El camarista federal Aníbal Pineda salió este viernes a explicar una resolución que demora, al menos por ahora, el avance hacia el juicio oral de una de las causas contra el exjuez de ese fuero Marcelo Bailaque. Concretamente, Pineda resolvió que no corresponde avanzar hacia esa instancia en el expediente por la presunta extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación no defina si la causa debe tramitarse bajo el viejo Código Procesal Penal o mediante el nuevo sistema acusatorio.
La decisión fue revelada esta semana por La Política Online, que planteó además los cuestionamientos que generó dentro y fuera de la Justicia Federal rosarina. Según publicó el medio, el expediente queda ahora sujeto a una definición de la Corte para la cual no existe un plazo preciso.
No es un dato menor qué expediente queda afectado. Se trata de la causa en la que los fiscales atribuyen a Bailaque haber participado de una trama destinada a extorsionar a Iglesias y Oneto mediante la utilización coordinada de herramientas de la entonces Afip y del propio Poder Judicial. La acusación sostiene que se inició una investigación falsa contra ambos empresarios y que en ese contexto se les exigió dinero a cambio de solucionar sus problemas judiciales y administrativos.
Pineda defendió su resolución en Radiópolis (Radio 2) con un argumento central: avanzar ahora y realizar el juicio bajo un determinado régimen procesal podría terminar provocando después la nulidad de todo lo actuado si la Corte concluye que correspondía aplicar el otro código.
Según La Política Online, abogados y funcionarios judiciales que siguen el expediente objetan principalmente que Pineda haya permitido avanzar hacia juicio en otras dos causas contra Bailaque mientras mantiene en suspenso justamente ésta, que es la que enfrenta al exmagistrado con una perspectiva de pena más severa.
Esas otras investigaciones son la vinculada con la presunta omisión de investigar al narcotraficante Esteban Alvarado y la relacionada con el manejo de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
La respuesta de Pineda
Pineda sostuvo que la lectura de su resolución no puede hacerse aisladamente de sus anteriores intervenciones en las causas contra Bailaque.
Recordó que intervino en las tres investigaciones, confirmó la prisión preventiva del exjuez y rechazó diferentes pedidos de las defensas, entre ellos planteos para apartar jueces y fiscales y solicitudes de nulidad.
“Para poder sacar una conclusión hay que observar todo el proceso en general y no puntualmente una resolución”, señaló. También afirmó compartir la evaluación de los fiscales sobre la gravedad de los hechos investigados.
Según relató, las defensas discutieron en todos ellos si debía aplicarse el Código Procesal Penal Federal actualmente vigente o el sistema anterior. Tanto los jueces de primera instancia como la Cámara rosarina entendieron que correspondía el nuevo régimen.
Cuando las defensas acudieron a la Cámara Federal de Casación Penal, sin embargo, se produjo una diferencia.
En dos expedientes esa discusión quedó resuelta y pueden seguir avanzando hacia el juicio. Pero en la causa por la presunta extorsión, Casación concedió un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema la que dé la respuesta definitiva. Para Pineda, ese dato cambia completamente la situación jurídica.
“No porque lo digo yo, sino porque lo dijo mi tribunal superior, que es la Cámara Federal de Casación Penal”, explicó en Radiópolis.
El camarista insistió en que continuar el proceso antes de que la Corte se pronuncie podría generar una consecuencia paradójica. Si el juicio se realizara bajo el nuevo código y luego la Corte concluyera que correspondía utilizar el régimen anterior, la defensa tendría argumentos para reclamar la nulidad.
Pineda incluso planteó que podría entrar en juego el principio de non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.
“Podríamos caer en el escándalo de que podría quedar absuelta una persona que los fiscales y los jueces consideramos que tiene que ir a juicio”, sostuvo.
Desde su perspectiva, por lo tanto, la demora no protege a Bailaque sino que busca evitar que una eventual condena futura quede invalidada por una falla procesal.
