“Trigo hay. El problema son los precios regulados de la harina que puso el gobierno”. Esa fue la conclusión a la que arribo el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, luego de la última reunión de la “Mesa Intersectorial de Trigo” que se realizó el miércoles pasado de manera virtual.
El desafío que tiene hoy el agro y sus industrias es armar entre ellos una fórmula consensuada que convenza al gobierno nacional de que no es necesario frenar las exportaciones de trigo y harina para evitar que sigan subiendo los alimentos, en este caso los panificados con el pan como emblema. Y las negociaciones son contra-reloj porque la inflación que no cede mete presión a los funcionarios para tomar cartas en el asunto.
Despejado un poco el panorama con el maíz luego de que los exportadores (que habían anticipado compras) le vendieran grandes cantidades a los consumidores mayoristas (sobre todo avícolas) que se quejaban ante el gobierno que los acopios y productores no les vendían, la tensión está puesta ahora sobre el trigo.
En ambos casos, granos no faltan sino que lo que ocurre es que subió su cotización y hay poca necesidad de los productores, acopios y cooperativas por vender el que tienen almacenado y tener que quedarse en pesos ante la devaluación permanente. También en ambos casos hay preferencia de los vendedores de entregarle a exportadores porque ofrecen mejores condiciones comerciales que las industrias, en este caso la molinería.
Pero también hay dos grandes diferencia. Una que facilita la resolución del entuerto y es que en el caso de los molinos, a diferencia de los consumidores avícolas o los feedlots, hay más gimnasia de operar en mercados de futuro para abastecerse con previsión del cereal, y no en vano así como en estos días casi no se operó trigo disponible si estuvo muy activa la compra de trigo para noviembre.
Pero la otra diferencia, que es a la que hace referencia Nasini, complica más la situación frente al caso del maíz y es que el gobierno mantiene congelado el precio de la harina con los valores de marzo ($30 el kilo) cuando los costos de los molinos siguieron subiendo (el trigo, que es el 80% del costo, aumentó de $13.200 a $20.000 la tonelada) y por eso las industrias atraviesan un gran estrés financiero que está provocando que muchas produzcan menos para dejar de operar a pérdida, generando así tensión en la cadena de panificadoras porque es más difícil conseguir la harina.
Es en ese margen chico de maniobra es el que se mueve la Mesa Intersectorial del Trigo, de la que participan todos los actores del negocio (productores, Bolsas, Mercados, molineros, exportadores, acopios, cooperativas, corredores), para encontrar algunas fórmulas que permitan mejorar la situación de la molinería impactando lo menos posible en los precios finales de los panificados.
Según el memo de la última reunión de la Mesa, al que tuvo acceso Rosario3, estos fueron los cuatro últimos puntos consensuados que le llevarán al gobierno
1) “Las cifras de producción, expectativas de exportación y de consumo interno no evidencian un problema de existencias por lo que no deben aparecer problemas para lograr las previsiones de abastecimiento interno para el 2021 en cuanto a volumen. En ese contexto, la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) dejó expresada que el sector tiene problemas de escasez de oferta, frente a la baja disposición de los productores de vender trigo.
2) En relación al tema impacto del trigo en los productos en el mercado interno, se consensuo solicitar al Gobierno que realice un estudio rápido pero concluyente de las estructuras de costos en los productos de consumo al público, que se encuentran amparados bajo precios máximos y la incidencia real del insumo trigo en los mismos. Para ello la Mesa de Trigo estará participando de ese estudio y aportando información y análisis.
3) En relación al Programa de Precios Máximos, la Faim expreso que está congelado el precio de la harina de trigo desde marzo del año pasado mientras que la inflación fue del 36% y la devaluación fue del 36. % por lo tanto la Mesa de Trigo solicita al gobierno que establezca una fórmula de actualización de precios acordes con los valores actuales del trigo y de los índices inflacionarios previstos durante el año.
4) Finalmente, se solicitará al Gobierno que defina los productos de consumo directo que se encontraran en el programa de precios máximos y/o similares, durante 2021 y que propuestas de compensación a elaboradores tiene pensado implementar a los efectos concretos que la Mesa del Trigo evalúe opciones y alternativas. En ese sentido, Faim informo que el producto de consumo directo es el paquete de harina de 1 kg de venta al público, que significa aproximadamente el 10 % del total de molienda anual.
Precisamente, la apuesta del sector es que como el programa de precios máximos que arrancó con la pandemia (y su vigencia se fue renovando) vence este 31 de enero, al volver renovarlo (como se supone que hará el gobierno) disponga una actualización del precio de la harina que alivie el estrés financiero de los molinos. Aumento que si bien tendrá impacto en el precio de los panificados, sería contenido (ya que el sector sostienen que los impuestos, los alquileres, la energía y los salarios tienen más peso el costo del kilo del pan que la harina) y al mismo tiempo serviría para reducir la escasez de harina.
Según consta en el memo elaborado al término de la reunión de la Mesa, la Federación Agraria reiteró la propuesta que ya hizo pública de explorar mecanismos de subsidio a la demanda de los sectores más necesitados, a través de quitas y / o rebajas de IVA para los productos farináceos de la canasta básica, a través de la Tarjeta Alimentar.
Lo cierto es que cuando se formalice la propuesta de la Mesa del Trigo, la pelota quedará del lado del gobierno. ¿Recorrerá ese camino señalado por la producción o recurrirá a su fórmula de subir retenciones y, lo que tiene más a mano (ya que no necesita ley del Congreso) que es frenar exportaciones para bajar precios ante la menor competencia?
En el campo se dividen entre optimistas y pesimistas. Y también están los que creen que, al final de cuentas, la fórmula de salida será un acuerdo no blanqueado entre exportadores y el gobierno de suspensión voluntaria temporal de exportaciones desde mediados de año hasta diciembre, cuando llega la nueva cosecha de trigo (y similar a lo que ocurrió en 2020), para relajar la presión de los precios del trigo y la harina en las góndolas. Una resolución del conflicto que perjudicaría al productor, pero que lo dejaría también con poco margen para quejarse y protestar ante gobierno ya que los registros de exportación de esos productos seguirían abiertos siendo el sector empresario el que no despacha mercadería al exterior.
