La Justicia le otorgó la libertad al portero del jardín de barrio Empalme Graneros que semanas atrás había sido detenido por la presunta comisión de delitos sexuales contra niños que asisten a esa institución. La resolución del juez Rafael Coria se apoyó en los avances de la investigación, que resultan favorables para el imputado, R. L. (55).
Según pudo saber Rosario3 de fuentes judiciales, las entrevistas en Cámara Gesell realizadas a los tres niños señalados como presuntas víctimas no aportaron elementos que respaldaran las denuncias iniciales. Tampoco surgieron indicadores médicos ni conductuales compatibles con situaciones de abuso.
R. L. había sido imputado el 17 de junio, una semana después de haber sido aprehendido en el jardín ubicado en La República y Cabal, en medio de los violentos incidentes protagonizados por familiares de alumnos que asisten a la institución.
En aquella audiencia, la fiscal Antonela Valente le atribuyó delitos contra la integridad sexual en perjuicio de tres niños. La apariencia de responsabilidad en ese momento, sumada a los riesgos procesales y la gravedad de los hechos denunciados fueron los argumentos que sustentaron el dictado de la prisión preventiva.
Las tres entrevistas en Cámara Gesell se realizaron en los días posteriores y, según trascendió, los niños no pudieron dar cuenta de los hechos descriptos en las denuncias ni mencionaron al portero. Además, tampoco se detectaron indicadores médicos ni conductuales compatibles con situaciones de abuso.
A ello se sumó que la Fiscalía tomó declaración a todos los compañeros de trabajo del imputado. De acuerdo con esas entrevistas, por la dinámica de funcionamiento del jardín, los horarios y las tareas asignadas, el portero nunca permanecía a solas con los alumnos. Incluso, una de las presuntas víctimas asistía al turno tarde, mientras que el imputado cumplía funciones en un horario diferente, por lo que no existían posibilidades de que se cruzaran.
En ese contexto, y con una situación procesal distinta a la que existía al momento de la imputación, el juez revisó la medida cautelar y resolvió otorgarle la libertad, sin perjuicio de que la investigación continúe.
La causa se inició tras la detención del empleado el 10 de junio. Aquella mañana, frente al establecimiento educativo, se registraron momentos de extrema tensión cuando un grupo de familiares se concentró en el lugar y protagonizó incidentes mientras pretendía linchar al portero.
La situación obligó a desplegar un importante operativo policial para evitar ataques y contener a los manifestantes, que también intentaron agredir al personal docente.
Días después, y ante la conmoción generada por el caso, el Ministerio de Educación dispuso la intervención del jardín y resolvió reemplazar a todo el personal de la institución, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.
