El oficialismo de la Cámara de Diputados retomará la agenda legislativa y buscará avanzar esta semana con la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares.
La intención es sesionar el miércoles 8 de abril para convertir en ley la modificación de la norma 26.639, sancionada en 2010, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
Como paso previo, fue convocado para el martes 7 de abril a las 14 un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que se realizará en el Anexo C de la Cámara baja. Allí se desarrollará una reunión informativa con expositores invitados y luego, la intención del oficialismo es avanzar en la firma del dictamen.
La convocatoria se da tras las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, en las que participaron alrededor de 400 oradores —entre exposiciones presenciales y virtuales— sobre más de 100 mil inscriptos.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y otorgar a las provincias la facultad de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben incluirse o excluirse del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.
La iniciativa también busca modificar los criterios de protección para habilitar actividades económicas en determinadas zonas que actualmente se encuentran restringidas, especialmente en áreas periglaciales, y transferir mayores atribuciones a las jurisdicciones provinciales.
El oficialismo confía en reunir el quórum de 129 diputados y contar con los votos necesarios para la aprobación. El bloque de La Libertad Avanza suma 94 bancas y prevé el acompañamiento de legisladores de espacios aliados.
La reforma fue promovida por gobernadores de provincias con desarrollo minero, entre ellos Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, con el objetivo de fomentar inversiones en el sector.
Mientras tanto, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas cuestionaron el proceso de debate y anticiparon posibles acciones judiciales en caso de que la reforma sea aprobada.
