Hay más de 100 barcos cerealeros demorados a lo largo del río Paraná por un paro sindical que desde hace 9 días mantiene sin actividad a totalidad de las plantas aceiteras y los puertos cerealeros del Gran Rosario.
Según los números que maneja la Cámara de Puertos Privados, las embarcaciones demoradas vienen a cargar tanto granos como harinas, aceites y subproductos y cada día de retraso cuesta u$s25.000, que las navieras, los puertos y las exportadoras terminan trasladando los costos logísticos para el agro.
Pero ese no es el único problema para el productor. Como los puertos no operan, los exportadores no compran granos y la cadena de pagos empieza a tensarse.
Y hay más efectos: este jueves, la soja registró una fuerte suba en Chicago, el mercado mundial de referencia, unos u$s6.5 llegando a cotizar u$s441, pero en Argentina bajó en la condición spot (o disponible) a u$s335 con pocas operaciones. En otras palabras, las complicaciones logísticas no le permiten a la producción capturar los mejores precios.
No en vano ayer la Mesa de Enlace emitió un comunicado pidiendo al gobierno nacional que intercede con más fuerza en el conflicto paritario entre gremios y empresas. Y, en rigor, la huelga también afecta al gobierno nacional ya que, si bien los despachos de granos no están automáticamente ligados al ingreso de divisas, el corte de giro comercial retrasa la liquidación de los dólares que el Banco Central necesita con mucha urgencia.
En tanto, el Sindicato Aceitero de San Lorenzo decidió este jueves extender un día más la huelga. Ese gremio, que talla en los puertos del norte del Gran Rosario, hace 13 días que está en huelga. Por su parte, la Federación Aceitera, que tiene injerencia en los puertos del sur del Gran Rosario, hace 9 días que está de paro, pero ya había avisado que es por tiempo indeterminado. Además, hay otros conflictos (algunos en conciliación pronta a vencerse), como el de los marineros con las lanchas remolcadoras, entre otros.
Los gremios exigen aumentar un 25% salario básico inicial (que es de $68,000) más una suba del 35% (un 25% ya fue otorgado) y un bono por haber trabajado en pandemia.
Las empresas ratificaron su compromiso de un aumento que equipare a la inflación del Indec, aclaran que -sumando adicionales- el salario básico ya está en $100 mil al mes y resaltan que el “bono pandemia” viene con una suba del 176% que las obligaría a tomar deuda por $1,000 millones para pagarlos. Y además sostienen que este año los números del negocio (con costos crecientes y plantas con alta capacidad ociosa) no pueden convalidar las subas exigidas por los sindicalistas.
Este lunes hubo una fallida reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que no permitió acercar a las partes. Ahora, las conversaciones están cortadas.
