El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahilo, convocó para este jueves a las 18 a una reunión cumbre de todas las entidades empresarias del agro y sus industrias para definir medidas que eviten una disparada del precio de la harina a fin de año. Y ante la amenaza de que se dispare el precio del pan, sobrepasando incluso los aumentos registrados en los últimos días, asoma la posibilidad de que se disponga un cierre de exportaciones.
La Federación de la Industria Molinera (FAIM), una de las principales cámaras de ese sector empresario, viene avisando al gobierno nacional de que por la mala cosecha de trigo a raíz de la sequía y las compras de cereal que adelantó la exportación, será tanto el magro el saldo que dejará la campaña que el precio del trigo se disparará, pudiendo llegar incluso a superar el valor de la soja. Es en ese contexto, que entró en danza la posibilidad de cerrar las exportaciones de trigo a la espera de ver el impacto final de la seca en la producción.
Si bien el Ministerio de Economía de la Nación quería convocar solo al sector exportador (reunido en el Centro de Exportadores de Cereales, CEC), los traders pidieron ampliar el encuentro a todos los sectores, desde la Mesa de Enlace a las Bolsas cerealeras pasando por acopiadores, cooperativas y corredores; en pos de de que nadie pueda sacar los pies del plato y tengan que aparecer todos en la foto con el gobierno.
Es que una mayor regulación sobre las exportaciones plancharía el precio del trigo (a pedir de los molineros, incluso también con un efecto positivo para los costos de los exportadores), afectando a los sectores productores y vendedores del cereal.
No obstante, hay entidades de las que los exportadores pidieron que se convoquen que no recibieron invitación oficial alguna de Agricultura, como las Bolsas. Más allá de la urgencia de la convocatoria de armar una reunión de un día para otro, hay malestar en algunas entidades empresarias porque en la invitación recibida no se precisó el tema a tratar.
A grandes rasgos, hay embarques comprometidos de trigo para diciembre y enero (meses principales de cosecha) por 5 millones de toneladas, y la exportación tiene ya comprados tres millones. Si los exportadores salen a comprar el cereal que les falta, en el marco de una campaña al rojo por la pérdida de producción a raíz de la seca, el precio se puede disparar ya desde las próximas semanas. Y por eso las definiciones son inminentes.
El cierre de exportaciones es una medida que sabe muy bien en el paladar kirchnerista, que viene reclamando más medidas contra las cerealeras. Y si bien al ministro de Economía, Sergio Massa, no le cierra operativa e ideológicamente un cierre de despachos, también necesita mostrar medidad que contenga la inflacion, sobre todo de la canasta básica. Y las medidas necesitan esa “bendición papal” de Cristina (y su referente económico, Axel Kicillof).
Pero como los exportadores de granos vienen de adelantarle (vía el dólar soja que rigió en septiembre) a la administración liquidaciones por casi 8.000 millones de dólares, que salvaron a las reservas del Banco Central del KO, hay margen para que los traders negocien una salida no tan drástica para ellos.
En ese marco, la que suena es que le permitan diferir embarques por los 2 millones de toneladas hacia mediados de año. Si bien ese diferimiento tiene costos (y le generará ruidos con los importadores, sobre todo de Asia), es menor el daño que el cierre de despachos. Sobre todo porque Brasil, que es el principal cliente (y el que menos tolera políticamente los desplantes comerciales argentinos) también concentra el grueso de sus compras también más entrado el año calendario.
El gobierno viene de fracasar en su intento de controlar el precio del pan vía un fideicomiso que le subsidiaba el precio del trigo a las industria molinera ya que sólo un puñado de empresas (y grandes) ingresó, quedando el grueso afuera y por ende pagando el trigo con aumento y trasladando esa suba al valor de harina, quedando finalmente en góndola el precio del pan encarecido. La razón por la que más de la mitad de los molinos no ingresó al fideicomiso queda en el terreno de la controversia. Para los industriales, las exigencias eran difíciles de cumplir, mientras que para el gobierno es por la alta informalidad de un negocio que mueve el 30% en negro.
