Run Run: peritos judiciales en off side, Whpei sin tobillera, encrucijada por Herrera y ¿Adecoagro va por tierras de Benetton?

• Arrancamos con un rumor que corrió fuerte en una cena de la que participaron importantes empresarios. Muy importantes hombres de negocios. Allí se puso sobre la mesa el dato de que el gigante agroindustrial Adecoagro estaría cerrando la compra de unas 900 mil hectáreas. Sí, leyó bien. Unas 900 mil hectáreas. ¿Serán las que el Grupo Benetton tiene en el país a través de su empresa Compañía de Tierras del Sur Argentino SA? Así dicen.

Justo este viernes, el director de Adecoagro, Alejandro López Moriena, estuvo participando en el Congreso de Agronegocios que, con más de 400 personas, organizó la consultora Agroeducación en la Bolsa de Rosario

“No pudo responder porque no puedo dar información preferencial porque somos una empresa que cotiza en Bolsa. Tenemos que informar a todos en el mismo momento como hacemos en las reuniones trimestrales en la que contamos resultados y proyectos a los accionistas. Pero sí puedo transmitir que estamos con ganas de seguir creciendo. Vemos que hay muchas oportunidades en la Argentina de hoy y nosotros seguimos viendo alternativas de negocios”, respondió ante la consulta que este cronista le hizo al ejecutivo de Adecoagro.

Así que habrá que esperar al informe trimestral para ver si el rumor era cierto o no.
 

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• En otro “quincho” del mismo jueves a la noche, pero algo más informal y compartido por empresarios y políticos, se comentó que el polémico financista Fernando Whpei, implicado por su participación en la extorsión a empresarios que le costó el cargo de juez federal a Marcelo Bailaque, está de viaje y de paseo por España, con planes de quedarse a vivir allá. 

El dato sorprendió porque todo lo hacían en prisión domiciliaria o portando la famosa “tobillera”, pero la seguridad con la que lo contó el dirigente político (que en su momento frecuentaba a los Whpei) no dejó lugar a las dudas.

Por lo pronto, su hermano -el también financista Guillermo Whpei- está muy activo rearmando su famosa fundación por la Democracia en Buenos Aires (en Rosario ya está quemado) y con otros sellos. Tan activo está que se estuvo jactando de haber impulsado la presentación en el festival de Cine de Mar del Plata el documental “Detrás de la Pasión”, que expone las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en el Mundial de Qatar.
 

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• Y como no hay dos sin tres. El tercer rumor con el que arrancamos este “Run Run” tiene que ver con la planta de General Motors. Resulta que días atrás hubo gran alboroto el alicaído complejo industrial porque la recorrieron ejecutivos del grupo chino SAIC con el cual la automotriz estadounidense tiene un acuerdo.
   

Cuentan que el paso de los asiáticos generó expectativas entre el cada vez más escaso personal porque con la sola producción de la Tracker nadie puede asegurar la supervivencia operativa de la planta. Dese hace tiempo, General Motor coquetea con los chinos y la planta de Alvear aparece en el radar del desembarco.

¿Se dará esta vez?
 

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• Lo que no es un rumor, sino un dato confirmado -tal como lo adelantamos- es la venta que hizo Fiplasto de su campo de 384 hectáreas en Timbúes por 22 millones de dólares. Lo que no informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) es quién se lo compró. Y el resguardo de la identidad fue pedido por el adquiriente.
   

Y además del mucho hermetismo que hay en torno al comprador, tampoco trascendieron precisiones sobre el proyecto. ¿Será un exportador de granos? ¿Será un grupo empresario que va por una terminal apuntada más atender minería y petróleo? ¿Un grupo nacional o internacional? ¿A quién le viene a competir?

Lo que podemos aportar es que dentro de los comparadores habría un operador portuario, pero puede que el muelle no sea el negocio principal. Eso sí, los impulsores van por un proyecto Rigi para el predio; y si lo consiguen sería el segundo que obtendría la provincia. Y justamente estará muy cercano al puerto que construye de Terminales y Servicios que es el único proyecto Rigi en Santa Fe.
 

