Bolivia vive una crisis política, en la que el gobierno denuncia golpe de Estado y la oposición fraude. Pero lo cierto es que esta crisis, que se agudizó en los últimos días con el desenlace inesperado de la renuncia del presidente Evo Morales este domingo, comenzó a gestarse hace mucho tiempo y terminó siendo una combinación compleja de ambas cosas: un proceso electoral cuanto menos plagado de cuestionamientos y un golpe.

El detonante fue justamente el polémico escrutinio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre, donde Morales se presentó para un cuarto mandato consecutivo pese a que la Constitución boliviana sólo admite dos y que en 2016 un referéndum rechazó esta posibilidad. Aquí es donde se produce un enredo porque la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la “ilegitimidad” de Morales para postularse en primer término, y con la falta de transparencia –según la Organización de Estados Americanos (OEA)– del comicio.

Aquí algunas claves para entender lo que está pasando en el país del Altiplano y cómo un líder popular que accedió al poder con amplio respaldo hace 14 años y que todavía gozaba de buena imagen por el buen desempeño de la economía –en crecimiento sostenido y baja inflación– se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta, a exigirle la renuncia.

La re-re-reeleción

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero y por eso el 21 de febrero de 2016 sometió su intención de continuar en el poder hasta 2025 en un reférendum que finalmente le dijo que no.

Pese a semejante revés, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo. En su campaña incluso, puso como ejemplo la situación actual argentina como lo que podría llegar a pasar si no lograba la victoria.

Desde su llegada al Palacio Quemado en 2006, Morales siempre ganó las elecciones con más del 50% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, pero en esta ocasión y por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener otra vez más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo. Consiguió con muy poco evitar el balotaje, pero el estrecho margen y un escrutinio sospechoso, dispararon masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo.

El escrutinio

La noche del 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Fueron esos extraños movimientos del TSE los que llevaron a la oposición a clamar un "fraude descarado".

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a "defender la democracia" en las calles y frenar un "golpe de Estado".

La auditoría

Con todo, Morales aceptó una auditoría de la OEA sobre el escrutinio para despejar cualquier duda. Y en este punto hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba "fraude descarado", rechazó desde el principio las condiciones en las que el organismo iba a revisar el proceso.

No obstante, la auditoría resultó devastadora para el gobierno: la OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral y constató manipulación de datos. El informe de 13 páginas señaló actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas; y casos donde no se respetó la cadena de custodia de las actas.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones. Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, presentó su renuncia y denunció golpe de Estado.

Las Fuerzas Armadas

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman, quien “sugirió” al presidente que diera una paso al costado “por el bien de nuestra Bolivia”.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia de Morales hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un "motín policial".

A pesar de todo, Morales todavía tenía (y tiene) enorme poder de movilización entre sus bases, pero sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

La oposición

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Con Camacho llevando la voz cantante, la oposición ya no se conformó con un llamado a segunda vuelta; ni siquiera con la renuncia de Morales: pedían la renuncia de todos los funcionarios del gobierno, de los legisladores y hasta de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Así las cosas, las movilizaciones y paros comenzaron a multiplicarse y recrudecerse. Y a diferencia de otras crisis políticas que atravesó Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y "movimientos sociales" (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.