El caso de Fernando Cerimedo permite observar una transformación profunda de la competencia política contemporánea: la incorporación de técnicas de manipulación digital capaces de intervenir no sólo sobre los mensajes de una campaña, sino sobre el propio entorno en el que los ciudadanos forman sus opiniones. El hallazgo de una pequeña granja de bots, en una propiedad utilizada por el consultor en Bolivia, vuelve a poner bajo escrutinio una metodología que ha atravesado distintos procesos electorales de América Latina y que hoy conecta a operadores locales con redes políticas y tecnológicas vinculadas al trumpismo estadounidense.
Una granja de bots reúne dispositivos y cuentas digitales que pueden ser coordinados o automatizados para publicar, compartir y amplificar contenidos. No necesariamente fabrica información falsa: puede utilizarse para difundir una mentira, pero también una acusación sin pruebas, una interpretación engañosa o incluso un contenido verdadero hasta otorgarle una repercusión que no tendría de manera orgánica. El objetivo político es alterar la percepción de la conversación pública: instalar un tema, multiplicar una acusación o crear la impresión de que una determinada posición cuenta con un respaldo social mayor al que realmente posee.
Este argentino, consultor especializado en comunicación y estrategia digital, fundador de La Derecha Diario y de Numen, una agencia de marketing y consultoría digital, convirtió su conocimiento de las redes en una herramienta de intervención política regional. Su trayectoria incluye la campaña de Javier Milei en Argentina, el entorno de Jair Bolsonaro en Brasil, el proceso constitucional chileno, la campaña de Rodrigo Paz en Bolivia y la de Nasry Asfura en Honduras. La relevancia de su recorrido no está solamente en la cantidad de candidatos con los que trabajó, sino en la metodología que fue trasladando de una elección a otra.
Esta estrategia quedó expuesta por el propio Cerimedo. En una entrevista a un periódico argentino donde reconoció que disponía de miles de trolls y explicó que utilizaba “campañas negativas”, que definió como la difusión incisiva de información real que un adversario preferiría que no circulara. También reconoció el uso de infraestructura digital para intervenir sobre la conversación política. En otra entrevista sostuvo que administraba unas cincuenta mil cuentas creadas artificialmente en Argentina. La diferencia entre campaña negativa y campaña sucia puede ser jurídicamente relevante, pero el problema democrático aparece cuando una estructura artificial transforma información política en una conversación que aparenta ser espontánea.
Durante la campaña presidencial de 2023, esa maquinaria tuvo en Argentina uno de sus principales campos de despliegue. Cerimedo adquirió un papel relevante en la estrategia digital de Javier Milei y llegó a asumir la organización de la fiscalización electoral de La Libertad Avanza. Su agencia Numen y La Derecha Diario formaban parte de un ecosistema que combinaba comunicación política, redes sociales, influencers y cuentas automatizadas para amplificar determinados mensajes e instalar temas en la agenda. Para agosto de 2023, LA NACION ya describía a Cerimedo como una figura central de la estrategia comunicacional de Milei y señalaba que tenía a su cargo la organización de los fiscales para las elecciones de octubre.
El funcionamiento de ese dispositivo quedó particularmente expuesto durante la campaña de septiembre y octubre de 2023, cuando La Derecha Diario difundió contenidos falsos o manipulados que fueron luego amplificados en redes. Entre ellos estuvo un video editado de Juan José Campanella que alteraba el sentido de sus declaraciones sobre los candidatos presidenciales. El episodio muestra algo más importante que una falsedad puntual: la capacidad de un medio alineado políticamente para producir un contenido, distribuirlo dentro de una red digital y conseguir que la conversación se desplace hacia aquello que esa estructura decidió instalar.
En tanto, Brasil mostró una consecuencia todavía más delicada: la utilización de estas herramientas para atacar la legitimidad del sistema electoral. Tras la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula da Silva en 2022, Cerimedo difundió y presentó públicamente un informe que pretendía demostrar irregularidades en las urnas electrónicas brasileñas. El 4 de noviembre realizó una transmisión titulada “Brasil fue robado”, seguida por más de 400.000 personas, en la que utilizó ese documento para cuestionar el resultado electoral. La operación apuntaba contra un sistema de votación que Brasil utiliza desde 1996 y que se implementó en todo el país en el 2000, sin que en casi tres décadas se haya demostrado un fraude capaz de alterar una elección.
