Durante los últimos veinte años, la principal batalla de Keiko Fujimori no fue parecerse a su padre, sino convencer a los peruanos de que podía heredar su capital político sin quedar atrapada por su legado. Esa tensión terminó definiendo su carrera y explica, mejor que ninguna otra cosa, cómo llegó finalmente a la presidencia del Perú.
Su victoria no sólo marca el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno después de casi tres décadas. También representa el desenlace de una de las trayectorias políticas más singulares de América Latina: la de una mujer cuya vida pública comenzó mucho antes de decidir dedicarse a la política y que pasó más de dos décadas intentando responder una pregunta de la que nunca logró escapar del todo: dónde terminaba Alberto Fujimori y dónde empezaba ella.
Tenía apenas 19 años cuando asumió como primera dama, luego de que el entonces presidente se separara de su esposa, Susana Higuchi, en medio de una ruptura familiar que ocupó durante meses la escena pública peruana. De un día para otro dejó de ser simplemente la hija del presidente para convertirse en la representante protocolar del gobierno. Aquella experiencia la introdujo en el ejercicio del poder cuando la mayoría de los jóvenes de su edad apenas comenzaban la universidad y la convirtió, desde muy temprano, en una pieza inseparable de la historia del fujimorismo.
El derrumbe del régimen llegó en el año 2000. La difusión de los llamados “vladivideos” —grabaciones secretas en las que Vladimiro Montesinos, el poderoso jefe del servicio de inteligencia y principal asesor de Alberto Fujimori, aparecía sobornando a políticos y empresarios para asegurar el control del poder— precipitó el colapso del gobierno. Fujimori viajó a Asia y renunció por fax desde Japón. Años más tarde sería extraditado desde Chile y condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Fue entonces cuando Keiko tomó la decisión que marcaría toda su carrera política. En lugar de tomar distancia del legado de su padre, decidió convertirse en su heredera. No heredó solamente un apellido. Heredó un electorado, un relato y una identidad política que seguía despertando adhesiones y rechazos con una intensidad poco habitual en América Latina.
Para una parte importante de los peruanos, Alberto Fujimori fue el presidente que derrotó a Sendero Luminoso—la organización guerrillera maoísta que durante las décadas de 1980 y 1990 sembró el terror con atentados, asesinatos y masacres—, puso fin a la hiperinflación, estabilizó la economía e impulsó una nueva Constitución en 1993 que redefinió el modelo económico peruano al fortalecer la economía de mercado, fomentar la inversión privada y reducir el papel del Estado. Esa Constitución, aprobada después del autogolpe de 1992, sigue vigente hasta hoy.
Para otra, en cambio, representaba el autoritarismo, la corrupción y una política de seguridad que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, derivó en graves violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que sería condenado años más tarde. A ello se sumó la controversia por el programa de esterilizaciones forzadas aplicado durante su gobierno, que afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas y dio lugar a una de las investigaciones judiciales más sensibles de la historia reciente del Perú.
Esa fractura terminó organizando buena parte de la política peruana durante las dos décadas siguientes. Keiko Fujimori entendió muy pronto que esa polarización no era solo un obstáculo: también constituía la base electoral sobre la que podía construir su carrera política. Mientras el antifujimorismo articulaba a sus adversarios, el recuerdo del gobierno de su padre seguía garantizando un piso electoral extraordinariamente sólido.
Sobre esa base levantó Fuerza Popular, el partido que terminó convirtiéndose en la principal expresión del fujimorismo. El desafío consistía en transformar un liderazgo personal en una organización capaz de trascender a Alberto Fujimori y preservar su capital político. Durante años administró uno de los electorados más leales del Perú, un voto duro que la sostuvo incluso después de tres derrotas presidenciales consecutivas.
Pero el mismo apellido que la mantenía competitiva también limitaba su crecimiento. En cada elección reaparecía el mismo fenómeno: mientras conseguía llegar a la segunda vuelta, también lograba reunir detrás de su adversario a un amplio frente cuyo único punto de coincidencia era impedir su llegada a la presidencia. El antifujimorismo terminó convirtiéndose casi en una identidad política propia. Mientras acumulaba derrotas electorales, acumulaba poder.
Entre 2016 y 2021, Fuerza Popular dominó el Congreso y ejerció una oposición particularmente confrontativa. Interpelaciones, censuras de ministros, bloqueos legislativos y enfrentamientos permanentes con el Poder Ejecutivo marcaron una etapa de enorme tensión institucional.
