Un presunto narco que se encuentra preso en Piñero y su pareja fueron imputados el fin de semana por dos balaceras hacia una persona que se demoró en terminar la construcción de una de sus casas en la vecina localidad de Serodino. El recluso además fue acusado de ordenar extorsiones y ataques a tiros desde la cárcel. En la audiencia también se ventiló evidencia de que se dedica a la venta de droga en barrio Copello de Capitán Bermúdez. La mujer, en tanto, quedó libre después de que le atribuyeran una serie de medidas de lavado de activos, como la compra de un domicilio, de un auto, la apertura de un local de ropa y haber hecho 90 depósitos de dinero de bajo monto en un mismo día en un cajero por un total de 564 mil pesos, con el objetivo de no llamar la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Walter Francisco González –se da su nombre completo porque se hace mención luego a condenas en su contra– y Joana Soledad R. fueron imputados el pasado sábado por el fiscal de la unidad de balaceras Federico Rébola, quien los acusó por asociación ilícita, por extorsiones y balaceras, y por lavado de activos.
González está condenado por homicidios y balaceras en el cordón industrial. Recibió una pena de 20 años de cárcel por encargar tres asesinatos desde su celda. Además, se encuentra dentro del penal VIP de la Alcaidía de San Lorenzo que salió a la luz en agosto de 2019.
El apellido González abunda, pero éste es conocido en el cordón industrial. También es pariente de Brian Jesús "Gordo" González, condenado a 16 años de prisión por el asesinato de Any Rivero en la puerta del boliche "Stone" de Capitán Bermúdez ocurrido el 2 de noviembre de 2014.
El fiscal aseveró que la banda, integrada por otras personas identificadas pero aún no acusadas, se dedicaba a realizar balaceras, extorsiones y tráfico de estupefacientes. Agregó que tenía "montada una estructura para darle apariencia lícita a las ganancias obtenidas de los ilícitos cometidos por sus integrantes". La organización, según la evidencia obtenida, funcionó al menos desde el 12 de octubre del año pasado hasta el 7 de julio de este año.
Para Rébola, Walter González impartía órdenes al resto de la organización para balaceras, pagos y amenazas. Era además quien se comunicaba por celular con las víctimas, a quienes extorsionaba desde el pabellón 10 de la cárcel de Piñero.
Uno de los ataques atribuidos a González fue una balacera del 17 de octubre del año pasado en Valle Hermoso al 1700. Ese día, tres ocupantes de un Chevrolet Corsa gris dispararon contra el domicilio del encargado de la construcción de una casa del presunto narcotraficante. En ese ataque también fue baleado un Peugeot 408 estacionado.
El 9 de noviembre del año pasado fue baleada la misma casa y para el fiscal, también fue ordenada por González. En ese caso, fue perpetrada por un sospechoso que luego de tirar se subió a un Chevrolet Astra de cinco puertas y se dio a la fuga. Ese mismo día y en un horario similar, una moto con dos personas baleó el domicilio de la nuera de la víctima, en Irigoyen al 1900, donde también se encontraba una nena de 5 años.
Todas las balaceras tenían una justificación, según explicó ante la Fiscalía el propietario de la casa de Valle Hermoso al 1700: se había demorado en terminar la construcción de la casa del presunto narco en Laprida y España, en la localidad de Serodino, presupuestada en 53.153 dólares.
La obra de la casa de dos plantas empezó en enero de 2018 y supuestamente no finalizó por la demora en las llegadas de aberturas y por la paralización de trabajos en el comienzo de las restricciones por la pandemia del coronavirus. González no solo le pedía la devolución del dinero sino también materiales y un Peugeot 408 que le entregó como parte de pago. "Devolveme el 408. Dame los materiales que me faltan o te la voy a hacer re corta: te voy a matar a toda tu familia", le dijo González por teléfono al constructor.
La víctima recibió amenazas telefónicas además de los ataques a tiros. Pero también su hijo, que está detenido en Piñero cumpliendo una condena a 2 años y 6 meses por un abreviado firmado por una tentativa de robo.
El hijo de la víctima recibió la amenaza a través de un Whatsapp que llegó al celular de un compañero de celda. "Quiero mi auto, mis cosas, la plata. Esta semana te mata cualquiera antes que salgas. Sabé (sic), gil", escribió González.
Joana, la lavadora
Rébola, que integra la unidad de balaceras encabezada por la fiscal Valeria Haurigot, sostuvo en la audiencia que la cónyuge de González, Joana Rodríguez, era miembro de la banda y su tarea consistió en realizar varias maniobras para lavar el dinero de la droga desde enero de 2018 en adelante.
Entre las acciones expuestas por el fiscal está la compra de materiales para la construcción de la casa de Serodino; haber comprado un Volkswagen Virtus a través de un crédito; y haberse anotado como monotributista categoría H y haber puesto un local de ropa con mercadería valuada en unos 2 millones de pesos.
Otra maniobra que atribuyó el fiscal a Joana fue la de hacer 90 depósitos de dinero de bajo monto en un cajero automático en un mismo día de abril pasado, entre las 17 y las 18, hasta alcanzar la cifra de 565.700 pesos. El objetivo era no llamar la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para el juez Florentino Malaponte los indicios no fueron suficientes para dictar prisión preventiva efectiva para la mujer. Sí ordenó prohibición de comunicación con su pareja por fuera de los medios permitidos –solo podrá mediante visitas o llamados a teléfonos habilitados por el Servicio Penitenciario–.
El juez Malaponte a su vez ordenó un registro contable de las operaciones hechas con el negocio de ropa, la inmovilización de la cuenta bancaria y el levantamiento del secreto bancario.
