caja negra de jefes policiales financiada con dinero del narcomenudeo y fondos destinados al combustible de los patrulleros.
Por eso resultó sugestivo que la balacera contra su casa –no era la primera que sufría– se produjera 48 horas después de una masiva redada de Asuntos Internos contra trece efectivos policiales de mediana y alta jerarquía, acusados de desviar fondos destinados a la nafta de los patrulleros.
En las últimas horas, el juez Postma admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y dispuso que Acosta continúe en prisión preventiva por cuatro meses. En ese plazo, en teoría, la causa debería llegar a juicio.
