La exportadora de granos Díaz y Forti, que la semana pasada fue suspendida para operar por el gobierno por un retraso millonario en la liquidación de exportaciones, se presentará el miércoles a la Justicia con una catarata de recursos en busca de que la habiliten a volver procesar y exportar cereales por las plantas de Vicentin en San Lorenzo.

“El miércoles hacemos varias presentaciones ante la Justicia. Presentaremos amparos, cautelares y hasta acciones contra funcionarios públicos”, le dijo a Rosario3 el CEO del grupo, Fernando Jurado. La empresa ya viene haciendo el reclamo administrativo.

A la espera de las resoluciones judiciales, la empresa sigue trabajando porque está procesando y despachando los granos que ingresaron antes el viernes, cuando fue bajada del Registro de Operadores de Granos por el Ministerio de Agricultura. Con ese stock en los silos cargarán esta semana 5 barcos y, según calculan, tienen un máximo de 10 días de mercadería almacenada antes de tener que parar la planta y el puerto de San Lorenzo de Vicentin, lo que sería como quitarle el respirador a Vicentin que transita su crisis terminal con la gente trabajando y no protestado afuera por los ingresos de los contratos a fazón con Díaz y Forti.

No obstante, así la empresa logre volver al ruedo antes de que tenga que parar las plantas el golpe fue muy duro. Ahora hay  muchas empresas agropecuarias que dudan de entregarle granos, mientras que acopios y productores le apuran cobros pendientes. Y que la rueda comercial es clave para la empresa cuya principal fuente de financiamiento, aseguran, es comercial. Es más la estocada de la semana pasada generó también incertidumbre en el exterior, tanto en sus clientes como en las navieras y los bancos con los que tenía líneas.

La empresa –de capitales locales y propiedad de Ariel Olio- fue bajada la semana pasada del Registro de Operadores de Granos por el Ministerio de Agricultura, mientras que el Banco Central le prohibió que pueda comprar dólares para transferir al exterior y además le solicitó a la Aduana que le quite la licencia para operar en comercio exterior.

Los organismos oficiales argumentan que la empresa no liquidó el 98% de sus exportaciones (debe ingresar u$s450 millones de dólares) y que también registró exportaciones como aceites y harinas cuando despachó granos que pagan más retenciones.

La empresa, por su parte, sostiene que la cifra no liquidada no llega a la mitad de ese monto . por eso ve que detrás hay una maniobra pensada para sacarla del negocio y también de la competencia por quedarse con Vicentin, fábricas y puertos que hoy están operando a fazón. Pero también aseguran que hay alevosía en algunos funcionarios de Agricultura contra ellos.

“Operativo 1, 2, 3”. Así bautizó Jurado a las sucesivas sanciones, y eso despertó mucho malestar en los funcionarios de Agricultura. Es más, este fin de semana fuentes con acceso a los despachos de Agricultura estuvieron haciendo circular información de lo ocurrido para desacreditar los cuestionamientos de Díaz y Forti. Estos son los principales puntos:

1) El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. Agricultura tomó nota de que el mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Fue ahí la que Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de Agricultura actuó de oficio y comenzó a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.

2) Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas aseguran que saltó que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras pertenecientes a RENOVA (planta N° 518477 ubicada en Puerto Timbúes) y dos plantas de COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA,  que corresponden a la N° 512429 ubicada en Puerto General San Martín y a la planta N° 408253 de Puerto Timbúes, ambas en Santa Fe. Como se ve, en ningún momento están implicadas las plantas de la empresa Vicentín, en las que Díaz & Forti opera a fasón.

3) Las 57.691 toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 tn ingresaron a la planta de RENOVA y 19.037 tn lo hicieron en las plantas de COFCO), en la práctica fueron exportadas como grano entero. Esto dió pie a sospechas sobre una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%).

4) Agricultura, respondiendo a las normas vigentes, procedió a suspender a la operadora. Y procedió a hacer requerimientos de información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra de defraudación al Estado: Díaz & Forti, RENOVA y COFCO están todavía cumplimentando los pedidos de información sobre ese episodio.

5) A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Frente a ese requerimiento, días después la respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue contundente: “se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97.8% con este Organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.

6) Frente a esta situación, Agricultura actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador, sin que medie ninguna animosidad especial contra Díaz & Forti ni contra el resto de los operadores involucrados en este expediente. Por el contrario, el accionar del Estado debería servir para beneficiar al conjunto de Operadores y productores agropecuarios que trabajan dentro de las normas comerciales y fiscales vigentes.

Finalmente, distinta es la versión de Díaz y Forti, que resalta que la medida fue a pedir de los grandes traders multinacionales porque les molestaba los mejores precios que pagaba por la soja, y hasta dicen tener una carta sobre la mesa que, de confirmase, podría demoler toda la argumentación oficial en este punto: habría quedado demostrado que tanto Díaz y Forti como Renova y Cofco  declararon correctamente la mercadería exportada y que por eso habría cartas documentos de Cofco y Renova a Agricultura denunciando esa irregularidad.