Once meses después de haber sido imputada, Marta Mabel González (57), una transera del Cordón Industrial, fue condenada a cuatro años de prisión por integrar la banda criminal que lideraba desde la cárcel de Piñero su hijo Walter “Viejo” González (40), un pesado en el mapa del narcomenudeo del Gran Rosario.
La pena fue homologada este jueves por el juez Rafael Coria en un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa. El fiscal Alejandro Caron le atribuyó el delito de asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad, en carácter de miembro.
Para la investigación, Marta González cumplía un rol clave dentro de la estructura: administraba y organizaba los búnkeres que la banda explotaba principalmente en el humilde barrio Copello, de Capitán Bermúdez, desde donde obtenía el dinero para financiar el resto de las actividades criminales.
Según la acusación, utilizaba su vivienda como centro de reuniones para los integrantes de la organización y coordinaba el funcionamiento de las bocas de expendio de droga. Su participación, al menos en esta causa, terminó el 20 de agosto de 2025, cuando fue detenida durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones.
La causa sostiene que la asociación ilícita operó –al menos en los términos formales de esta investigación– entre julio de 2023 y agosto del año pasado en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá, con una estructura de mando basada en vínculos familiares. Además del narcomenudeo, se le atribuyeron homicidios, tentativas de homicidio, balaceras, amenazas, extorsiones, robos, usurpaciones y otros delitos.
Walter "Viejo" González volvió a quedar en el centro de una investigación por conducir una organización criminal desde prisión. El recluso, alojado en el pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero, ya había sido condenado en 2020 a 20 años de prisión por comandar otra gavilla vinculada a tres homicidios en el Cordón Industrial y anteriormente había recibido una condena federal por narcotráfico.
Cuando fue imputado en agosto del año pasado, la Fiscalía sostuvo que impartía órdenes desde la cárcel a través de las visitas que recibía y de otros internos, con la colaboración de su pareja y de su madre, quienes transmitían las directivas al resto de la organización.
De acuerdo con la acusación, el objetivo de varios de los ataques ordenados desde prisión era responder al endurecimiento de las condiciones de detención dispuesto por el gobierno provincial para los presos de alto perfil y enviar un mensaje intimidatorio a las autoridades.
Entre los hechos más resonantes atribuidos a la banda figura el ataque a tiros contra un colectivo de la empresa Laguna Paiva que trasladaba agentes del Servicio Penitenciario. El atentado ocurrió el 2 de marzo de 2024 sobre Circunvalación, a la altura de barrio Rucci.
Según la investigación, dos gatilleros dispararon desde un auto con la intención de asesinar a los penitenciarios. Uno de los proyectiles pasó a centímetros de la cabeza de un agente y, tras la balacera, dejaron un cartel con amenazas vinculadas a los presos alojados en pabellones de alto perfil.
La organización también fue responsabilizada por el fallido atentado contra el Rondó Bar, de Rondeau al 3900, en barrio La Florida. El 24 de enero de 2024, dos sicarios llegaron en moto, arrojaron un mensaje mafioso e intentaron abrir fuego contra el local. El ataque no se concretó porque la pistola se trabó, una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y mostró el momento en que los clientes escapaban desesperados.
Para los investigadores, ambos atentados formaron parte de una estrategia de intimidación pública impulsada por Walter González desde la cárcel como represalia por las restricciones impuestas a los internos considerados de alto perfil.
