El juez federal Carlos Vera Barros procesó por lavado de activos de origen delictivo al empresario rosarino Leandro David “Lelo” Pérez, a su hijo Agustín, a su socio Marcelo Malatesta y al ex policía Maximiliano Novillo. La resolución fue dictada en el marco de la investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), pero los cuatro continuarán en libertad, ya que el magistrado mantuvo el criterio adoptado al resolver sus excarcelaciones.
Lelo Pérez, su hijo, Malatesta y Novillo habían sido detenidos el 30 de julio pasado, a pedido del fiscal federal Juan Agustín Argibay Molina, en una causa que investiga el presunto lavado de dinero proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico. El expediente tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Vera Barros.
La resolución sostiene que la maniobra investigada habría consistido en otorgar apariencia lícita a bienes adquiridos durante los últimos años. En el caso de Pérez, la imputación comprende operaciones realizadas desde 2017 y menciona bienes cuyo valor supera el umbral de 150 salarios mínimos, vitales y móviles, que en septiembre de 2026 representan $57.570.000.
Entre los activos señalados aparecen inmuebles, vehículos y otras operaciones comerciales. En particular, el juzgado menciona la adquisición de una camioneta en septiembre de 2025, además de la administración y comercialización de departamentos del edificio Nélida 1, ubicado en avenida Pellegrini al 3800, y la gestión de otros rodados.
En cuanto a Pérez y Malatesta, la investigación pone bajo la lupa la utilización de Transporte Overland SRL y una serie de operaciones realizadas entre 2020 y 2026. En total, son 46 rodados los individualizados en esa parte de la imputación, además de dos terrenos. Entre los vehículos aparecen camionetas, automóviles, camiones, motocicletas y otros utilitarios.
“Nunca estuve con ningún narcotraficante”
Durante su indagatoria, Lelo Pérez rechazó de manera enfática la acusación y negó haber tenido vínculos con personas dedicadas al narcotráfico.
“Yo me dedico a la compraventa de vehículos; todos los que me nombró están justificados, desde el uno al último. La forma de pago de las compras y las forma de ventas facturado cada uno”, declaró.
Y agregó: “Nunca estuve con ningún narcotraficante ni tomé dinero de ningún narcotraficante”.
El empresario también cuestionó el peso que tuvieron sus apariciones públicas y su pasado mediático en la construcción de la imagen que, según sostuvo, terminó asociándolo al mundo del narcotráfico.
“Toda la parte mediática es lo que me destrozó”, afirmó.
En otro tramo de su declaración, vinculó esa exposición con el romance que mantuvo años atrás con Vicky Xipolitakis: “Me equivoqué en 2015, salí con una persona mediática como la Xipolitakis, estuve saliendo con ella un tiempo, eso fue lo que me destrozó mi vida”.
Pérez también negó haber tenido relaciones comerciales o personales con referentes del narcotráfico rosarino que aparecen mencionados en la investigación.
“A Luis Medina lo he visto en mi vida dos veces porque una vez vino a comprarme un auto y no se lo vendí, nunca con Esperanto, nunca con ninguna relación con toda esta gente, ni Alvarado ni los Monos”, sostuvo.
La referencia al fallecido Luis Medina, a la franquicia Esperanto, a Esteban Alvarado y a la organización Los Monos aparece justamente entre los elementos que el juzgado tomó en cuenta al analizar las conexiones de Pérez.
El juez sostiene que el entrelazamiento de Pérez con la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico “no constituye una mera presunción”, sino que surge, según la resolución, de los antecedentes y conexiones objetivas de las firmas que administra.
Entre otros elementos, el magistrado menciona operaciones realizadas a través de la concesionaria Reina Automotores SRL y supuestos vínculos comerciales con Germán Tovo y Luis Medina, ambos asesinados en la década pasada en contexto de narcocriminalidad. También señala la comercialización de vehículos a personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico y conexiones societarias con Repuestos Exclusivos SRL, firma vinculada a la esposa de un hombre condenado por contrabando agravado de estupefacientes.
Frente a esa descripción, Pérez insistió en que su patrimonio tiene un origen lícito.
“Yo sé hacer negocios y los vehículos que he comprado los compré con facturas, con cheques de la misma empresa y los vendí con factura ganando y pagando los impuestos de cada vehículo”, afirmó.
“Todo lo que tengo es mío genuino”, agregó.
El empresario también reivindicó su actividad comercial y la construcción del edificio de avenida Pellegrini. “Hice un edificio también, del edificio el terreno lo compré en el año 2012. Vendí 40 departamentos doctor, 40 vendí, no vendí 3, la gente viene y lo hice y es el mejor edificio de toda la ciudad por Pellegrini”, declaró.
Finalmente, Pérez volvió sobre la sospecha que, según dijo, recayó sobre él durante años: “Nunca te van a perdonar, un pequeño éxito va de la mano con el narcotráfico, no puede ser siempre así uno tiene habilidades para hacer dinero y por qué tiene que ser siempre la droga?”.
Los otros procesados
Marcelo Eduardo Malatesta, socio de Pérez, también negó la acusación y sostuvo que los bienes fueron adquiridos lícitamente.
“No tengo nada que declarar más que decir que todo fue comprado lícitamente”, afirmó. Dijo además que conoce a Pérez desde hace años y que siempre vio que los vehículos eran comprados y vendidos “en blanco”, con sus respectivas facturas.
Agustín Pérez, en tanto, sostuvo que es inocente y que desconoce los hechos que se le atribuyen. Explicó que es abogado y que mantiene una relación limitada con su padre: “La relación que tengo con mi padre es no más que una o dos llamadas por semana”.
Novillo decidió no declarar por consejo de su abogado. Sin embargo, manifestó que necesitaba recuperar su libertad para poder presentarse a trabajar y sostuvo que su empleo constituye su único ingreso.
La investigación
La causa se inició a partir de información remitida por la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que había advertido sobre posibles delitos relacionados con venta de armas con numeración adulterada, lavado de activos e infracciones a la Ley de drogas.
En ese informe aparecían inicialmente tres policías santafesinos: Maximiliano Novillo, Emiliano Haro y Marcelo García, quienes a su vez habrían tenido vínculos con Pérez.
La resolución judicial señala que el delito de lavado debe analizarse a partir de la existencia de un hecho ilícito precedente, un incremento patrimonial u operatoria anómala, la ausencia de un origen alternativo de los fondos y la inexistencia de una actividad económica lícita que permita justificar los bienes cuestionados.
En el caso de los cuatro procesados, el juzgado concluyó que existen elementos suficientes para dictar el procesamiento por lavado de activos de origen delictivo.
En el caso particular de Novillo, además, se le atribuye haber dado apariencia lícita a bienes vinculados, según la investigación, con personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. La resolución menciona la adquisición de una parte de un inmueble, operaciones con vehículos, la administración de otro rodado y la compra de moneda extranjera.
Finalmente, Vera Barros dispuso el procesamiento de Agustín Pérez, Leandro Pérez, Marcelo Malatesta y Maximiliano Novillo como autores del delito de lavado de activos de origen delictivo.
Sin embargo, el juez decidió mantener el criterio adoptado al resolver las excarcelaciones de los cuatro imputados.
