Los financistas en apuros con la Justicia penal suelen buscar que las investigaciones en su contra se diriman en los tribunales federales porque tienen el convencimiento de que allí las causas avanzan a un ritmo más calcino y pachorriento. En la mayoría de los casos, el intento de los investigados no tiene éxito, tal como le ocurrió ahora al ex titular del mercado de futuros (Rofex), Luis Herrera, a quien un tribunal de alzada le rechazó este miércoles un planteo de incompetencia de la Justicia provincial por lavado.
En efecto, la defensa del malogrado financista (cuyo default sacude todavía la city y se estima en más de 30 millones de dólares) había apelado el dictamen de primera instancia, pero la jueza de segunda Gabriela Sansó se lo rechazó, quedando -entonces- el caso de Herrera, Ignacio y Diego y su esposa Marcela Fernández seguirá en los tribunales provinciales.
“Habiendo escuchado a las partes y puesta en conocimiento de los antecedentes del caso, adelanto que el recurso no puede prosperar”, dijo la jueza en un escrito de 16 páginas.
“Conforme la línea interpretativa de nuestros superiores tribunales, la Justicia federal es restrictiva y de excpeción, debidendo acreditarse la existencia de un interés nacional en el juzgamiento del caso; y los apelantes no lograron demostrar que haya evidenciado un interés nacional”, agregó. “En síntesis, no se evidencian maniobras que hayan puesto en riesgo intereses de la Nación y cuya investigación ameriten la intervención de la Justicia de excepción por vulneración del sistema económico y financiero nacional”, insistió.
"Por otro lado, tampoco puede afirmarse que la justicia local importe un perjuicio a los encartados en cuestiones de defensa en juicio, cuando el sistema provincial desde hace largos años es acusatorio -superador en términos de garantías que el inquisitivo-, con enjuiciamiento oral, cuya inmediatez, celeridad y publicidad ofrece todas las garantías del debido proceso, y que viene implementándose sostenidamente", dijo Sansó.
"En igual sentido, no se advierte el riesgo de incurrir en incumplimientos internacionales por no perseguir o sancionar operaciones de lavado de activo cuando, como en el caso, se evidencia una activa disposición de la fiscalía y los querellantes en el seguimiento y juzgamiento de las conductas que se imputaron en el presente proceso", resaltó.
