Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Fuentes oficiales informaron a La Nación que Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto pasado.
Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA este mes, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le pidió al organismo anticorrupción, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, la totalidad de lo presentado por Adorni.
Tras recibir la nueva documentación aportada por el jefe de Gabinete, la OA la remitió, la semana pasada, al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informó a ese diario un funcionario al tanto de estos movimientos.
El mes pasado, La Nación dio cuenta de la adquisición de la casa de Indio Cua a nombre exclusivo de Angeletti. Obtuvo la información con un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Según estos datos públicos, la mujer del jefe de Gabinete se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. La documentación catastral deja constancia de la fecha de nacimiento de Angeletti, su nacionalidad y de que, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni.
La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró el miércoles pasado ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió ese medio, el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.
Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua. Dijo también que ella le presentó las prestamistas a Adorni porque él le había pedido que le consiguiera el crédito.
El jefe de Gabinete y su esposa se comprometieron a devolver el dinero en 24 meses, con un interés del 11% anual, declaró la escribana y ratificaron en Comodoro Py las prestamistas, Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija. Según fuentes con acceso a lo declarado por las testigos, ellas dijeron que era la primera vez que hacían una operación así con Nechevenko, con quien tienen una relación escribana-clientas desde hace muchos años. Tanto Nechevenko como las acreedoras de Adorni y Angeletti informaron que hasta ahora les pagaron 30.000 dólares.
Sanciones
La ley de Ética Pública impone la obligación de declarar, además de sus bienes, los de su cónyuge, incluso los propios (no gananciales), los del conviviente y los de los hijos menores.
Por eso, el hecho de que un funcionario omita bienes de su cónyuge en su presentación ante la Oficina Anticorrupción puede tener consecuencias administrativas y penales.
La regla es que si la OA advierte que alguien presentó una declaración incompleta, debe intimarlo a que la rectifique y, si no lo hace, puede abrir un expediente o incluso denunciarlo ante la Justicia.
El Código Penal establece, en el artículo 268 (3) que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”. Que “el delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”. Y que “en la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Según la ley, no basta entonces la omisión, sino que esta debe ser “maliciosa” para que se constituya un delito.
En este caso, Adorni podría alegar que él rectificó su declaración original y que agregó lo que no había informado. La Nación se comunicó con el estudio jurídico que lo defiende, donde declinaron hacer declaraciones sobre la causa.
En cualquier caso esta omisión será un elemento a tener en cuenta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento apreciable de su patrimonio que no puede justificar.
Los investigadores tienen en su poder pruebas de que, desde que es funcionario, Adorni y su mujer sumaron a sus bienes la casa del country en Indio Cua, un nuevo departamento en el que viven, en Caballito, y una camioneta. Los ingresos declarados de él son los de funcionario y ella, hasta el año pasado, era monotributista.



