Cuando los peruanos acudan a las urnas este domingo, elegirán al noveno presidente del país en una década. La cifra refleja la profundidad de una crisis política marcada por destituciones, renuncias, gobiernos transitorios y persistentes conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, configurando uno de los períodos de mayor inestabilidad institucional de América Latina.
Sin embargo, la singularidad de esta elección no reside únicamente en la disputa entre la derechista Keiko Fujimori, una de las figuras más conocidas y polarizantes de la política peruana contemporánea, y el izquierdista Roberto Sánchez, cuya llegada al balotaje alteró buena parte de los pronósticos previos a la primera vuelta. Tampoco en unas encuestas que anticipan una definición extremadamente ajustada.
El próximo presidente asumirá, además, en un escenario institucional distinto al que caracterizó al país durante los últimos treinta años.
Por primera vez desde comienzos de la década de 1990, Perú volverá a contar con un Congreso bicameral integrado por una Cámara de Diputados y un Senado. La reforma pone fin a una etapa iniciada tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, cuando el entonces mandatario disolvió el Congreso y promovió una nueva Constitución que reemplazó el histórico sistema bicameral por una legislatura unicameral.
Aquella transformación respondió a una lógica política específica: reducir los contrapesos institucionales, acelerar la toma de decisiones y fortalecer al Poder Ejecutivo en un contexto atravesado por la crisis económica y la lucha contra Sendero Luminoso, la organización guerrillera maoísta que durante las décadas de 1980 y 1990 protagonizó uno de los conflictos internos más violentos de la historia peruana.
El sistema unicameral instaurado entonces permaneció prácticamente inalterado durante más de tres décadas. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a hacerse más visibles algunas tensiones asociadas al funcionamiento del sistema político, especialmente en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
A diferencia de la mayoría de los regímenes presidenciales de la región, el Congreso podía declarar la vacancia presidencial por "incapacidad moral permanente", una figura incorporada al constitucionalismo peruano desde el siglo XIX y originalmente vinculada a la imposibilidad de ejercer el cargo por razones de discernimiento o capacidad mental.
Con el paso del tiempo, el concepto fue adquiriendo una interpretación cada vez más amplia, hasta convertirse en un instrumento de confrontación política entre el Legislativo y el Ejecutivo. En la práctica, la amenaza de destitución pasó a formar parte habitual de la vida política peruana y, en algunos casos, los procesos avanzaron en cuestión de horas, contribuyendo a profundizar la fragilidad presidencial.
La reintroducción del Senado debe leerse en ese contexto.
Sus promotores sostienen que una segunda cámara puede contribuir a mejorar la calidad legislativa, fortalecer los mecanismos de control y reducir algunos de los incentivos que favorecieron la confrontación política permanente.
En cambio, sus críticos observan la reforma con cautela. Recuerdan que el retorno al bicameralismo había sido rechazado por los votantes en un referéndum celebrado en 2018 y advierten que la modificación fue impulsada por un Congreso cuya imagen pública se encuentra entre las más deterioradas del país.
Más allá del debate sobre sus posibles efectos, el retorno del bicameralismo introduce nuevos filtros institucionales en la toma de decisiones políticas. Entre ellos, la participación de ambas cámaras en procedimientos que hasta ahora recaían exclusivamente sobre el Congreso unicameral, incluyendo aquellos relacionados con una eventual vacancia presidencial.
La elección de este domingo también presenta particularidades desde el punto de vista político.
La hija de Alberto Fujimori llega a la segunda vuelta después de haber encabezado la primera ronda con poco más del 17 por ciento de los votos. En tanto, Roberto Sánchez obtuvo apenas el 12 por ciento y logró acceder al balotaje tras un prolongado escrutinio que reflejó el elevado nivel de fragmentación del sistema partidario peruano.
Ninguno de los dos candidatos consiguió construir una mayoría electoral significativa en la primera instancia. Por el contrario, ambos emergieron de una competencia en la que participaron 34 postulantes presidenciales y en la que la dispersión del voto volvió a evidenciar la debilidad de las estructuras partidarias nacionales.
Ese dato ayuda a comprender uno de los desafíos centrales que enfrentará el próximo presidente.
Más allá de quién resulte vencedor, deberá gobernar una sociedad políticamente fragmentada y un Congreso dividido, aunque menos atomizado que en procesos anteriores. Las proyecciones parlamentarias sugieren que ninguna fuerza contará por sí sola con capacidad suficiente para imponer su agenda, lo que obligará a negociar acuerdos legislativos de manera permanente.
A ello se suma una agenda particularmente compleja.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos, impulsada por el avance del crimen organizado, las redes de extorsión, el narcotráfico y una creciente percepción de pérdida de control estatal en determinadas regiones del país. La cuestión se ha instalado en el centro del debate público y aparece de manera recurrente entre las principales demandas ciudadanas hacia la dirigencia política.
En paralelo, la minería informal e ilegal ha adquirido una influencia económica, social y territorial cada vez mayor. El régimen de formalización minera conocido como REINFO, concebido originalmente como una herramienta transitoria para incorporar pequeños productores a la economía formal, terminó convirtiéndose en uno de los temas más sensibles de la campaña.
Se estima que alrededor de medio millón de personas dependen directa o indirectamente de la pequeña minería y de los mecanismos de formalización asociados al REINFO, mientras el oro producido fuera de los circuitos plenamente regulados ya representa cerca de la mitad de las exportaciones auríferas del país.
La cuestión excede el plano económico.
En diversas zonas del territorio peruano, la expansión de la minería informal ha ido acompañada de conflictos ambientales, disputas por el control territorial y denuncias sobre la presencia de organizaciones criminales vinculadas al comercio ilegal de oro. Cualquier intento de reformar o eliminar el régimen vigente supone, por lo tanto, importantes costos políticos y sociales para el próximo gobierno.
Al mismo tiempo, la actividad se ha consolidado como una fuente de sustento para amplios sectores de la población en regiones históricamente postergadas por el Estado. Esa combinación de peso económico, arraigo territorial y capacidad de movilización explica por qué la minería informal se ha transformado en uno de los dilemas más complejos para cualquier administración peruana.
La elección de este domingo definirá quién conducirá el país durante los próximos años y deberá afrontar una agenda marcada por desafíos económicos, sociales e institucionales de gran complejidad. La incógnita de fondo, sin embargo, es si las nuevas reglas serán eficaces para producir algo que Perú no ha conseguido durante la última década: gobiernos capaces de completar su mandato.
