El fiscal del área de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Narvaja, pidió ayer la recusación del juez camarista Javier Beltramone de la investigación penal contra la agencia de Bolsa y corredora de granos Guardati Torti “invocando la existencia de condiciones objetivas que justifican la existencia de temor fundado de falta de imparcialidad y que indican favoritismo, predisposición y prejuicio”.
La agrofinanciera, que supo ser top 5 de la ciudad, entró en default en febrero del 2020 y afronta denuncias penales de sus clientes que sostienen que la empresa les quitó los saldos líquidos de sus cuentas por operaciones bursátiles para tapar el rojo de sus negocios agropecuarios. En concreto, hay 150 damnificados por 2 millones de dólares y 30 millones de pesos. Todo el directorio de la firma que presidente Juan Carlos Guardati y Ángel Torti está imputados por estafa, entre otros delitos penales.
Pero mientras la causa avanza, el fiscal pidió ahora que se corra al camarista la manifiesta tener un “temor fundado de pérdida de imparcialidad” ya que –sostiene-Beltramone toma decisiones sólo para beneficiar a los directores de GYT supuestamente por los lazos políticos y de amistad que tienen con abogados defensores de la empresa. Ante la consulta de Rosario3, desde la empresa informaron que esos letrados ya no los representan pero se excusaron de dar más explicaciones sobre las razones del cambio.
Polémica por las cajas fuertes
En un escrito al que tuvo acceso Rosario3, Narvaja pone como ejemplo que Beltramone declaró “la invalidez absoluta” de las ordenes del 10 de diciembre de 2020 y 8 de marzo de 2021, dictadas por los jueces Vico Gimena y Becerra, que dispusieron allanamientos a cajas de seguridad vinculadas a Pablo Torti, Juan Germán Guardati, Raúl Nannini y a Gustavo Rossi y además ordenó en consecuencia el cese de la interdicción y congelamiento de las cuentas y cajas de seguridad, medida que el fiscal apeló a la Corte Suprema de Justicia.
Resulta que el juez Beltramone calificó el pedido efectuado sobre las cajas de seguridad como una “expedición de pesca” del MPA. Pero, según Navajas, el pedido evidencia con claridad cuál es la teoría del caso de la Fiscalía: un fraude en perjuicio de 172 ahorristas cuenta-comitentes, por administración fraudulenta, ejecutado por los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de Guardati Torti SA, realizado en beneficio de los propios directivos (que además, son socios), y de las sociedades y de las personas físicas beneficiarias finales de las mismas, con un perjuicio patrimonial de alrededor de dos 2 millones de dólares y 30 millones de pesos.
“La medida fue requerida con el fin de proteger los fondos que pudiera haber en dichas cajas, con el fin de evitar la consolidación del provecho del ilícito y de proteger la reparación de las víctimas. Este fundamento, básicamente, constituye con claridad una teoría del caso. Y contar con una teoría del caso es, precisamente, la antítesis de una expedición de pesca”, sostiene el fiscal.
“Pero además el Dr. Beltramone sostuvo que el dictado de una cautelar como el congelamiento de cajas de seguridad debería estar precedido de una audiencia, una interpretación cuyo efecto concreto sería volver inútiles a estas medidas cautelares. Pero con esta interpretación el Dr. Beltramone se enfrenta a su propio criterio precedente”, se queja el fiscal citando casos similares en los que no puso objeciones.
Maneras misteriosas
El fiscal detectó que desde que Beltramone salió elegido para ser el camarista del caso, cambió la actitud de los abogados defensores. “La propia defensa, con relación a la solicitud de admisión de los querellantes, había hecho una presentación ante el Tribunal de primera instancia, el 30 de junio, manifestando que no se opondrían al ingreso de las querellas, si las mismas ajustaban su pretensión a la formulada por el MPA en la imputación de 30 de marzo. ¿Qué cambió que esta posición de la defensa tuvo un giro de 180° en la audiencia de 5 de agosto? Lo que cambió es que el 2 de agosto el Dr. Beltramone dicta su primera resolución y conforme las reglas de asignación de casos del Colegio de Cámara, quedó como Juez de Apelación de la IPP”, denuncia Narvaja.
En rigor, en el escrito de 25 páginas, el fiscal da cuenta de una serie de resoluciones de Beltramone, dictadas durante agosto y septiembre, en las que –sostiene fija criterios sobre seis cuestiones, apartándose absolutamente de la interpretación estabilizada de la jurisdicción. “Pero más aún: en cinco de estos casos, sus resoluciones controvierten sus propios criterios y su propia práctica”, denuncia.
¿Favores políticos?
