El resultado electoral del domingo alejó el temor de una fuerte radicalización económica del gobierno nacional que había en los sectores empresarios en la previa a los comicios. Y que la nueva composición del Congreso nacional exija el armado de consensos entre las fuerzas fue recibido como una buena noticia en sectores empresarios.

“El que opera por ideología pierde”, es una máxima que repiten los inversores bursátiles y por eso más allá de las apetencias ideológicas de los sectores del establishment y que ayer los sondeos entre operadores arrojaban más posibilidades para ruedas bajistas que alcistas de bonos y acciones, una derrota que no deje margen para las radicalizaciones pero que al mismo tiempo no sea tan contundente como para que afecte la gobernabilidad del país es un escenario que no disgusta entre los hombres de negocios para una elección de medio término como la de este domingo.

Al perder 5 senadores y quedarse con 35, cuando el quórum exige 37, el gobierno deberá negociar fuerte para imponer sus proyectos. No en vano anoche referentes agropecuarios respiraban sabiendo que el gobierno ya no podrá fijar arbitrariamente las retenciones a las exportaciones que podía establecer si seguía controlando el Senado.

La Cámara alta también tiene la llave para la aprobación de los DNU que vaya a firmar la Casa Rosada y por eso que ahora Juntos por el Cambio haya sumado 5 legisladores y tenga 31 senadores supone un filtro a decisiones por demás arbitrarias.

El dólar

Frente al nuevo escenario político y luego de una disparada histórica del dólar paralelo, que en Rosario lo dejó a $210, el panorama cambiario se presenta para esta semana algo más distendido para esta semana, según coincidían anoche referentes del mercado. Un respiro que no tapa que siguen vigentes las razones estructurales que mantienen bien viva la crisis cambiaria con un cepo al dólar que goza de muy buena salud.

Pero, de igual forma, había coincidencia anoche en círculos financieros en esperar que, pasados los comicios, el gobierno apure un poco el ritmo devaluatorio del peso frente al dólar oficial para evitar tener que seguir sacrificando reservas del Banco Central y acortar la brecha con el blue. Pero sólo un poco, ya que el alto nivel de inflación (que ya llegó al 50%) no le da mucho margen para dejarlo ir. No en vano en el mercado de futuros, el viernes el billete verde cotizaba para diciembre a $107 contra los $105 de la actualidad.

La necesidad de darle más ritmo al dólar tiene razones de pesos.  Con 5.200 millones de dólares en las reservas netas y con un Banco Central vendiendo divisas para frenar la escalada y con los vencimientos de organismos en los próximos tres meses, las arcas del organismo monetario necesitan un respiro.

El Fondo en el centro

En su discurso grabado y leído, el presidente Alberto Fernández también abonó la idea de evitar radicalizaciones. Por ejemplo, llamó a “priorizar acuerdos nacionales” y a “buscar los mayores consensos” y “acordar una agenda común tanto como sea posible”. Y también ratificó al ministro de Economía, Martín Guzman, y su postura negociadora con el FMI “para resolver el problema de la deuda, que es el mayor escollo que tiene la recuperación económica argentina que hoy está en marcha”.

Con la invalorable ayuda a la no radicalización discursiva que significó que Cristina se haya bajado por razones de salud del bunker oficialista, el presidente remarcó que busca “un acuerdo sustentable” con el Fondo “para despejar la incertidumbre”.

Y es más, anunció que para diciembre enviará al Congreso nacional “un plan económico plurianual que incluirá el mejor entendimiento logrado”. Eso sí: el jefe del Estado fue muy claro al señalar que “jamás firmará un acuerdo a costa de ajustar el gasto” ya que “el superávit fiscal vendrá de la mano de la reactivación y no por el ajuste”.

Más allá de que justo en su discurso llamando al diálogo, Fernández fustigara al gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de endeudar a la Argentina con el FMI por 44 mil millones de dólares, en ámbitos empresarios se focalizaron en observar lo difícil que se presentará la negociación con el organismo multilateral. Es que mientras que el gobierno habla de un acuerdo que priorice el crecimiento, las recetas tradicionales del FMI van directo al equilibrio fiscal y el control del gasto.

No en vano, ya en el acto en el bunker del Frente de Todos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya avisó que “lo que se viene ahora no se trate solo de crecimiento, tiene que ser inclusivo, con distribución. Un crecimiento le llegue a todos y todas”.  Claramente, un mojón K que anuncia que se viene una negociación con fórceps.

Precisamente, el ministro Guzman apuesta a que su aliada, Kristalina Georgieva, la titular del Fondo, lo ayude a ablandar las exigencias del ala dura del FMI, que quiere déficit cero desde el año próximo (en 2021 estará en torno al 3.6% del PBI) y superávit creciente a partir del 2023 para empezar a cobrar en 2026 los U$S 45 mil millones. En concreto, lo que el ministro aspira a conseguir es que en 2022 el FMI tolere un rojo del 1.5% del PBI y que en 2023 todavía admita un pequeño déficit.

La necesidad de apurar el acuerdo con el FMI tiene raíces concretas. Es que el entendimiento debería estar cerrado antes de marzo próximo cuando vencen 2.900 millones de dólares con el Fondo (más otros 2.200 con el Club de París que habían sido reperfilados en mayo pasado). Y como con el FMI no hay período de gracia, si el país no paga incurra inmediatamente en “atrasos”, de los cuales es muy complicado salir.

Como sea, la interpretación más repetida anoche en círculos financieros tras las primeras palabras presidenciales es que el gobierno seguirá por la ruta de un modelo que busque hacer crecer el consumo y no tanto la inversión. Y, a decir verdad, los problemas que se enfrentarán los empresarios el lunes luego de las elecciones siguen siendo los mismos que tenían el viernes: fuerte presión impositiva, alta inflación, cepo y brecha cambiaria.