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• Vuelta de página. Es la comidilla por estos días entre ejecutivos de las ART. Resulta que un importante funcionario provincial, con bastante visibilidad mediática, está muy activo en la presentación de denuncias por accidentes y enfermedades laborales contra las aseguradoras, justo cuando al mismo tiempo el gobierno provincial se esfuerza por cerrarle las puertas a la “industria del juicio” laboral. Una embestida en la que no duda incluso de ponerle la firma en varios expedientes que le mostraron a este cronista. .
   

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• Siguiendo con el tema, la Red de Instituciones por la Producción elaboró un informe, con datos a julio de este año remitidos por la Corte, sobre la performance del nuevo “Cuerpo de Peritos Médicos Especializados” del período de julio a agosto cuyos datos cuestionan seriamente la performance los “Peritos de Lista”, uno de los sectores apuntados por los empresarios y el gobierno como responsables de la alta litigiosidad.
   

El Cuerpo de Peritos fijó un tercio menos (33%) de incapacidad producida por un incidente laboral (lesión, enfermedad, accidente etc.) que el “Perito de Lista”. En efecto, en los 83 casos analizados el “Cuerpo de Peritos” fijó un 7.8% de incapacidad contra los 11.67% del “Perito de Lista”.

Para los empresarios, el numero arroja una conclusión contundente: los peritos de lista aumentan el grado de incidencia porque el cobro de su honorario está atado a la magnitud del daño. Como, por el contrario, el Cuerpo tiene un sueldo fijo judicial analiza cada incidente con objetividad. 

Es por eso que esperan que cuando la Corte Suprema complete el Cuerpo y éste pueda tomar todos los casos no como hasta ahora que interviene en algunos, la “industria del juicio” tenga un fuerte revés. “El criterio funciona, el desafío es la capacidad”, dicen.

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• El informe de la Red también le pone números a otra razón que, como venimos viendo, es clave para que se genera la alta litigiosidad en el fuero laboral. Resulta que en el 84% de los casos la Comisión Médica (que es la instancia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a la cual obligatoriamente tienen que ir primero el demandante para presentar su caso) definió que el grado de incapacidad del incidente fue 0%. 

En definitiva, si al trabajador que hace un reclamo le responden administrativamente que no tendrá compensación por el incidente denunciado, es obvio que recurrirá a la Justicia. Si, por el contrario, obtuviera una margen de reparación, posiblemente optaría por no ir a un largo juicio.

¿Para quién trabajan, entonces, en la Comisión? ¿Para “los caranchos” al generarle una demanda permanente de casos? ¿O para las ART ya que le demoran la efectivización de los pagos?

Ahora, no deja de llamar la atención que, en un mismo caso, la Comisión Médica (de la Superintendencia) dictamine que una lesión produjo 0% de incapacidad, el Perito de Lista (al que recurre el juez) le fije 11.6% y el Cuerpo de Peritos (que depende de la Corte) le dictamine finalmente un 7.8% de incapacidad. 
¿Son todos médicos y opinan tan distinto de un mismo incidente?
 

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• Y como si esto fuera poco, el sistema está tan enrevesado, que se detectó un caso en el que no solo se muestra que los peritos médicos tienen tan grado de dispersión entre las tres instancias, sino que -aunque cueste creerlo- el mismo perito resuelve distinto sobre el mismo caso según para quien trabaje.

La situación es la siguiente. Un trabajador denunció que tuvo un accidente laboral el primero de diciembre de 2022 y por eso llevó su reclamo a la Comisión Médica (de la Superintendencia). Allí, el 18 de enero de 2024, esa instancia le dictaminó un 0% de incapacidad. El caso fue a la Justicia, empezó a escalar y este año llegó al flamante Cuerpo de Peritos Médicos de la Corte, que fijo un 6.6% de incapacidad.

Lo particular de este caso es que el profesional de la Comisión Médica que firmó el 0% de incapacidad es el mismo que, ahora trabajando en el Cuerpo de Peritos, firmó que hubo un 6.6% de incapacidad. Se trata de Germán Víctor Ramón Calabrese, quien saltó de un lado a otro del mostrador. 

Al final, ¿los peritos solo son fieles cumplidores de órdenes? ¿Ya sea del gobierno nacional, que les pide que bochen todos los casos o de la Corte que les pide que promedien?
 

