El Gobierno nacional sumó una nueva acción destructiva en el campo de los bienes culturales y el patrimonio intangible de los argentinos. A través del Decreto 687/2026 publicado este jueves 30 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, un organismo musical de excelencia con 59 años de trayectoria institucional y artística que dependía de la Secretaría de Cultura de la Nación.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Con esta resolución se elimina la estructura histórica creada en 1967, manteniendo únicamente bajo la órbita estatal al Coro Polifónico Nacional.
Se trata en este caso de una institución de formación artística y profesional profundamente ligada a la cultura musical argentina, el procedimiento incluye promesas abstractas acerca de posibles alternativas, que sin embargo por el momento no va más allá de una serie de buenas intenciones explicadas con títulos más o menos encantadores. Lo único cierto por el momento es que el Estado Nacional suprimió una de las instituciones de la actividad artística y cultural.
En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo argumenta de forma técnica que los objetivos de promoción que desarrollaba el emblemático organismo “pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio”. En su reemplazo, se ordenó la creación de un difuso “Programa de Formación Artística” destinado a niños y adolescentes.
La resolución no precisa cómo funcionará el nuevo programa, cuál será su modalidad de implementación, cuántos participantes tendrá ni cuándo comenzará a funcionar.
La disolución de la histórica entidad se precipitó luego de que trascendiera una parálisis en su funcionamiento cotidiano. Antes de emitir el Decreto 687/2026, la Secretaría de Cultura había paralizado los ensayos de Coro Nacional de Niños, argumentando que las contrataciones de los menores chocaban con las normativas vigentes contra el trabajo infantil (Ley 26.390) y las penalidades del Código Penal (Ley 26.847). La justificación burocrática fue que el Estado no podía “emplear” ni exigir contraprestaciones de tareas a menores de 16 años bajo el formato de un cuerpo artístico estable tradicional.
A pesar de que las autoridades del área habían asegurado inicialmente que se preservaría la institución resolviendo el “bache” legal, la salida elegida por la administración de Milei fue la eliminación lisa y llana de este cuerpo estable. En lugar de dictar una reglamentación excepcional para los niños músicos de los Elencos Estables -como ocurre en las escuelas de danza o el Teatro Colón-, el Gobierno utilizó la incompatibilidad con la Ley 26.390 como argumento técnico para disolver la estructura histórica. Al transformarlo en un “Programa de Formación Artística”, la relación jurídica cambia: los niños coreutas dejan de ser integrantes de un cuerpo estatal con obligaciones contractuales y pasan a ser “alumnos” o “beneficiarios” de un taller pedagógico. De esta forma, el Ejecutivo elude los límites de la ley de trabajo infantil, pero a costa de dar de baja el elenco profesional.
La noticia provocó un inmediato impacto en el sector de la música académica y de la gestión cultural, donde se advierte sobre la pérdida irreversible de un espacio de alta performance profesional que servía, además, como socio artístico histórico de la Orquesta Sinfónica Nacional para abordar obras de máxima complejidad universal.
Tras conocerse la publicación del decreto, la destacada directora María Isabel Sanz –que lideraba de forma intachable la agrupación coral infantil desde el año 2010– decidió no continuar al frente del espacio institucional propuesto por el Gobierno, marcando una distancia ética y profesional frente al desguace.
La Secretaría de Cultura tampoco definió quién estará a cargo de coordinar el nuevo programa ni bajo qué condiciones pedagógicas se sostendrán las actividades de las infancias afectadas por la disolución.
