Este sábado el juez federal Martín Irurzun, artífice de doctrina que llevó a la cárcel al ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y que la oposición actual quiso aplicar sobre el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quedó fuera del Poder Judicial tras cumplir 75 años. La doctrina, conocida por su nombre, habilita la prisión preventiva en casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos. Si bien Irurzun pidió una prórroga, la feria judicial le jugó en contra y desde Casa Rosada ya pidieron al Consejo de la Magistratura que designe su reemplazo.
Así, desde este lunes, y oficialmente para el Ejecutivo libertario, el emblemático juez federal de Comodoro Py ya no integra la nómina del Poder Judicial. El sábado cumplió 75 años, el Gobierno no convalidó la prórroga solicitada para continuar cinco años más en el puesto y la Corte Suprema no permitió tratar su pedido en feria.
“Habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente", sostiene la nota firmada por Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación que dirige Juan Bautista Mahiques, cuyo padre, también juez y también mayor de 75 años, fue sin embargo exceptuado por el Gobierno para continuar en su cargo.
Cuando La Nación le preguntó a Casa Rosada por qué Irurzun debió jubilarse y otros jueces no, entre ellos Mahiques, pero también Víctor Pesino, respondieron: “Esa discrecionalidad es propia de la atribución del Presidente”.
Qué es la doctrina Irurzun y por qué preocupa al Gobierno
La doctrina Irurzun nació en 2017 a partir de un fallo de la Cámara Federal que justificó la detención preventiva de De Vido sin condena firme. El argumento central fue que el "poder de influencia" de un funcionario –o su "poder residual" tras dejar el cargo– constituye por sí solo un riesgo de entorpecimiento para la investigación judicial. Bajo este criterio, también fueron detenidos en su momento figuras como el ex vicepresidente de Cristina Kichner, Amado Boudou; el ex Procurador del Tesoro y ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo, Carlos Zannini y el empresario Cristóbal López, también ligado a los gobiernos de Néstor y Cristina.
Al gobierno le preocupaba que se aplicara esta teoría al caso de Adorni, que, cuando el ex jefe de ministros aún detentaba un cargo gubernamental, encajaba perfectamente: poseía un cargo de máxima jerarquía con capacidad de influencia directa o indirecta sobre testigos y peritos vinculados al Estado. Sin embargo, la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano suma un agravante que eleva la alerta en Casa Rosada: a diferencia de los fallos históricos donde el riesgo se deducía del cargo, en el caso de Adorni se denuncia un entorpecimiento probado.
La acusación sostiene que el ex portavoz contactó por WhatsApp al contratista de las reformas investigadas para intentar alinear su relato antes de que declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita, maniobra que fue expuesta por el propio testigo.
