En las últimas horas ocurrió un acontecimiento significativo para la política santafesina. El gobierno provincial decidió involucrarse en la investigación por presunto espionaje ilegal desde el Ministerio de Seguridad sobre empresas, instituciones y personas. Había dado un paso previo –en realidad es una obligación– al ordenar que se abra un sumario administrativo interno, pero la orden del gobernador a Fiscalía de Estado para presentarse como querellante le da a la investigación la entidad que el silencio que reinó hasta ahora parecía querer negarle.
Desde que los fiscales hicieron los secuestros de material en las oficinas del Ministerio de Seguridad en noviembre pasado y hasta ahora, el oficialismo se movió entre la confusión por las consecuencias impredecibles del caso y declaraciones de mera formalidad. La falta de un posicionamiento claro en la superestructura repercutía abajo, donde algunos optaron por la prudencia y otros se inclinaron por una defensa política que consiste, más que en negar taxativamente los hechos, en atribuir todo a una operación judicial.
Mientras esto ocurre en el oficialismo, el arco opositor sigue de cerca la evolución del caso sin hacer olas. Es como si socialistas, radicales, Juntos por el Cambio y el resto, se hubiesen sentado a ver cómo el gobierno lidia con el problemón en el que está metido. Saben que un eventual desfile de testigos y de ex y actuales funcionarios por tribunales es un espectáculo que ningún oficialismo quiere, y por lo tanto los favorece indirectamente y fortalece su agenda de oposición.
La pelota ahora está del lado del gobierno. Tras dos meses desde que el caso explotó, esta semana puso en funciones nuevos jefes policiales en distintas regionales “después de tener que empezar de cero”, como dijo el también “perfilado” ministro Lagna y tras rearmar el staff completo del Ministerio.
Sin embargo, la tarea más sensible por delante es remontar la desconfianza que se generó con las elites empresarias de Rosario. Los comunicados de las principales entidades para repudiar el presunto espionaje, exigiendo investigación y justificación sobre la existencia de toda esa información, y solidarizándose con sus miembros y directivos que aparecen mencionados en la lista publicada a principios de enero por Rosario3, son un termómetro inequívoco de que mientras no haya explicaciones convincentes, el asunto no termina en Sain.
Es una reacción lógica. A nadie le gusta enterarse de que desde el propio Estado investigan sus propiedades, bienes y otros movimientos sin razón fundada ni marco legal. ¿La pregunta inmediata es con qué fines? Es la misma reacción que históricamente tuvieron y tienen organizaciones sociales y políticas que sistemáticamente han sido víctimas de espionaje e inteligencia ilegal por parte de fuerzas de seguridad y de la ex Side.
Por eso no puede haber cristales diferentes para escandalizarse por el bochornoso sistema de espionaje y persecución judicial montado por el macrismo, que el caso que se investiga en Santa Fe, aun cuando entre ambos difieran modalidades y en la provincia falte ver evidencias. El principio precautorio debería guiar a quienes no son parte del proceso judicial. No hay espionaje bueno o malo según el signo político de quien lo haga.
Apunten a los fiscales
Lo más razonable en estos casos es que los fiscales avancen rápido y se llegue a la instancia de audiencia imputativa en la que deben exhibir las pruebas que hayan recolectado. Allí se verá la fortaleza de la investigación o si es, como dice el abogado defensor de una parte de los señalados, que los fiscales “estiran los plazos porque no tienen nada que exhibir más que una sábana de entradas en la base Sudamericana Data”. Según Juan Lewis “algunos de los nombres de la lista los buscaron mis clientes, pero siempre en el marco de una causa y aun así no sería delito”.
Esto último, llegado el momento será motivo de debate y lo decidirá un tribunal. Pero hay un cabo suelto que no es territorio de lo jurídico si no de lo político. La lista de presuntos espiados –que nadie desmintió– habla por lo menos de un desorden y falta de control mayúsculo. Supongamos que Lewis tiene razón y no hay existencia de delito, ¿qué hacían todos esos nombres ahí, por qué, para qué? Los fiscales saben quién buscó porque el usuario quedó registrado en el sistema informático –por eso los abogados defensores admiten que se rastrearon nombres–, pero no saben por orden de quién ni el propósito.
Hay explicaciones que dar. Eso es lo que reclaman las entidades empresarias que aparecieron en el listado y se pronunciaron públicamente. Explicaciones que los sospechados deberán ofrecerlas a la Justicia, pero cabe también una explicación pública, que hasta aquí el gobierno prefirió esquivar.
El breve espacio en que tú no estás
Mientras tanto el agua corre. De hecho, el 1° de febrero se realizará una audiencia para tratar, a pedido de la fiscalía, una segunda prórroga de plazos legales que le permitan mantener en reserva la investigación a causa de su complejidad. Es decir, sin que los sospechados y sus defensas tengan acceso completo al legajo.
Más allá de lo que allí resuelva el juez, esa audiencia será el comienzo de la batalla en el plano de la opinión pública, que hasta aquí se desarrolló con escarceos mínimos. Y eso obedece a dos razones.
