La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la extensión por 4 años de la ley de biocombustibles, que vencía a fin de 2020. La regulación vigente prioriza a las industrias pymes a la hora de abastecer a la petroleras para el corte obligatorio de los combustibles con biodiesel (gasoil) y bioetanol (naftas). Ahora, el tema pasó a la Cámara de Diputados. El plan de los senadores es debatir una nueva ley que mejore la actual. En ese sentido, las Liga Bionergética (que reúne a las provincias y empresas del sector) ya presentó una iniciativa. El tema es de vital importancia para la economía de Santa Fe ya que las principales empresas del sector están instaladas en la provincia.
La ley que ahora se prorroga generó un mercado asegurado (el de las compras de las petroleras) que permitió un fuerte desarrollo de fábricas independientes, mientras dejó libre para la exportación al los grandes complejos aceiteros. Esa regulación, que el gobierno anterior tanto de desregular, viene crujiendo y por eso hay proyectos de una nueva ley que la mejore. El principal punto que se discute es que los precios que fija el Estado dependen de los funcionarios de turno y no son de actualización automática. Con todo, los sectores empresarios pyme involucrados festejaron la extensión de la vigencia porque, para ellos, el peor escenario era la liberalizacion del mercado.
“Cepreb, la cámara que agrupa a todos los productores pymes regionales de biocombustibles, apoya firmemente esta resolución, ya que gracias a este marco normativo se creó un verdadero desarrollo de las economías del interior, y elevó a la industria argentina de biodiesel a la vanguardia internacional”, señaló la entidad en un comunicado. “Se otorgará previsibilidad al sector pyme de biodiesel y a todo el entramado productivo del sector agrícola y de la agroindustria, y se está revalorizando esta Ley que nace como una verdadera Política de Desarrollo Federal, ya que promueve la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones, la sustentabilidad medioambiental, el federalismo y el trabajo argentino”, agrega la Cepreb.
Por su parte, la senadora María de los Ángeles Sacnun, impulsora de la prórroga, sostuvo que “la industria de los biocombustibles no está subsidiada sino regulada y desde hace varios años viene sufriendo precios y políticas que la perjudican, poniendo en vilo los miles de puestos de trabajo directos e indirectos, que ésta genera”.
Según la legisladora, la aprobación “es un aporte a la integralidad de la problemática que hoy presenta la producción de biocombustibles, pero que conjuntamente con el aumento del 10 por ciento de los precios, es una señal de que el parlamento de la Nación y el Estado Nacional se abocan a solucionar los problemas de un sector que ha sido muy dinámico para nuestra economía”.
Santa Fe, aporta 570 mil toneladas año del millón 70 mil toneladas que se requiere en el corte interno y de ese total, el 41 por ciento lo hacen las pequeñas plantas, casi 30 por ciento las medianas y el 29 las grandes plantas integradas, con una facturación de 400 millones de dólares y entre los 300 mil puestos de trabajo, directos e indirectos que genera el sector, 1.080 empleos directos y 5400 indirectos, representan a la provincia.
