El conflicto entre el embajador estadounidense Peter Lamelas y una cooperativa de Neuquén no es una disputa comercial más. Detrás del proyecto con la empresa china Huawei aparece una cuestión mucho más profunda: Washington está redefiniendo qué considera un interés estratégico propio dentro de América Latina y hasta dónde está dispuesto a actuar para defenderlo. Lo que ocurre en esa provincia permite observar, en tiempo real, cómo la competencia entre Estados Unidos y China comienza a penetrar en decisiones que hasta hace poco pertenecían al ámbito de la política económica argentina.
La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) es una de las principales distribuidoras eléctricas de la Patagonia y cuenta con una extensa infraestructura energética en la provincia. Pero su actividad va más allá de la electricidad: también desarrolla servicios de conectividad, fibra óptica y soluciones tecnológicas para redes eléctricas y telecomunicaciones.
En abril, autoridades de CALF viajaron a la sede central de Huawei en Shenzhen para explorar soluciones de fibra óptica, redes eléctricas inteligentes y sistemas de monitoreo. La cooperativa proyecta además un centro de datos en el Polo Tecnológico de Neuquén. La relación con Huawei, por lo tanto, forma parte de una estrategia de modernización que combina energía, conectividad y tecnología.
El conflicto salió a la luz a comienzos de agosto, aunque las comunicaciones entre CALF y la Embajada estadounidense habían comenzado semanas antes. Según el vicepresidente de la cooperativa, Carlos Quintriqueo, un gerente recibió en julio un mensaje del agregado comercial de la Embajada con advertencias sobre posibles restricciones de visas si continuaban las negociaciones con Huawei. Luego, CALF verificó el origen del mensaje y pidió explicaciones formales. Washington sostiene que sus objeciones responden a razones de seguridad nacional.
La controversia llegó al Congreso: Diputados citó a Lamelas el miércoles 19 de agosto para que explique las denuncias. Hasta ahora, ni Cancillería argentina ni el canciller Pablo Quirno se pronunciaron públicamente sobre el episodio. La ausencia de una posición oficial adquiere relevancia política y diplomática, dado que las denuncias involucran a un representante de una potencia extranjera y una decisión sobre infraestructura estratégica argentina.
La disputa sería difícil de comprender si se la redujera solamente a Huawei. Neuquén concentra Vaca Muerta, una de las mayores formaciones de hidrocarburos no convencionales del mundo y el principal activo argentino para incrementar las exportaciones energéticas, generar divisas y ampliar el peso del país como proveedor internacional de energía. En ese contexto, las redes eléctricas, las comunicaciones y el almacenamiento de datos adquieren una dimensión estratégica.
Para Washington, la presencia de tecnología china en infraestructura estratégica constituye un potencial riesgo de seguridad. Para Beijing, las presiones estadounidenses representan una forma de injerencia sobre decisiones que corresponden al ámbito soberano de otro Estado. Para Argentina, el problema adquiere una dimensión más compleja: qué margen de decisión conserva un país cuando una elección económica queda subordinada a la competencia estratégica entre dos grandes potencias.
Lo cierto es que Lamelas no actua al margen de la orientación de Washington. Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, en julio de 2025, ya había advertido sobre la presencia china en las provincias argentinas y anunciado que pretendía recorrer las 23 provincias para construir una “verdadera asociación” con sus gobernadores y evitar lo que calificó como “corrupción por parte de los chinos”. El propio Comité de Relaciones Exteriores del Senado señaló entre sus prioridades reducir la influencia adversaria en Argentina.
Por eso, el episodio neuquino adquiere otra dimensión. Es la expresión concreta de una política estadounidense destinada a limitar posiciones estratégicas de Beijing dentro del hemisferio.
La conexión con la Doctrina Monroe es directa. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre 2025 incorporó un denominado “Corolario Trump”, según el cual Estados Unidos debe “reafirmar y hacer cumplir” la doctrina e impedir que competidores externos controlen activos estratégicamente vitales dentro del hemisferio.
La diferencia respecto de 1823, cuando se originó esta doctrina, no está solamente en el adversario. Entonces, Washington advertía a las potencias europeas contra nuevos proyectos coloniales en América. En su versión contemporánea, la noción de amenaza excede ampliamente la presencia militar: incluye infraestructura, tecnología, recursos naturales y cadenas de suministro capaces de otorgar ventajas estratégicas a otra potencia.
Eso explica por qué China ocupa el centro de la nueva política hemisférica estadounidense. Beijing no necesita establecer bases militares para ampliar su influencia. Puede hacerlo mediante puertos, energía, minería, telecomunicaciones, financiamiento e infraestructura. Para Washington, el problema no reside necesariamente en cada inversión por separado, sino en su acumulación dentro de una región que vuelve a considerar parte de su perímetro estratégico.
Allí aparece la dificultad argentina. El gobierno de Javier Milei ha elegido una relación excepcionalmente estrecha con Washington y ha profundizado la cooperación económica, energética y de defensa. En mayo, el mandatario recibió en la Casa Rosada a Lamelas y a una delegación de congresistas estadounidenses. El embajador también siguió de cerca la licitación de la Hidrovía, otro sector considerado estratégico.
Pero Argentina tampoco puede eliminar por decreto su relación con China. Beijing continúa siendo un socio comercial y financiero relevante, mientras empresas chinas mantienen intereses en energía, minería, infraestructura y tecnología. A ello se suma el swap de monedas, cuya línea total equivale a unos US$19.000 millones y cuya continuidad fue negociada por el Gobierno argentino durante este año.
El caso Huawei expone así el límite de una política exterior basada exclusivamente en la afinidad política. Cuando Washington convierte la presencia china en una cuestión de seguridad, Buenos Aires puede verse obligado a decidir allí donde antes podía simplemente negociar.
Otros dos grandes países latinoamericanos ensayan respuestas diferentes frente a esta nueva configuración del poder hemisférico.
Bajo Claudia Sheinbaum, México ha profundizado la cooperación con Washington en comercio y seguridad, pero al mismo tiempo ha establecido límites explícitos frente a cualquier pretensión de injerencia y ha reivindicado la soberanía como principio de su política exterior. Mientras tanto, Brasil parte de una posición diferente: su escala económica, sus recursos estratégicos, su pertenencia a los BRICS y la profundidad de sus vínculos con Beijing le permiten sostener un margen de autonomía mayor y evitar que la competencia entre Washington y Beijing se traduzca automáticamente en una obligación de alineamiento. En ambos casos, la relación con Estados Unidos se administra desde una premisa común: cooperación no equivale a subordinación.
En cambio, Argentina ha optado por un alineamiento mucho más estrecho con Estados Unidos mientras intenta preservar relaciones económicas con China que no puede sustituir rápidamente. Eso convierte al caso Lamelas en una prueba especialmente relevante para la política exterior de Milei.
La pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar el alineamiento con Estados Unidos sin que una alianza estratégica termine otorgándole capacidad de veto sobre decisiones argentinas?
En esa frontera se juega mucho más que un acuerdo tecnológico en Neuquén. Se juega la diferencia entre ser aliado de una gran potencia y aceptar que esa potencia establezca los límites de la propia soberanía.
