“Va a haber un fortalecimiento de la Unidad de Delitos Económicos Complejos”, anunció este martes la fscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, durante una entrevista realizada en Radiópolis, por Radio 2.
Tras la salida del fiscal a cargo de esa unidad, Miguel Moreno, quien asumió como juez camarista, el puesto quedó en manos del fiscal Sebastián Narvaja. Pero ese no será el único cambio. “Se está reformulando la unidad. Vamos a sumar dos fiscales. La resolución está al salir y el fiscal regional, Matías Merlo, será quien dará las novedades”, anticipó la funcionaria.
La Unidad de Delitos Económicos complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) viene adquiriendo protagonismo en Rosario por las investigaciones que dejaron tras las rejas a importantes empresarios, imputados por múltiples y millonarias estafas, como los directores de Vicentín, el financista Luis Herrera o los agentes de Bolsa, Daniel Casanovas y Pablo Arcamone, entre muchos otros.
A diferencia de otras plazas financieras, como Córdoba, Mendoza y la propia capital federal, Rosario se destacó en los últimos tiempos por la cantidad de casos que salieron a la luz vinculados a estafas financieras por parte de empresarios de renombre que terminan recorriendo los pasillos del Centro de Justicia Penal.
Pero así como se valora la iniciativa de los fiscales de la provincia de investigar los llamados delitos de guante blanco, también aparecieron críticas de abogados penalistas por lo que, entienden, es una tendencia de llevar al fuero penal cuestiones más vinculadas a crisis económicas, propias de los juzgados civiles y comerciales.
“Muchas investigaciones se trabajan en razón de las denuncias presentadas por estafas y otros delitos económicos. Para nosotros es muy importante, y a veces no es fácil, establecer un límite de cuando es un conflicto civil y comercial y cuando hay un delito. Y, en principio, ya hay una circular del Fiscal Regional donde se establece que sea priorizado los casos en los que haya una multiplicidad de víctimas y haya causado una conmoción social, por ejemplo cuando se pierden todos los ahorros de las familias, por más que no sean sumas millonarias”, explicó Vranicich.
“El MPA no está para que vengan a dirimir cuestiones dinerarias”, dijo la fiscal general, y luego criticó que “hay casos en los que después de años en los que los equipos de fiscales trabajaron mucho respondiendo a denuncias por delitos económicos, incluso con querellantes impulsando penas de prisión efectiva a los imputados, un día aparecen que llegaron a un acuerdo con los defensores y piden que miremos para el costado y firmemos suspensión de juicio a prueba”.
Finalmente, Vranicich destacó sobre la persecución de delitos económicos que “el objetivo priorizado del MPA son las violencias altamente lesivas. Y en lo que hace de delitos económicos será priorizado lo que tenga relación con la circulación ilegal de dinero que provenga de las violencias altamente lesivas”.