Su bancada fue decisiva en la caída de Pedro Pablo Kuczynski y protagonizó los choques con los gobiernos que lo sucedieron. Sería injusto atribuir la crisis política peruana exclusivamente al fujimorismo, porque la fragmentación partidaria y la debilidad presidencial también fueron factores centrales. Pero también resulta difícil explicar esa década sin el papel desempeñado por Fuerza Popular como uno de los principales actores de la confrontación política.
Esa trayectoria explica uno de los principales desafíos que enfrenta al llegar a la presidencia. Durante años construyó su discurso alrededor de la necesidad de devolver gobernabilidad al Perú, aunque buena parte de su experiencia política transcurrió ejerciendo poder desde la oposición y al frente de la principal fuerza parlamentaria del país. Desde ahora será su propio gobierno el que deba responder a las demandas de gobernabilidad que durante años reclamó desde la oposición.
En ese recorrido también hubo un episodio que modificó su imagen y, según ella misma, su manera de entender la política. Entre 2018 y 2020 pasó más de un año en prisión preventiva, acusada por la fiscalía de liderar una organización criminal y de haber recibido aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales. Siempre rechazó esas acusaciones y recuperó la libertad mientras continuaban las investigaciones.
Sin embargo, desde entonces suele describir ese período como una experiencia transformadora. En distintas entrevistas aseguró que la cárcel fortaleció su fe católica, la acercó a la lectura cotidiana de la Biblia y cambió su forma de mirar el poder, el resentimiento y el perdón.
A esa transformación personal se suma otra, mucho más visible, en el terreno político. La candidata que asumirá la presidencia ya no se expresa como la dirigente que disputó las elecciones de 2011 o 2016. Su discurso se volvió más moderado y desplazó el foco desde la reivindicación del legado paterno hacia la estabilidad, la seguridad ciudadana y la gestión.
En los últimos meses también desplegó una clara estrategia de reposicionamiento público. Multiplicó las entrevistas con periodistas de gran audiencia, moderó el tono de sus intervenciones y buscó proyectar una imagen más institucional que partidaria. El objetivo fue reducir el nivel de rechazo que durante años limitó su crecimiento electoral y construir una figura presidencial capaz de trascender al propio fujimorismo.
La historia familiar tampoco quedó al margen de esa construcción política. Keiko no fue la única hija de Alberto Fujimori que decidió dedicarse a la política. Su hermano menor, Kenji, también llegó al Congreso y durante varios años fue una de las figuras con mayor popularidad dentro del fujimorismo. Incluso hubo quienes lo consideraban un eventual sucesor natural del liderazgo construido por su padre.
Sin embargo, las diferencias entre ambos fueron creciendo hasta convertirse en una abierta disputa por la conducción del movimiento. Mientras Kenji privilegiaba una relación más personal con la figura de Alberto Fujimori y apostaba por una estrategia más pragmática —que incluyó negociaciones con otros sectores y un papel decisivo en el indulto concedido a su padre en 2017—, Keiko optó por fortalecer Fuerza Popular como una organización disciplinada y con una conducción centralizada.
La ruptura terminó dividiendo a la familia, pero también dejó en claro que el liderazgo del fujimorismo ya no dependía únicamente del apellido: dependía de quién controlara la estructura política. Mientras Keiko consolidó ese liderazgo hasta convertirse finalmente en presidenta, Kenji fue perdiendo protagonismo, quedó fuera de la vida parlamentaria y terminó alejándose de la actividad política. En la campaña de 2026 incluso rechazó respaldar públicamente a su hermana y aseguró que no tenía intención de regresar a la política.
Después de más de veinte años preparándose para llegar al poder, comienza para Keiko una etapa completamente distinta. Durante ese tiempo aprendió a resistir, confrontar, negociar y sobrevivir políticamente. Desde ahora deberá construir acuerdos, administrar un Estado debilitado y gobernar un país profundamente polarizado, donde las instituciones todavía arrastran las secuelas de una larga crisis política.
La presidencia le ofrece, por primera vez, la oportunidad de construir un legado propio. El verdadero examen ya no consistirá en administrar la herencia política de Alberto Fujimori, sino en demostrar que puede gobernar con una impronta propia. Hasta aquí llegó impulsada por una historia que no empezó con ella. Lo que ocurra a partir de ahora ya le pertenecerá por completo.