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• Está todo muy enrarecido entorno a este tema y las ART también tienen explicaciones que dar porque algunos de sus movimientos juegan al fleje de la democracia y la libertad de expresión. 

Por ejemplo, como se puede ver en el documento adjuntado, el abogado de una ART, Mariano Losada, pidió en la Cámara de Apelaciones Laboral que corran de un caso que lleva al perito Javier Amherd por las duras críticas que le hizo al sistema en un “Run Run” publicado el mes pasado. 

Como se puede ver, lo delicado es que el abogado buscar emparentar una opinión desfavorable sobre el sistema que hizo el perito con la falta de imparcialidad profesional para analizar un incidente laboral. 

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• Para cerrar con el tema de la alta litigiosidad laboral, parece que tiene bastante asidero la hipótesis que planteamos en un “Run Run” del mes pasado cuando decíamos que una (de la múltiples) causas que explicarían porqué en Santa Fe hay más demandas que en Córdoba es el “sobre registro judicial” de los incidentes, ya que a diferencia de otros distritos, en la provincia se arma un expediente por cada incidencia denunciada por lo que una única historia de daño laboral puede multiplicarse en numerosos procesos judiciales.
   

Precisamente, en el cambio legislativo aprobado este año se tomó en cuenta esta acumulación de presentaciones y se realizaron las modificaciones, como figura en el artículo 42 del Código de Procedimiento cuando dice que “en casos de reclamos por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, el juez deberá acumular los autos que correspondan a un mismo incidente y demandada”.

Ahora: ¿se está aplicando la modificación? Poco y nada, según se quejan legisladores y empresarios que están detrás del tema. ¿Y por qué? El argumento que esgrimen jueces laborales y autoridades judiciales (como los magistrados de la Corte) es la dificultad de aplicar el cambio con el actual sistema tecnológico. 

Más allá de que culpar al sistema se asemeja a la recurrente excusa de “no pagar un cheque por estar enfermo”, es cierto que el Poder Judicial santafesino expone un paso muy cansino a la hora de querer alcanzar el tren de las nuevas tecnologías que hacen más eficientes los procesos burocráticos.
 

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• Sigamos por los pasillos de Tribunales, pero vamos ahora a la sede civil y comercial porque hay novedades del financista socio de Gustavo Shanahan, Iván Ferrarons, a quien esta semana el juez federal Carlos Vera Barros dejó sin efecto la orden de captura internacional en la causa que investiga millonarias maniobras lavado de dinero en Terminal Puerto Rosario (TPR), luego de que aceptara prestar declaración indagatoria el 24 de noviembre a través de videoconferencia porque está viviendo en España.
   

La novedad es que la jueza civil y comercial Cecilia Camaño le rechazó la apertura de concurso preventivo que presentó el empresario argumentado un estado de default desde abril del 2020. Con fecha del 26 de octubre, la magistrada explicó que el financista no presentó toda la documentación y no cumplió los requisitos informativos que se exige para la presentación de la convocatoria.

“La solicitud del concurso preventivo debe convencer al juez interviniente de la seriedad objetiva de la solicitud del deudor”, señaló la magistrada.

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• Siguiendo por tribunales, esta semana, el juzgado civil y comercial número 4 de Rosario a cargo de Nicolás Villanueva ordenó a Bauen Arquitectura y Pilay SA a entregar un departamento de 2 dormitorios de 73 m2 en el radio del macro centro como se lo contrató originalmente. 
   

Es el tercer fallo de un magistrado en el que no se discute la naturaleza del contrato ya que, sostiene, que hubo un acuerdo por el cual una parte se comprometía a entregar un bien inmueble en esas condiciones (que incumplió) y la otra parte se compromete a pagarlo en cuotas durante 20 años (cosa que cumplió). Ahor, es la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial la que tiene que dirimir en segunda instancia los casos que se van acumulando en primera instancia.

Y asoma la pregunta: ¿no es momento de que las autoridades públicas sienten a las partes en la mesa para definir una salida en vez de dejar que se sigan abarrotando los tribunales por un conflicto social que claramente exceden un incumplimiento contractual entre privados dada la cantidad de afectados?
 