“¿Qué explica esta cadena de resoluciones que, además de extravagantes, resultan favorables a la defensa? ¿Por qué en este caso, en un lapso de dos meses, el Dr. Beltramone fija seis criterios que aparecen como leading cases? ¿Por qué los Dres. Martínez Gorostiaga y el Dr. Scoponi comienzan con planteos extravagantes y contrarios a sus posiciones precedentes, justo después que comienza a intervenir en el caso el Dr. Beltramone?”, se pregunta el fiscal y admite que “no encuentra ninguna explicación legítima y razonable a estos interrogantes”. Pero luego advierte: “lo que sí existen en este caso son elementos objetivos que, genuinamente, generan un temor fundado de falta de imparcialidad del Tribunal”.
Según Narvaja, Beltramone y Martínez “Gorostiaga mantienen un vínculo de amistad que se objetiviza en la concurrencia recíproca a eventos tales como festejos de sus cumpleaños, mantienen un trato habitual y comunicaciones coloquiales de tipo estrictamente personal, eventualmente se visitan, comparten reuniones tales como asados y otras reuniones sociales”.
Y agrega que junto con el Dr. Martínez Gorostiaga ha intervenido, produciendo argumentos técnicos para la defensa, el Dr. Ricardo Silberstein, quien entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 fue Ministro de Justicia de la Provincia. En dicho ministerio, en el período referido, el Dr. Martínez Gorostiaga fue Sub-Secretario de Asuntos Penales.
“Dicho Ministerio, por su parte, fue la agencia que llevó adelante el trámite de selección de postulantes y de elaboración de propuestas para cubrir cuatro cargos vacantes de la Cámara Penal de Rosario, en el concurso que finalizó en el año 2016. A través de dicho proceso de selección, el Dr. Beltramone fue propuesto, por el entonces Ministro Silberstein y por el Gobernador Lifschitz para ocupar una de las cuatro bacantes. No obstante, según surge de las actas del Consejo de la Magistratura, de fecha 16 de junio de 2016, el Dr. Beltramone ingresó a la entrevista como noveno, entre nuev. postulantes, según el orden de mérito de las pruebas técnicas. Luego de las entrevistas, el jurado definió que, si bien los nueve postulantes se mostraban aptos, quienes habían sobresalido en la entrevista eran el Dr. Salvador, la Dra. Alonso, el Dr. Mascali y la Dra. Hernández. En otras palabras, a juicio del jurado, el orden de mérito técnico colocaba en noveno lugar al Dr. Beltramone y tampoco el jurado lo destacó como sobresaliente en la entrevista (como sí lo hizo con cuatro postulantes). Estas consideraciones, sin embargo, no eran vinculantes para el Poder Ejecutivo, a la hora de seleccionar candidatos”, relata el fiscal.
No en vano el Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador Lifschitz y por el Ministro Silberstein, propusieron a la Asamblea Legislativa a los Dres. Salvador, Alonso, Mascali y al Dr. Beltramone, sobre la base de una decisión, que para el fiscal, es puramente discrecional.
“Sobre estas consideraciones se funda el temor de la Fiscalía sobre la pérdida de imparcialidad del Tribunal, en este caso. Es que, a la arbitrariedad y extravagancia de las decisiones del Dr. Beltramone, a los cambios en su parecer precisamente en este caso, y al giro en el comportamiento en la defensa (integrada por los Dres. MartínezGorostiaga y Ricardo Silberstein), se adita el conocimiento del vínculo entre el Dr. Beltramone y el Dr. Martínez Gorostiaga; y el rol del Dr. Silberstein como Ministro (cuya segunda línea en materia penal era el Dr. Martínez Gorostiaga) en la designación plenamente discrecional del Dr. Beltramone como Juez de la Cámara”.
Cambio de abogados
Finalmente, Narvaja hace saber que el día viernes 15 de octubre de 2021 ha hecho una presentación ante la Dra. Iribarren, requiriend. que el MPA solicite a la CSJSF la apertura de un sumario administrativo para investigar el desempeño del Dr. Beltramone con relación a este caso. “Esta presentación, que el suscrito ha hecho con pesar y consciente de la gravedad de la medida, suman un elemento más para incrementar el temor de falta de imparcialidad en el desempeño del Dr. Beltramone en este caso”.
Ante la consulta de Rosario3 a voceros de la empresa, señalaron que los abogados defensores señalados por el fiscal ya no los representan más. Este medio consultó también a uno de ellos que confirmó que dejó de ser abogado de la agrofinanciera, pero dijo no estar al tanto del pedido de recusación del juez que presentó Narvaja.
