“No hay punto de discusión. La verdad es que la provincia es rehén de la violencia y el narcotráfico y el gobierno de Perotti no está en condiciones de garantizar la seguridad de los santafesinos”. Carolina Losada, precandidata a senadora nacional por lista “Cambiemos con ganas” de Juntos por el Cambio, se refirió a la crítica situación que vive Santa Fe en términos de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Durante un encuentro con vecinos y comerciantes del centro comercial Echesortu en la zona oeste de Rosario, del que también participaron la precandidata a diputada nacional Germana Figueroa Casas y los precandidatos a concejales de la ciudad, Anita Martínez y Martín Rosúa, Losada definió a la gestión del gobierno provincial como un “rotundo fracaso” y recordó el slogan “Ahora la paz y el orden” con el que Perotti llegaría a la Casa Gris. “Le pregunto al gobernador: ¿cuándo es ese ahora? En Santa Fe no hay paz ni orden”, recalcó para luego explicar el desborde de números y estadísticas que muestran a una provincia inmersa en la violencia y en pánico luego de la balacera sobre el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La precandidata explicó que “incluso en este año y medio en donde la cuarentena nos mantuvo dentro de casa, en Santa Fe se multiplicó la tasa de homicidios y delitos con respecto a años anteriores”.

“Lo que es inexplicable es la pasividad con la que el gobierno de Omar Perotti encara la problemática de la inseguridad que es, por lejos, la mayor preocupación de los santafesinos”, dice Losada. Por su parte, Figueroa Casas alertó que “no sólo el estado de nuestras fuerzas de seguridad es preocupante, sino que no se realizó ninguna gestión para aumentar la presencia de fuerzas federales, por lo menos en las zonas más complicadas como Rosario o la capital provincial”.

Santa Fe, zona de emergencia

El accionar violento de las grupos criminales encuentran su mano de obra en niños y adolescentes vulnerables, quienes son usados para el sicariato o la amenaza mediante balaceras a vecinos, comerciantes y funcionarios.

“Para entender por qué muchos jóvenes santafesinos deciden insertarse en este mundo pese a que las cárceles están llenas de ellos o son innumerables los casos de jóvenes asesinados en guerras entre bandas, la respuesta hay que buscarla en la falta de políticas serias de inclusión y educación”, dice Losada.

“Tenemos la doble tarea de sanear a nuestra Policía -desde la formación, la capacitación y el equipamiento- y poner condenas firmes y ejemplificadoras para aquellos cabecillas, policías y funcionarios corruptos que han generado la situación de violencia que hoy vivimos los santafesinos”.

En esa línea, Anita Martínez volvió a remarcar la importancia de su iniciativa “Infancias Protegidas”, un proyecto que propone penas severas para adultos que utilicen a menores en hechos delictivos ligados al narcotráfico y el sicariato.

Así como existe una figura delictiva específica en relación a la corrupción de menores en términos de delitos sexuales, “Infancias protegidas” busca la creación de una figura específica para casos ligados al delito.

“Arruinar la vida de niños y niñas tiene que ser severamente penado por la ley. El narcotráfico comienza a utilizar chicos de 6 años para la venta y a adolescentes para balaceras y sicariatos. Son estos chicos que al poco tiempo terminan descartados por el propio sistema o abatidos” explicó Martínez.

“La ley tiene que ser más dura con los más grandes y proteger las infancias, los adultos que corrompen a nuestros chicos tienen que estar presos”, dice al señalar que el proyecto legislativo supone un endurecimiento de las penas, de 5 a 15 años de presión -según el caso- para mayores que utilicen a menores de edad con fines delictivos organizados.

Por su parte, Rosúa también abordó la necesidad de políticas serias de inclusión y de desarrollo económico. “Preparar a nuestros chicos para el nuevo mercado laboral, ayudar con exenciones impositivas a las Pymes que los empleen, nutrir ese círculo virtuoso, es una tarea que tenemos que poner en primer plano para alejarlos del delito y acercarlos a la cultura del trabajo”, expresó.

Los datos

De acuerdo a distintos datos que desprenden informes del INDEC, el Observatorio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de la Acusación, en 2020 se registraron en la provincia de Santa Fe 373 homicidios, cifra superior a los 3 años anteriores.

“El gobierno provincial tiene abandonada a las fuerzas policiales en lo que hoy parece ser una lucha desigual contra las organizaciones criminales más importante del país”.

La precandidata hizo referencia al 40% de la flota de vehículos de la Policía de Santa Fe que esta fuera de servicio, y los 2173 agentes que se encuentran sin funciones, números que se suman a una fuerza de seguridad con escasa o nula preparación, baja remuneración y que no cuenta con equipamiento adecuado para realizar sus tareas.