La exportadora de granos rosarina Díaz y Forti fue noticia nacional el año pasado al ser acusada por el Banco Central de no liquidar 700 millones de dólares en exportaciones por los canales correspondientes, una seria irregularidad que le valió la suspensión total de sus actividades y el inicio de causas penales en su contra en la Justicia Federal que la llevaron directo a la convocatoria de acreedores.
En la actualidad, la empresa sigue recorriendo las instancias del concurso que lleva el juez provincial Marcelo Quiroga mientras se defiende en los tribunales federales de las investigaciones penales, que le valieron un histórico embargo a todo el directorio por la astronómica cifra de 3.100 millones de dólares. No en vano, su presidente, Ariel Olio, hace tiempo que se instaló en Miami.
Y la novedad es que, producto de una larga batalla judicial, política y también burocrática hay 51 mil toneladas de soja y trigo de la empresa que siguen interdictadas en los silos perdiendo calidad porque no se la puede mover ni comercializar. Son casi 15 millones de dólares (a precio oficial del viernes, unos 1.500 millones de pesos) en stand by que –hay que resaltarlo la empresa no pude ni acercarse porque ingresarían directo a una cuenta judicial- que bien podrían haber vuelto al Estado o, mejor aún, usarse para ayuda social. Pero están bien guardados y lejos de la vista de todo. ¿Por qué? ¿Para quién.
Ascenso y Derrumbe
Díaz y Forti ganó trascendencia a mediados del año pasado cuando alquiló las plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone sin ocultar su interés por comprar las instalaciones de la defaulteada aceitera antes de que el Estado quisiera expropiarla.
Y como llegó a operar 300 mil toneladas mensuales de granos se había ganado un lugar de importancia en el mercado a fuerza de comprar a muchos mejores precios que el resto de los exportadores. Precisamente, su exponencial crecimiento aventó rumores de que el grupo estaba apuntalado por sectores del gobierno nacional kirchnerista.
Pero su debacle comenzó cuando el Banco Central le inició un sumario cambiario por la presunta comisión de infracciones cambiarias “consistentes en la omisión de liquidación de divisas provenientes de operaciones de exportación granos y/o liquidación tardías de las mismas”.
En un principio, la autoridad monetaria calculó la cifra no liquidada había en 400 millones de dólares, pero la terminó situando en torno a los 700 millones. Por el contrario, en la empresa aseguraban que no eran más de 200 millones de dólares.
La sospecha en el mercado de granos es que Díaz y Forti ingresaba parte de los dólares obtenidos por sus ventas al exterior no por el circuito formal (vía bancos y cobrando al tipo de cambio oficial) sino por operaciones con bonos ("contado con liqui", en la jerga), que le permitían obtener más pesos por sus dólares y de esas forma, tenía el resto para pagar mejor valor por los granos y financiar el exhorbitante crecimiento que tuvo el año pasado. Pero el monto ingresado era tan grande que parecía imposible que lo haga sin tener ayuda para sortear los controles oficiales.
Lo cierto es que el Banco Central dictó el primer de diciembre del año pasado una medida cautelar contra la empresa con tres efectos concretos:
1) Suspensión para operar en mercado de cambios
2) No dar curso a sus pedidos de despacho a plaza de mercadería.
3) No dar curso a sus boletas de embarque de mercadería; todo ello con el objetivo de prevenir la comisión de nuevas infracciones.
A los efectos de tornar operativa dicha medida cautelar, la autoridad monetaria circularizó a la Dirección General de Aduanas (DGA) para que proceda a suspender a la empresa del registro de exportadores, y a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), dependiente del Ministerio de Agricultura de Ganadería para que arbitre la suspensión de la firma en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), un registro obligatorio para todos los operadores de la cadena de comercialización granario ya que el que no está inscripto allí no puede ni comprar ni vender granos.
Si bien la empresa quedó totalmente fuera de operatoria, quedaron almacenadas unas 28 mil toneladas de soja y unas 23 mil toneladas de maíz almacenadas (en planta San Lorenzo y en Timbués) sin poder embarcarse. A precio de Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario hoy estamos hablando de 14.890.000 dólares.
Fue por eso que, a pedido de la empresa y con la conformidad de la sindicatura del concurso, el juez del concurso preventivo dictó una resolución cautelar que autorizaba a Díaz y Forti a embarcar mercadería en tránsito de exportación que ya se encontraba comprometida mediante contratos de compraventa internacional, y cuyo incumplimiento conllevaría severas multas y/o sanciones contractuales para la compañía.
Pero, según denunció Díaz y Forti, la resolución del juez del concursal fue incumplida por todos los organismos del Estado Nacional, no habiéndose logrado el embarque de la mercadería. Según fuentes de Agricultura consultadas por Rosario3, no barcos para cargar no estaban debidamente agenciados y luego de todas las irregularidades cometidas por la empresa de Ariel Olio nadie quería firmar nada sin antes haber pasado cientos de filtros, una y otra vez.
Es más, tras ver la reacción de Afip y Aduana, el juez del concurso revoca dicha orden cautelar con el fundamento que se trataba de un asunto que correspondía a la competencia del fuero federal de Rosario atento la materia penal cambiaria involucrada.