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• Retomemos ahora el caso del financista Luis Herrera. Esta semana, acreedores le comunicaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) su rechazo a la propuesta de juicio abreviado con la que la defensa del empresario intenta cerrar la causa que está pronta a ir juicio penal por un default de u$s 34M. La razón para oponerse es clara: no establece compensación alguna por la pérdida de sus ahorros. 
   

A principios de año, hubo un primer intento de juicio abreviado que fue rechazado finalmente por la Fiscalía. En esta segunda oportunidad, la propuesta sube de 5 a 6 años los que Herrera estaría en la cárcel y también sus dos hijos pasarían 4 años, cuando en la primera propuesta quedaban libres.

La Fiscalía tiene un gran dilema. Por un lado, las víctimas se resisten al acuerdo pidiendo algo que no les pueden otorgar ya que, pese a que le dieron vuelta, no encontraron fondos ocultos del financista. No hay dinero. La plata no está.

Los movimientos sospechosos detectados en el exterior, como las transferencias de unos 5 millones de dólares en el exterior, se fueron comprobando que se destinaron a pagos de clientes reales cuando intentaba parar la corrida. Lo mismo con los u$s20 M que extrajo del Banco Macro (sucursal Bolsa de Comercio) que se fue comprobado se usaron para pagos. 

Hay unos fondos por 400 mil dólares en el exterior que se todavía deben clarificarse del todo, pero no es una cifra que mueva el amperímetro para un default tan grande.

Es más, en paralelo, ya le liquidaron los bienes personales en el marco de su quiebra recaudando algo menos de 500 mil dólares, y ahora la Sindicatura de ese proceso se dispone a extender la quiebra y liquidación de bienes a sus dos hijos, con lo que se terminará de vaciar de contenido económico la causa penal que enfrenta Herrera.

No en vano, los abogados de la querella -que no participan de las conversaciones entre la defensa y los fiscales- no aparecen muy motivados con enfrentar un juico largo.

¿Y el dinero? Suma fuerza la hipótesis que se perdió como ocurre en los sistemas sistema piramidal o “ponzi” cuando se corta. Incluso, de la lectura de los informes de la Sindicatura se desprende de que, a fin de cuentas, se trató del esquema que a nivel mundial popularizó Berni Maddoff: pagar al cliente viejo con el fondo que ingresa el cliente nuevo atraído por rentas que superan el promedio del mercado. 

Ahora bien: ¿Fiscalía debe avanzar en un extenso y costos juicio en el que a las víctimas poco les interesa el resultado y en que los querellantes no lo van a estar apuntalando con tantos otros casos por resolver? 

Por el contrario, ¿debe acordar que el protagonista de la mayor estafa financiera de la historia de la ciudad salga libre y limpio en pocos años, sentando un precedente importante para los casos que quedan sin resolver, como el de los agentes de Bolsas Daniel Casanovas y Pablo Arcamone? 

Solo para comprar, en el caso de la agrofinanciera Guardati Torti, que fue una estafa de u$s2M a 200 personas, se le dieron 4 años a sus dos dueños. ¿Está bien que, a Herrera, con un default de u$s34M y 462 víctimas, le den 6 años? ¿Qué mensaje se estaría dando a los casos de guante blanco?

Una salida podría ser acordar un juicio abreviado con una pena más contundente. Por ejemplo, con 10/11 años para Herrera y 6/7 años para sus hijos, pero es probable que la defensa, en ese caso, opte por ir a juicio oral (que Herrera transitaría en libertad ya que se le cumple el máximo de ley de prisión preventiva) porque Fiscalía pidió 15 años. Toda una encrucijada para Fiscalía.
 

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• Ya que estamos en el Centro de Justicia Penal, sigue firme la línea de trabajo de Fiscalía en el caso de la financiera Ciag de situar las razones de la crisis en lo ocurrido en los casi 6 años que transcurrieron entre la muerte del titular de la empresa Juan Carlos Culhane y el default (que fue de unos u$s 4 M).
   