La Policía Federal lo indició en la investigación sobre el intento de golpe por su participación en la difusión de esa narrativa, pero la Procuraduría General de la República decidió no incluirlo en la denuncia porque no consideró probado que supiera que el documento era falso ni que conociera el plan golpista. Esa precisión judicial no vuelve inocua la operación comunicacional: una cosa es determinar la responsabilidad penal por integrar una conspiración golpista y otra, distinta, evaluar el efecto político de utilizar información falsa para instalar dudas sobre la legitimidad de una elección.
Mientras que Chile aporta otra dimensión: la utilización de instrumentos que parecen técnicos para intervenir en la percepción electoral. En 2020, Numen, la empresa de Cerimedo, difundió una encuesta sobre el plebiscito constitucional cuyos resultados se apartaban fuertemente de los principales sondeos y terminaron contribuyendo a un clima de desinformación. Años después, su nombre volvió a aparecer en denuncias sobre redes digitales que atacaron a Evelyn Matthei durante la campaña presidencial de 2025. El Gobierno de José Antonio Kast niega cualquier vínculo con Cerimedo y una investigación deberá determinar qué conexiones existieron realmente.
Honduras permite ver hasta dónde llega esta red. Cerimedo asesoró al actual presidente Nasry Asfura en las elecciones de 2025 y reconoció que, junto con el veterano estratega republicano Dick Morris, consiguió conectar la campaña hondureña con Donald Trump. Morris, que fue asesor de Bill Clinton en los años noventa y posteriormente se convirtió en un aliado del movimiento trumpista, funcionó como intermediario para que Trump respaldara públicamente a Asfura. La campaña contó además con tecnología de Brad Parscale, antiguo jefe de campaña digital de Trump en 2020, quien asesoró al equipo de Cerimedo en el uso de datos para segmentar votantes.
Aquí aparece la verdadera dimensión geopolítica del fenómeno. Ya no se trata simplemente de consultores que trabajan para candidatos extranjeros. Se está formando un mercado político transnacional en el que circulan tecnologías, datos, estrategas, medios y contactos políticos entre Estados Unidos y América Latina. La campaña de Asfura mostró esa convergencia de manera particularmente clara: un candidato latinoamericano, un consultor argentino, un estratega republicano estadounidense y herramientas desarrolladas en el ecosistema digital de Trump trabajando sobre una misma elección.
Por ahora, Bolivia concentra hoy las distintas dimensiones del caso Cerimedo. El consultor, que había asesorado a Rodrigo Paz durante la campaña y continuado vinculado a su entorno, permanece en prisión preventiva acusado por la Fiscalía de ser el presunto autor intelectual del ataque a tiros contra su expareja, Nadia Beller, quien sobrevivió después de recibir tres disparos. Cerimedo niega haber ordenado el ataque y su defensa sostiene que se trata de una operación política.
Paralelamente, la Justicia boliviana investiga su patrimonio, posibles vínculos con el narcotráfico y la estructura de dispositivos hallada en propiedades vinculadas a él, entre ellos una presunta granja de bots. La gravedad del caso trasciende las acusaciones que enfrenta: Cerimedo había construido durante años una red política y tecnológica con presencia en campañas, gobiernos y medios de distintos países. Esa capacidad de intervenir en la circulación de información plantea un problema que excede su figura y alcanza al funcionamiento de la propia democracia.
Ese mecanismo tiene una consecuencia especialmente corrosiva: no necesita conseguir que una sociedad crea una mentira determinada. Puede ser suficiente con inundarla de versiones contradictorias hasta que resulte imposible establecer qué ocurrió realmente. Cuando una encuesta puede ser propaganda, una multitud digital puede ser artificial y una acusación puede adquirir apariencia de hecho por simple repetición, la ciudadanía pierde una referencia común desde la cual discutir.
Por eso el problema excede largamente a Cerimedo. Argentina, Brasil, Chile, Honduras y Bolivia muestran la expansión de una misma lógica y su creciente conexión con Estados Unidos. La nueva ultraderecha está construyendo una infraestructura política que atraviesa fronteras y combina comunicación, tecnología, datos y organización electoral. El riesgo para la democracia no reside solamente en que existan operadores capaces de fabricar opinión pública, sino en que esa capacidad privada termine otorgándoles una cuota de poder político que ningún ciudadano les concedió.
