El fiscal Miguel Moreno le imputó este mediodía al financista rosarina Daniel Casanovas cinco nuevos hechos de defraudación. También fue imputada su esposa Samanta Bravo.
Las imputaciones por estafa de hoy, que se hicieron en el marco de una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se suman a que ya acumula por 4 millones de dólares y están derivadas de su default en 2019 por más de mil millones de pesos y que alcanzó tanto a sus negocios financieros como agropecuarios.
Los nuevos casos están vinculados a maniobras a través de una mutual de Entre Ríos (con domicilio de Rosario), que no había aparecido en la primera tanda de investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
En la audiencia, que tuvo como magistrada a Valeria Pedrana, también quedaron imputados Silvina Casanovas, Fernando Gatti, Martín González y Mario Testoni.
Puntualmente, las calificaciones legales de las imputaciones fueron estafa en grado de co autores a Silvina Mariela Casanovas y Daniel Andrés Casanovas, Martín González, Fernando Gatti y Verónica Bravo, ; Administración Fraudulenta, en concurso real con Estafa, en grado de co-autor a Daniel Andrés Casanovas, Silvina Casanovas y Fernando Agustina Gatti, y Estafa, en calidad de coautor a Mario Antonio Testoni.
El fiscal acusó a Casanovas de haber utilizado a la “Asociación Mutual Productores y Asesores de Seguros de Entre Ríos”, con domicilio en calle San Lorenzo 1761 (Rosario), como plataforma para la captación de ahorros públicos con el objeto de defraudar. Por ejemplo, en mayo cuando ya estaba en situación de default, recibió depósitos de un ahorrista por u$s 13.116 y $401.085. Y de otro ahorrista recibió u$s70.049. A otro ahorrista le tomó u$s 16238 y $64.826. Nada de esa plata devolvió.
Además, como titular de la agencia de bolsa Daniel Casanovas y Asociados, también se le imputa “haber tomado parte en la comisión de una serie de maniobras ilícitas consistentes en operaciones de transferencias bancarias y de compraventa de dólares y de títulos valores, en pesos y en dólares usando los fondos confiados para su administración por los clientes para procurar para sí y/o para terceros un lucro indebido no siendo inversiones ordenadas por sus clientes. Por ejemplo, “en Septiembre del año 2019 se le imputa haber sustraído la totalidad de los activos que se encontraban en la cuenta comitente Nro. 11386, cuyo saldo era de $14.629 y u$s 26.127, procurando para sí o para terceros un lucro indebido”.
Y como presidente de la agropecuaria Cereales del Sur (CDS, con base en Jujuy) y la Compañía Argentina de Warrants (domiciliada en Entre Ríos), se le imputa que insistió para que un inversor le confiera un préstamos de u$s25.000 a la cerealera (garantizado por cheques de la warrantera) por el plazo de 180 días para ser devuelto el 30/12/19 con una interés del 20% anual; fondos que nunca devolvió. A otro le pidió u$s11.000 para CDS.
Medidas cautelares
En este caso, la Fiscalía solicitó que se extiendan las cautelares ya ordenas en audiencias anteriores (embargo de cuentas, inhibición general de bienes, inmovilización de fondos bancarios y prohibición de salir del país) y, en concreto, para Daniel Casanova (quién se había radicado en Salta) se dispuso la obligatoriedad para que se cada 18 días se presente en la Oficina de Gestión Judicial de Rosario.
Su esposa, también radicada en Salta, en cambio, no tendrá que viajar pero sí presentarse cada 15 días en una comisaria de la zona en la que se mudó
Como novedad, la Justicia ordenó la prohibición de no innovar sobre titularidad de cuotas sociales respecto de Karmel Montessori SRL, el colegio de Funes que también integra parte del patrimonio de la familia. La posibilidad de venta había despertado sospechas de los ahorristas. También se decretó que no puede disponer la venta de su domicilio en Funes Hills (Miraflores) y de sus otras propiedades: Condominios del Alto I, torre Vanzo; lotes en Santiago del Estero, del inmueble sito en calle Virasoro 1162/64/68 de Rosario.
Financista en caída
A principio de año, y apremiado por las investigaciones penales, Casanovas había activado una nueva ronda de conversaciones para lograr un entendimiento con sus acreedores financieros con mira a frenar el proceso penal en su contra. Pero el éxito de la ronda de adhesiones al nuevo fideicomiso que pretendía armar no fue tal, en gran parte porque las garantías no convencieron a sus ex inversores.
La caída del grupo provocó el envío a convocatoria de su empresa agropecuaria Cereales del Sur (CDS), que concentró el grueso de los pasivos del grupo por granos que recibió y no pagó. Ese concurso, que arrancó a finales de 2019, viene muy retrasado ya que en la actualidad el juzgado está vacante. Otra de sus empresas, la financiera Rosario E Trade también fue a concurso con una deuda menor a los 100 millones de pesos, pero en ese caso está esperando la homologación de la oferta de pago acordada con los acreedores.
Como CDS también tenía emitido cheques garantizados con warrants de granos que no pagó, la fórmula que encontró fue el armado de un fideicomiso (con uno de sus campos de garantía y bajo tutela del Mercado Argentino de Valores) que le fue pagando en cuotas a quienes por los cheques rebotados a los que adherían. Ese convenio, que fue por unos 250 mil dólares, funcionó bien y se cerró a fines de 2021. Y es lo único que pagó bien. Ya que los otros convenios con inversores no bursátiles (sobre todo los de montos menores) no los cumplió, y a las pocas cuotas dejó de pagar lo prometido, incurriendo así en un nuevo default, que activó otra tanda de denuncias penales.
A principio de año, intentó reeditar al fideicomiso como fórmula para pagar a grandes los inversores que operaban con su agencia de Bolsa y que desde la caída de 2019 nunca más vieron el dinero, quedándose con cheques no garantizados de Casanovas que les rebotaron. Pero en la estructuración de este nuevo fideicomiso hubo muchos ceños fruncidos de los ahorristas. Primero, el fiduciario es una persona física que, aseguran, nada tiene que ver con Casanovas, pero pocos le creen. El empresario sostiene que el nuevo fideicomiso puede absorber deudas por hasta 3 millones de dólares y pone como garantía un campo en Salta que no es el campo de la concursada CDS.