En ese contexto, el 11 de enero personal de la División de Fiscalización Granos dependiente del Ministerio de Agricultura fue a la plantas de Vicentin y Renova para interdictar la mercadería almacenada, basándose en la suspensión en el RUCA ejecutada a partir de la orden del Banco Central.
Ante esa avanzada, Díaz y Forti se presentó a la Justicia federal de Buenos Aires para solicitar una “morigeración” de la medida cautelar dictada por el BCRA. En síntesis, pedía que la dejen comercializar en el mercado interno la mercadería interdictada, con el argumento de “que así evitaría su progresivo deterioro o pérdida, lo cual repercutiría en la masa de acreedores del concurso pues se privaba a una empresa concursada de obtener fondos líquidos”.
Los casi 15 millones de dólares que se podrían cobrar si se vende la mercadería no irían a la empresa sino a una cuenta Judicial designada para hacer frente a los acreedores, que es básicamente el propio estado. Y por eso la empresa aseguraba que no existía riesgo de la comisión de nuevas infracciones cambiarias derivadas de operaciones de exportación.
Fue así que el 25 de agosto la Justicia federal hizo lugar al pedido de la empresa, con la particularidad que ordenó que los fondos provenientes de la venta de dicha mercadería debían ser depositados en la cuenta judicial del concurso, con el aditamento de que la empresa debía rendir cuentas ante el mismo juzgado federal.
Y uno de los principales argumentos radicó en que el inminente deterioro o pérdida de dicha mercadería perjudicaría aún al Estado Nacional, por cuanto resultaba ser uno de los acreedores del concurso. No en vano, el Banco Central, principal organismo interesado en la tramitación de la causa penal cambiaria no apeló la “resolución de morigeración”.
Aparece Agricultura
Pero a pesar del consentimiento del Banco Central, la Dirección de Control Comercial Agropecuario, a cargo del Luciano Zarich, dependiente del secretario de Agricultura, Jorge Solmi, no habilitó la vuelta de Díaz y Forti al RUCA, trámite que resultaba imprescindible para la comercialización de mercadería en consonancia con la orden judicial dictada por el fuero federal rosarino.
A requerimiento de la agroexportadora, el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario emitió diversas intimaciones al Ministerio y a los funcionarios responsables (Solmi y Zarich), bajo apercibimientos de instruir causa penal por delito de desobediencia e imponer multas por cada día de retraso.
Tras reiteradas intimaciones, Agricultura rehabilitó a la empresa en el RUCA, pero de manera defectuosa dado que no informó debidamente a AFIP de dicha circunstancia imposibilitando que la firma pueda emitir las correspondientes liquidaciones de granos y emisión de los correspondientes comprobantes fiscales necesarios. En definitiva, operativamente no se podía realizar la venta.
Y no sólo eso, el Ministerio de Agricultura interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial de autorización de venta, el cual fue concedido por el juzgado de primera instancia con efecto devolutivo; esto quiere decir que la habilitación de venta debía ser cumplida hasta tanto resolviera la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Y ante ese efecto devolutivo, Agricultura presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, a los fines de que se revierta el efecto con el cual fue concedido el recurso, otorgándosele “efecto suspensivo”, lo cual fue resuelto favorablemente por la Sala B. Lo que define el “efecto suspensivo” es que suspende los efectos de la orden de autorización de venta hasta tanto la Cámara Federal de Apelaciones resuelva el recurso de apelación instado por el Ministerio en cuestión.
En definitiva, el Ministerio logró el objetivo de evitar que se vendan los granos que interdicto. Pero, como ocurre en las batallas judiciales, siempre hay un margen para un último recurso. Y así fue que Díaz y Forti interpuso un recurso de revocatoria de modo tal de restaurar el efecto devolutivo de la apelación, pedido que al día de la fecha se encuentra pendiente de resolver. Y como hay defensa sin ataque: desde la empresa anticipan que sin perjuicio del resultado judicial al que se arribe, el daño ya se encuentra consumado y que ello implica una clara responsabilidad civil de los funcionarios.
Pases de facturas
En Díaz y Forti culpan del embrollo judicial que los enfrenta con el gobierno a su intento de quedarse con Vicentin (incluso la mantuvo activa apenas defaulteó con los contratos a fazón que les firmó) en momentos en que el gobierno nacional buscaba expropiar la aceitera santafesina
Pero el largo recorrido judicial que deja expuesto la decisión actual del gobierno de no darle margen de maniobra a Díaz y Forti también contrasta con las puertas muy abiertas que tuvo en el pasado de importantes oficinas de la administración nacional.
No en vano, la empresa pudo llegar a tener cientos de millones sin liquidar antes de que el Banco Central se active en su contra, algo muy raro en un negocio (como el de la exportación) en el que está todo digitalizado, monitoreado al detalle y con un gobierno que necesita imperiosamente cada centavo de dólar que ingrese del agro al país.
¿Hay interés de alguien en que esas 51 mil toneladas de granos sigan interdictados? ¿Hasta cuándo estarán esos granos almacenados? ¿O desaparecerán? En definitiva, como corolario de esta larga batalla política y jurídica, hay 14.8 millones de dólares que quedaron atrapados que continúan su proceso de deterioro y bien podrían hasta ser usados para ayuda social.