Si bien uno de los acreedores de Ciag presentó esta semana una denuncia penal buscando indagar sobre el destino de los bienes y fondos personales que Culhane administraba hasta su muerte en 2017, lo que los fiscales tienen en cuenta es que Ciag siguió operando normalmente casi 6 años hasta el default de 2022/2023. 

Entonces, más allá de que los acreedores busquen, ante la desaparición de sus inversiones, cómo cobrarse, las autoridades siguen indagando en los manejos que hicieron de la financiera la esposa de Culhane, Paula Allegranza, y su asociado Luis Roatta, tras la muerte de su titular.
 

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• Vamos con un poco de economía, mucho ruido hizo entre Municipios el informe que publicamos la semana pasada de la Fundación Apertura en el que se compara cuánto se cobra por DREI por sectores en los distintos municipios de la zona metropolitana encontrándose grandes diferencias. Tres conclusiones fueron las más comentadas en círculos empresarios.

1. Lo alto que es el DREI a las industrias en Alvear, una localidad identificada con el sector fabril
2. Lo alto que es el DREI a los comercios en Funes, una ciudad que vive una burbuja en valores de alquileres comerciales de u$s6.000/u$s8.000 al mes.
3. Lo alto que es el DREI a los bancos en Rosario.

Algunos municipios se excusaban diciendo que la comparación justa debía incluir también la calidad de los servicios entre municipios ya que puede haber localidades que cobran menos que otras, pero porque tienen prestaciones menores. 

Pero esa excusa tiene una falla que es que lo que hay que ver en realidad es la relación entre la tasa cobrada y el real costo que tiene el servicio de Registro y la Inspección que hace el municipio ya que, teóricamente, las tasas son por contraprestación de un servicio no un impuesto que va a Rentas Generales. 

Y otro punto de debate que se comentó mucho en círculos financieros es el encarecimiento del crédito que provoca el DREI caro a bancos. Pero esa crítica empresaria, que tiene bastante de sentido común (a más costos fiscal, más caro es el servicio), adolece de un registro que la justifique. Es que habría que ver si los bancos cobran intereses más bajos en los municipios en los que se cobran menos tasas. Y eso no parece que ocurra. 

Picarones.
 

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• Hablando de impuestos, esta semana el gobierno de Santa Fe presentó su proyecto de presupuesto para 2027 calculando equilibrio fiscal (con gastos y recursos en torno a los 18 billones de pesos). 
   

Un dato interesante es que se habilita a EPE y Aguas a que se endeuden con bancos, proveedores y el mercado de capitales por hasta u$s90 M (más intereses con plazo mínimo de amortización a un año) para mantenimiento y/o inversiones. 

Y el Ejecutivo, además de poder tomar crédito en nombre de ellas, estará habilitado a tomar deuda por hasta $100.000M para comprar vehículos, maquinaria y equipos destinados a servicios públicos.

Si bien la Ley Tributaria para el año próximo todavía no se presentó, el principal anuncio del ministro Pablo Olivares fue que “lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural en Santa Fe dejará de ser de libre disponibilidad y a partir de 2027 se destinará íntegramente a obras y caminos que necesite la producción”. Para definir el destino concreto se creará una instancia que reunirá a productores.

Con las cuentas ajustadas no se esperan grandes novedades de bajas de impuestos, más allá de medidas puntuales como las posibles eximiciones de Ingresos Brutos a la primera venta de un lote y a las exportaciones que salgan por puertos y aeropuertos de la provincia.

Como novedad, en la reunión de la mesa tributaria del gobierno con sectores empresarios, el grupo Trascender propuso retomar un esquema que estuvo vigente tiempo atrás de que la Provincia tome a cuenta de Ingresos Brutos lo pagos realizados por DREI.

Para cerrar el capítulo fiscal, hay mucho malestar en la oposición por la falta de actualización de datos económicos por parte del gobierno provincial. El ex ministro de Economía, y actual diputado provincial Walter Agosto, sigue esperando que le respondan el pedido de información que presentó el interbloque justicialista sobre el estado de la Caja de Jubilaciones.

“El organismo elabora un informe detallado y mensual sobre la situación y evolución del sistema previsional, con series históricas desde 2003, pero en la actualidad ha sido reemplazado por otro que carece de la información necesaria”, resalta Agosto.