En primer lugar el silencio de los dos fiscales que llevan adelante la investigación y el fiscal regional, lo que les da el argumento a las defensas de que no tienen elementos concretos para imputar delitos. Acá subyace un punto atendible: la extensión de plazos por parte de la fiscalía implica tener a una lista larga de personas en el limbo de los sospechosos, y si bien se hace bajo supervisión de un juez, no debería alargarse más allá de lo estrictamente necesario.
Por otro lado, el gran silente ha sido el Poder Ejecutivo, que nunca contradijo ni negó (porque no quiere, no puede o no sabe) la información que trascendió a través de medios periodísticos. ¿Suponía la Casa Gris que esto afecta exclusivamente a Marcelo Sain y su gente?
Por el contrario, Marcelo Sain salió a defenderse en soledad –de ahí el reproche al gobernador porque no sale a bancarlo–. Con el regreso de la actividad judicial también lo hará el resto de los señalados en la investigación. Toda buena defensa jurídica cuando se trata de asuntos públicos va acompañada de una estrategia mediática. Al fin y al cabo, decía el italiano Giovanni Sartori en una conferencia de 2004 en Turín, vivimos democracias de opinión, en referencia a un concepto que no acuño él: “Opinión es doxa, no es episteme, no es saber. Las opiniones son, por así decirlo, ideas ligeras, que no deben ser probadas: las tomamos por buenas por como son… La república necesita de sabios, pero la democracia electoral no. Y por lo tanto, el gobierno de opinión requiere solamente –como su fundamento– la existencia de una opinión pública, de un público que tenga opiniones”.
Podría decirse que eso explica la batalla, intensa y diaria, insoportable por largos momentos, que los dos grandes canales de noticias del país y algunos diarios en sus tapas disputan día a día en torno a las investigaciones judiciales contra el kirchnerismo y el macrismo. Es que el juicio de opinión, es más ejecutivo que el de la Justicia formal. Cobra mayor relevancia su influencia en la opinión pública a la hora de votar que una sentencia judicial que podría llegar vaya a saber cuándo. Anida ahí buena parte del descreimiento público en la Justicia y su utilización desde adentro y afuera –Comodor Py es el summun– como instrumento de legitimación de discursos políticos –“el kirchnerismo es corrupto”– que no buscan otra cosa que moldear la opinión pública.
Sain sabe de esto, por eso se ocupa personalmente de recordar que no pueden soltarle la mano, usa Twitter para conservar una presencia marginal pero inquietante en la política santafesina y desespera ante la parálisis de la Casa Gris sobre el tema.
Víctimas y acusados
Otra vez: ¿el Poder Ejecutivo quiere ser querellante para acusarlo a Sain o para despegarse? Esa pregunta quizás no tenga respuesta hoy. Quizás sólo se trate de un posicionamiento táctico: estar adentro de la investigación, seguirla de cerca, después se verá. El camino que elijan los fiscales definirá muchas cosas: si hay imputación, el tenor de los delitos que achaquen, a quiénes y, lo que marcará una línea divisoria, si piden o no medidas cautelares que restrinjan la libertad ambulatoria de Sain o alguno de los investigados.
Para que la provincia sea querellante primero tiene que pasar el filtro de un juez, que a su vez consultará la opinión de la fiscalía, responsable de llevar adelante la acción pública, y las víctimas, muchas de las cuales buscarán constituirse también ellas como querellantes y, eventualmente, exigir un futuro resarcimiento. Aquí se abre un debate jurídico-político sobre el que mucho se hablará en adelante: ¿el gobierno provincial está del lado de las víctimas o de los acusados?
La figura de querellante está reservada para las víctimas, y aquí radica el asunto a discernir. ¿El Poder Ejecutivo puede ocupar el mismo lugar que los presuntos espiados o perfilados, teniendo en cuenta que la hipótesis del caso es que el delito bajo investigación se habría cometido por orden de funcionarios que dependen del jefe del Ejecutivo? ¿Puede un gobernador querellar a su ex ministro por acciones de una gestión que él comandaba?
Habrá otras controversias de fuste a partir de febrero. Los abogados defensores discutirán a cara de perro la competencia de la Justicia provincial para investigar delitos que entienden son de exclusiva competencia federal. El debate tiene similitudes con el que se dio en por el lavado de activos –en Santa Fe se vio en el juicio a Los Monos–, el cual quedó saldado en cuanto a que el lavado es resultado de un delito precedente, y es la competencia para investigar ese delito precedente lo que define la competencia del lavado.
En el caso de presunta violación de la ley de inteligencia no hay pronunciamientos de la Corte sobre la cuestión, por lo tanto es probable que si esta investigación prosperase se convierta en un leading case.
Las preguntas expresadas más arriba son apenas un boceto de las enormes implicancias de lo que disparó y todavía puede disparar la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Las imputaciones, si las hay, recaerán sobre personas; pero el efecto político-institucional hoy no es posible predecirlo.
