Una requisa ilegal en la casa de una familia de Rafaela habría sido el primer paso de una maniobra para cobrar una presunta deuda de hasta 35 mil dólares. Dos uniformados se presentaron en la vivienda, simularon tener una orden para requisarla y preguntaron por la hija del matrimonio septuagenario. Poco después apareció el protagonista del caso: un empleado judicial conocido de la familia, quien habría montado la escena para reclamar que los padres asumieran las obligaciones económicas de su hija y su yerno.
Por el episodio, ocurrido el 15 de octubre, quedó imputado por extorsión en grado de tentativa Eduardo Del Favero (39), un escribiente del Poder Judicial de Santa Fe, más precisamente de los Tribunales de Rafaela.
Según la reconstrucción publicada por Rafaela Noticias, el judicial Del Favero se habría valido de su cercanía laboral para que los uniformados lo acompañaran a la casa donde vive el matrimonio con el objetivo de reclamar dinero.
Uno de esos efectivos fue identificado y trabajaba en los Tribunales de Rafaela. La otra persona que habría participado, una mujer, todavía no había sido identificada.
De acuerdo con la acusación de la fiscal Fabiana Bertero, una vez que los supuestos policías se retiraron, Del Favero ingresó a la vivienda y les advirtió a los padres que su hija y su yerno estaban involucrados en denuncias y podían terminar presos durante varios años. Como alternativa, les habría propuesto que firmaran documentos para reconocer obligaciones por 30 mil y 35 mil dólares. Los familiares se negaron y el plan no llegó a concretarse.
Criptobros y gamers
El trasfondo del reclamo económico estuvo en el centro de la audiencia imputativa. Del Favero sostuvo que había invertido dinero y aportado equipamiento para un emprendimiento de videojuegos asociado a la creación de una criptomoneda. Según su versión, el negocio no habría cumplido con lo acordado y por eso reclamaba la devolución de parte del capital a María Laura Balbiano, hija del matrimonio, y al esposo de esta, el venezolano Geraldo Keiffer.
El defensor del imputado, Federico Scarinci, planteó que el empleado judicial también había sido víctima de una estafa y que existirían otras personas perjudicadas en Rafaela y la zona. "Estamos logrando acreditar que detrás de esta deuda que legítimamente reclama mi defendido existen una infinidad de víctimas en Rafaela y la zona, de las cuales ya se han recabado algunas informaciones", afirmó.
El abogado explicó que se trataba de una oferta pública de un proyecto de videojuego con la creación de una criptomoneda. En ese esquema, detalló, se realizaban lanzaderas –conocidas como launchpads en el mundo cripto– para captar inversores y conseguir aportes económicos. Según su interpretación, el mecanismo habría tenido componentes de ardid o engaño para lograr que las personas pusieran su dinero.
"Detrás de esto puede haber una estafa por parte del denunciante. Mi defendido fue estafado", sostuvo en Rafaela Noticias Scarinci, quien insistió en que el reclamo de Del Favero tenía un origen económico y no había sido un intento de obtener dinero sin derecho alguno.
El presunto damnificado Keiffer, en cambio, negó que el empleado judicial hubiera participado o invertido en el emprendimiento. Reconoció que existió el proyecto y aseguró que había recaudado unos 800 BNB, equivalentes entonces a unos 260 mil dólares, con aportes de alrededor de 20 personas. Según su relato, cada inversor había puesto como máximo 3.000 dólares y los contratos privados contemplaban expresamente los riesgos de la operación.
También rechazó que mantuviera una deuda con Del Favero. En particular, sostuvo que el empleado judicial le había reclamado 20 mil dólares por una supuesta intervención en una causa judicial, en la que habría movido una carpeta dentro de Tribunales. El denunciante afirmó que nunca le había solicitado esa gestión y que no reconocía obligación alguna por ese concepto.
Scarinci dijo que su defendido había pedido disculpas a los propietarios de la vivienda, aunque aclaró que su intención no había sido causarles un daño, sino cobrar lo que consideraba una acreencia legítima.
El juez José Luis Estévez dispuso que Del Favero permanezca detenido durante 30 días. Para resolverlo, coincidió provisoriamente con la calificación de extorsión propuesta por la Fiscalía y entendió que la simulación de una requisa y las advertencias sobre posibles consecuencias penales habrían sido utilizadas para intimidar a la familia. Consideró que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, que todavía debe identificar a todos los participantes.
