La camarista Gabriela Sansó resolvió otorgar la libertad a cinco policías que se encontraban en prisión preventiva en la causa por desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros que estalló en 2025.
Los policías, que estaban presos en la cárcel de Piñero, son Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros, ya jubilado), Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito), Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales), Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI) y Roberto Sandoval (interventor de Medicina Legal al momento de los hechos investigados).
La orden de libertad les llegó este viernes 20 de marzo por la noche, según indicó a Rosario3 Juan Pablo Castagna, defensor de Becerra.
A fines del año pasado, un juez de primera instancia les había impuesto una medida cautelar privativa de la libertad que vencía el 14 de mayo de 2026.
Las restricciones que impuso la jueza Sansó incluyen fijar residencia, firma mensual en la Oficina de Gestión Judicial, prohibición de salida de la provincia y del país sin autorización y, no menos importante, la prohibición “absoluta” de contacto con coimputados y testigos de la causa.
Los cinco policías habían sido detenidos junto a otros en noviembre, a pedido del fiscal José Luis Caterina, que en el segundo tramo de la investigación los acusó de integrar una asociación ilícita en calidad de miembros, entre otros delitos.
Para la Fiscalía, los uniformados de alto rango tributaban a Daniel Acosta y a Rodrigo Domínguez, ex titular de la Unidad Regional II y su secretario privado, respectivamente, quienes fueron imputados como jefe y organizador de la asociación ilícita. Ambos continúan detenidos.
La causa por peculado, que provocó un cimbronazo en el mundo azul local y significó la caída de históricos nombres de la fuerza, tuvo un segundo tramo en el que la acusación postuló la existencia de una banda organizada para obtener dinero de forma ilícita, que en realidad provenía de las partidas que asignaba la provincia para la compra de combustible.
La causa había salido a la luz en mayo, cuando la Fiscalía expuso el mecanismo de defraudación al Estado con las tarjetas Visa Flota mediante sobrefacturación o cargas fantasma de combustible. Desde entonces, la Cámara Penal le fue otorgando la libertad a gran parte de los 25 policías involucrados.
La componenda, que según la acusación fue pergeñada por Acosta y Domínguez, incluía la complicidad de la estación de servicios Gas Auto Tiferno SA, de Ovidio Lagos al 3900.
El acuerdo espurio con la firma se habría extendido entre mayo de 2023 y mayo de 2025 y consistía en sobrefacturaciones o facturaciones fantasma de cargas de combustible. Una vez que los caudales ingresaban a la empresa, esta entregaba retornos en efectivo, con periodicidad quincenal para cada una de las secciones policiales, cuyos representantes los retiraban directamente del lugar.
