La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner contrató al abogado brasileño Rafael Valim para su representación ante organismos internacionales, según confirmaron a PERFIL fuentes cercanas a la expresidenta. La información había sido publicada por los medios brasileros Folha de Sao Pablo y CNN Brasil. La nueva defensa tiene como objetivo denunciar las violaciones de la causa por la que la expresidenta se encuentra en prisión domiciliaria, así como presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Rafael Valim junto a los abogados Cristiano Zanin y Valesta Teixera Zanin Martins integraron la defensa de Lula da Silva durante la causa Lava Jato.
Ese planteo no es nuevo: la defensa de CFK viene construyendo ese argumento desde antes de que la condena en la causa Vialidad quedara firme. Durante el alegato final del juicio oral, sus abogados —Carlos Beraldi y Ary Llernovoy— cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional en el que se basó la acusación, y la figura de "asociación ilícita" aplicada al caso. La propia expresidenta llegó a calificar al tribunal como un "pelotón de fusilamiento" y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que se confirmara la sentencia, la defensa adelantó que si el máximo tribunal la rechazaba, recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo.
Tras la confirmación de la condena en junio de 2025, esa estrategia se formalizó: el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática contra la expresidenta, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria, vinculada a la tramitación inusualmente expedita de los procedimientos judiciales poco después de su anuncio de candidatura a un cargo público.
En paralelo, se activó una vía similar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un plazo de seis meses para presentar una petición formal denunciando posibles violaciones a derechos humanos y garantías judiciales durante todo el proceso.
Quién es Rafael Valim
Valim es un jurista con una trayectoria consolidada en Derecho Público y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor, y fue profesor visitante en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y en la Université Le Havre Normandie, Francia. Su trabajo incluye litigios ante la Corte Suprema de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017 cofundó, junto a Cristiano Zanin –hoy magistrado de la Corte Suprema brasileña– y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London, con el objetivo de identificar casos paradigmáticos de uso político de la Justicia.
Junto a esos mismos dos abogados, que integraron la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato –incluidas presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU–, Valim escribió el libro Lawfare: Waging War Through Law (Routledge, 2021), una referencia frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Es además socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
La situación procesal de Cristina Kirchner
La situación procesal de Fernández de Kirchner atraviesa, de por sí, uno de sus momentos más complejos. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La Corte Suprema confirmó esa condena en junio de 2025, lo que la dejó firme, y en las últimas semanas el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a un total de 111 propiedades, un monto que la propia defensa cuestionó judicialmente, sin éxito, por el índice utilizado para actualizarlo. Por esta causa, la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes judiciales ya elevados a juicio oral, aunque sin fecha de inicio definida en la mayoría de los casos: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública, en la que Fernández de Kirchner es señalada como la principal responsable política del entramado.