Agosto resaltó que el período en el que falta información coincide con la vigencia de la emergencia previsional declarada por la Ley N.º 14.283, sancionada el 12 de septiembre de 2024 por el término de dos años y prorrogable por uno más. 

“Se trata de información indispensable para que la Legislatura y la ciudadanía puedan ejercer el control de la gestión, en un marco de transparencia y publicidad de los actos de gobierno, y destacó que los datos previsionales son además un insumo necesario para que la Comisión Técnica de Control y Seguimiento de la Emergencia Previsional pueda funcionar”, dijo el ex ministro.

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• Y para cerrar este extenso "Run Run", lo vamos a hacer como nos gusta. Resaltando iniciativas que tiran para adelante. Y en este caso, el hecho de economía y negocios de la semanas fue sin dudas la “Rondas Rigi”, un encuentro que reunió a 43 grandes compradores y 1.800 empresas de distintas provincias, con más de 2.500 reuniones de negocios y 4.500 asistentes. Un encuentro en que tanto las firmas proveedoras como las compañías compradoras destacaron las oportunidades de vinculación, la capacidad productiva local y la posibilidad de generar nuevos negocios.

En la Previa del Run Run, que podes escuchar haciendo clic acá, analizamos las implicancias económicas y de negocios del encuentro que trajo a la provincia la pujante economía de la cordillera con el objetivo de que las industrias del litoral puedan subirse al tren de la minería, el gas y el petróleo.

De todo lo dicho, también podemos agregar que le puede servir a las empresas santafesinas, se pude sumar:

1 )Asociarse es la clave. José Luis Morea, CEO de Vicuña Corp, lo explicó con un antecedente: cinco de sus seis licitaciones surgieron de una ronda de negocios en San Juan y las ganaron uniones transitorias de empresas armadas para abastecer al proyecto. 

2 ) Hay que mejorar los estándares de seguridad. Tener capacidad para fabricar no alcanza para quedar habilitado como proveedores.
 

3) Saber que el negocio no está a la vuelta de la esquina. Y no solo por las tareas que cada empresa debe hacer puertas adentro para hacerse más eficiente. Y no solo porque recorrer el camino de las negociaciones de venta también insume mucho tiempo. “Hay que administrar y manejar expectativas”, dijo Carlos Rivera, de los Azules, el gran proyecto minero. Y es que las grandes inversiones llevan tiempo de maduración y no necesitan ahora mismo todos los equipos, productos y servicios que van a ir necesitando durante la construcción de las mega instalaciones mineras
 

Un dato que llamó la atención. Los constructores, uno de los sectores más golpeados, no tuvo participación importante en las rondas. Algunos incluso ni llegaron a anotarse. Por el contrario, las automotrices sí se mueven rápido. Según contaron desde el Ministerio de Desarrollo contaron que Stellantis, que venía evaluando cómo operar por el puerto de Rosario, contó quiere traer un chasis RAM destinado al sector minero.

Pero lo que buscamos ahora resaltar es el costado institucional. Primero, la vocación, voluntad y capacidad de gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo para traer a la provincia un encuentro que se pensaba originalmente desarrollar en Córdoba. 

Las rondas de negocios, en cuya organización esa cartera adquirió un buen know how, son de la principales políticas activas que puede generar un gobierno; y la idea de traer "los compradores" en vez de ir a buscarlos a sus lugares, siempre es más democrática y tiene mayor alcance porque es mayor la cantidad de empresas vendedoras que pueden participar.

Pero, por sobre todo las cosas, al tratarse de una movida que organizaron de manera conjunta el gobierno provincial y el gobierno nacional, el principal valor que se expone es que si ambos tiran para el mismo lado hasta los objetivos más difíciles se consiguen, como pasó en Rosario con el combate a la inseguridad.

Está claro que siempre va a haber “chicanas electorales” (y yaya que las hubo entre Nación y Provincia durante un evento en el que, hay que resaltar, se lució la Fluvial, muy bien administrada por el Enapro), pero lo que queda es que si trabajan juntos ese tren de Vaca Muerta puede tener varias paradas provechosas en el litoral.

Por más acuerdos así.